El ingeniero Javier Iguacel se ganó el puesto de ministro por haber sido el alumno más distinguido en falsear una denuncia clave contra el kirchnerismo. La secuencia es asombrosa. Asumió en Vialidad Nacional el 12 de enero de 2016 y al día siguiente, el 13 de enero, ordenó una auditoría sobre las rutas construidas. ¿En los 24 distritos del país? No, en uno solo: Santa Cruz. Se designaron tres ingenieros para hacer el informe y se les dieron 15 días hábiles para presentar las conclusiones. Pero los profesionales Justo Romero, Martín González Oria y Marcelo Bianchi coincidieron en que no tuvieron tiempo de hacer un informe real y, además, sostuvieron por escrito que no encontraron irregularidades relevantes. Es más, Romero declaró en la causa: “ los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras, estamos hablando de desajustes del 0, 1 por ciento”. Se comprobó que ningún contratista –en especial Lázaro Báez– cobró obras que no estuvieran hechas. González Oría fue categórico ante el juez: “lo que figuraba como pagado estaba hecho”. Pese a ello, Iguacel presentó una denuncia penal contra Cristina Fernández de Kirchner –que era presidenta, no gobernadora de Santa Cruz–, Julio De Vido, Lázaro Báez y toda la plana mayor de Planificación. El resto del trabajo lo hizo Comodoro Py, en especial a través de dos fiscales que cumplen órdenes de la Casa Rosada, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Iguacel se lanzó como kamikaze a armar rápidamente una causa judicial para sostener las acusaciones contra el gobierno anterior, con la particularidad de que no apuntó contra ninguno de los gobernadores santacruceños ni contra los jefes de gabinete que firmaron las autorizaciones presupuestarias que habían sido votadas en el Congreso Nacional. El objetivo era básicamente Cristina. Uno de los argumentos que usó, primero Iguacel, y luego los fiscales, es que en una licitación posterior, los nuevos participantes ofrecieron valores más bajos por hacer una parte de la ruta 3. Lo que sucede es que la empresa de Lázaro Báez ya había construido una parte, valuada en 800 millones de pesos, y entonces tenía lógica que la nueva licitación fuera a un valor menor. Aún así, la acusación siguió su camino, sin que existiera una pericia controlada por las partes. La imputación principal fue que las empresas de Lázaro Báez ganaron 52 de las 80 licitaciones que se hicieron en Santa Cruz. Eso se tomó como si fuera un delito en sí mismo. Las defensas de los imputados sostuvieron que el mismo fenómeno se dió –y se sigue dando– en numerosas provincias en las que hay empresas que cuentan con el personal y las maquinarias para hacer las obras y por lo tanto consiguen más adjudicaciones que las demás. No es casual que Báez no haya ganado prácticamente ninguna licitación fuera de Santa Cruz. En un largo dossier presentado por el anterior administrador de Vialidad, Nelson Periotti, se remarcó que “JCR es dominante en Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos; la firma Sapag en Neuquén y Río Negro; las empresas Lossi, Pitón, Pietroboni en Entre Ríos y Santa Fe; Codi-Conevial en Neuquén; Dos Arroyos en Tierra del Fuego; Roggio en Buenos Aires, Córdoba y Jujuy; IECSA –que era de Angelo Calcaterra, el primo del presidente Macri– en Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba”. Se entregó un largo listado, provincia por provincia. Al final, Iguacel arremetió con un argumento puramente político: que se hicieron demasiadas obras viales en Santa Cruz: el 12 por ciento del total nacional. Al ahora ministro no le importó que la provincia del sur ocupa el 11 por ciento del territorio argentino, es decir que la proporción en obras viales fue razonable y que, sobre todo, los presupuestos y las obras fueron votados en el Congreso. Además, todo se adjudicó por licitaciones, que no fueron objetadas por las empresas competidoras. Nada de eso importó. Iguacel fue el soldado que arremetió en la primera línea disparando con munición falsa, pero la munición que necesitaba la Casa Rosada. Pasó de ser perdedor en la candidatura a intendente en su ciudad, Capitán Sarmiento, a ocupar la primera línea de fuego contra Cristina. A partir de él se lanzaron con las excavadoras a buscar dinero enterrado o bóvedas que nunca aparecieron. Hasta se despacharon con una cuenta de Máximo inexistente en Delaware. El ministerio es el agradecimiento por los servicios prestados y seguramente se pensó en él porque está dispuesto a hacer lo que haya que hacer, sin escrúpulos. (email protected)
