El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) traerá, entre otras batallas complicadas, un complejo escenario de negociación para el Gobierno en 2019. Si se cumplen las promesas que se firmaron con el organismo internacional, el año próximo se deberán reducir subsidios a las tarifas de energía y al transporte público por un total de entre $70.000 a $80.000 millones, correspondientes a un 0, 4% del PBI. El número final dependerá de la confección definitiva del ajuste fiscal primario que se deberá aplicar el próximo año, y que figurará en el proyecto de ley para 2019 que el Gobierno deberá aprobar en el Congreso. Este deberá incluir, con detalles, todos los capítulos del acuerdo con el FMI. En especial, la forma en que el oficialismo piensa cumplir con la baja del desequilibrio fiscal del 2, 7% comprometido para 2018 al 1, 3% que se le prometió al organismo en el acuerdo presentado el jueves pasado en sociedad. Si bien se deberá esperar al primer trimestre del año próximo para conocer los datos finales del volumen del PBI argentino, se supone ya que el ahorro aproximado al que deberá llegar el Gobierno en 2019 rondará los $200.000 millones. Si se lo compara con el ritmo que venía manteniendo el oficialismo desde que llegó al poder en diciembre de 2015, será la reducción del déficit primario más importante desde que Mauricio Macri llegó al poder. Será además el único en el que no se podrá incurrir en desvíos, ya que están comprometidos los desembolsos que el organismo pactó con el Gobierno y que deben llegar para que el Ejecutivo pueda cumplir tanto este año como el próximo con lo pactado. El caso además se complica en 2019 dado que es año electoral, pero para el macrismo no habrá alternativa. Tendrá que cumplir sí o sí con la reducción del déficit comprometida al FMI. Antes de definir cuál será el monto concreto del gasto público a reducir en 2019, el Ejecutivo quiere tener dos datos que podrían aliviar el imprescindible ajuste para el próximo año. El primero es el dato final del déficit primario de este año el que, según las proyecciones acumuladas a mayo, podrían derivar en un porcentaje final para este ejercicio del 2, 5%. Esto es, aunque de una manera leve, un resultado menor al 2, 7% comprometido con el FMI para 2018. En millones de pesos serían unos $20.000 millones menos de ajuste en 2019. El otro dato que podría amortiguar la necesidad de profundizar la baja del gasto público el año próximo será la evolución de la recaudación impositiva que, con la ayuda de un mayor nivel de cumplimiento tributario, la ampliación de la base pos blanqueo, un cierto repunte en el combate a la evasión y, fundamentalmente, los mayores ingresos por la devaluación mejorarían los ingresos impositivos haciendo que el ajuste del año próximo sea menor al comprometido. Más allá de ambas amortiguaciones, el ajuste en 2019 será inevitable y se dividirá en los siguientes porcentajes, según el compromiso ante el FMI: el 0, 6% obra pública y gastos de capital (ver nota pag. 6), un 0, 3% transferencias a provincias y el 0, 1/0, 2% salarios y bienes y servicios. A esto habrá que sumar el recorte más polémico y comprometido que tendrá que negociar el Gobierno cuando discuta el Presupuesto 2019: un 0, 4% del ajuste sobre el PBI deberá provenir de una reducción en sus subsidios a las tarifas de los servicios públicos y el transporte. En dinero serían entre $70.000 y $80.000 millones, lo que implicaría un nivel similar a la reducción aplicada para este año, cuando el Presupuesto aprobado por el Congreso comprometía unos $77.000 millones totales. Se incluyen tanto el dinero destinado al transporte público como a la energía eléctrica, gas y agua. Se descarta que de los cuatro capítulos de ajuste fiscal comprometidos ante el FMI para 2019, el tarifario será el más complejo de negociar y aprobar en el Congreso. Sólo teniendo en cuenta la batalla política que el Gobierno debió enfrentar en mayo contra la unión de casi la totalidad de la oposición, que llegó a aprobar un proyecto consensuado que limitaba el ajuste tarifario a lo que indicara la inflación. El Gobierno tendrá también que hacer magia verbal y extremar sus dotes de convencimiento ante la sociedad para que en un año electoral se acepte un alza en los costos de las tarifas de luz, gas y agua y los boletos de colectivos y trenes, similar al de este año. El Gobierno es más optimista en otro de los capítulos de ajuste fiscal comprometidos ante el FMI, el referido a la reducción del 0, 1%/ 0, 2% correspondiente a los salarios y bienes y servicios. Es el ítem comprometido y anunciado por el flamante ministro coordinador Nicolás Dujovne ante el propio Mauricio Macri, y que se desprende de la orden que el funcionario le dio a toda la mesa del Gabinete económico para que aplique en cada una de las áreas correspondientes. Serían entre $10.000 y $20.000 millones, que comenzarían a ajustarse este año y que se verían contablemente en el primer trimestre de 2019. La buena noticia del desagregado en el compromiso de ajuste fiscal ante el Gobierno es que el FMI cumplió con su palabra y no requirió ningún tipo de rebajas en los planes sociales tipo AUH o Trabajar. Lo contrario habría sido lapidario para las posibilidades electorales del macrismo en 2019.
