"El sindicato puede alquilar diez micros de primer nivel, ir todos a Capitán Sarmiento donde vive el administrador, y no es joda, porque ahí le vamos a golpear donde más le va a doler, que es la familia. Tenemos que ir todos, prepararnos todos para ir a Capitán Sarmiento y recorrer todo ese pueblo, para que ese hombre (Iguacel) no tenga máscara que ponerse", se lo escucha decir a González en un discurso junto al resto de los trabajadores. Iguacel presentó junto a la denuncia un CD con la grabación en la que González lo amenaza: "Arenga a los afiliados a involucrarse en mi vida privada y con mi familia, incitando a todas luces a la violencia -no solo física- avalando y dando pie a innumerables posibilidades de interpretaciones, llámese amenazar, agredir, tirar proyectiles, bombas incendiarias, etc. ", describió. Y agregó: "Entiendo que los discursos del señor González son literalmente arengas para lo que luego acontece en la vida real, convirtiéndose ello en un modus operandi de este dirigente sindical". "Temo cierta y fundadamente no solo por la integridad física de mi familia y de mi persona, sino también por la de los bienes de la Repartición, ello entiendo por el solo hecho de cumplir una función pública, para la que he sido designado", completó el director. Puntualmente sobre el "atentado" a su oficina, Iguacel detalló que él no estaba porque "circunstancialmente" estaba "presidiendo una reunión de trabajo". Pero aclaró que "si el incidente se hubiera producido unos minutos antes, seguramente me hubiera impactado de lleno y producido graves lesiones". Asimismo, describió tres antecedentes para argumentar el accionar violento del sindicato. Primero, la "coacción contra la gerente ejecutiva de recursos humanos" el 6 de enero de este año, en la que afiliados al gremio se acercaron a su oficina y la amenazaron. Luego, el ataque con una bomba incendiaria a la Casa de Jefatura del noveno distrito en 2011 y finalmente las amenazas contra la diputada Paula Oliveto en el marco de la intervención de la legislatura porteña por la venta de terrenos de propiedad de Vialidad.
