"Ley de extinción de dominio para recuperar lo robado" es una de las consignas que circula en las redes para convocar el próximo miércoles 30 de mayo a las 19 hs frente al Congreso de la Nación. La movilización busca exigirle al Senado que, tras casi dos años de demora, sancione la norma que permitiría recuperar para el Estado bienes de la corrupción y el narcotráfico, entre otros delitos. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados en junio del 2016, poco después del escándalo que generaron los bolsos con millones de dólares de José López. Obtuvo 135 votos a favor y 50 en contra, la mayoría del Frente para la Victoria. El texto fue impulsado por Graciela Camaño, del Frente Renovador, y Elisa Carrió, de Cambiemos. Pese a ser una iniciativa reclamada por la sociedad y cuya sanción pidió el presidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones del 1 de marzo, sigue frenada en la Cámara alta debido a los cuestionamientos a la legalidad del texto aprobado en Diputados, por la posible vulneración del derecho a la propiedad. Su punto más polémico es que habilita el decomiso antes de una condena penal. La norma alcanza a inmuebles, vehículos, aeronaves y dinero que provengan de un delito, o que hayan sido utilizados para cometerlo. Incluye a bienes en el extranjero, y a los que hubieran sido abandonados en una huida, como por ejemplo, las avionetas utilizadas por el narcotráfico. Si bien inicialmente alcanzaba a cualquier actividad delictiva, durante el tratamiento en la Cámara baja se circunscribió a delitos federales como el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, la trata de personas, el contrabando, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la asociación ilícita, el secuestro extorsivo, la explotación de la prostitución y la pornografía infantil. El derrotero en el Senado Tras varias audiencias públicas en el Cámara alta con funcionarios nacionales, jueces, fiscales y especialistas, en noviembre del 2016 se votó un dictamen en las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad y Narcotráfico, que preveía modificaciones al texto de Diputados. Pero nunca llegó al recinto y perdió vigencia por la renovación de un tercio de los senadores a fines del año pasado. Sin embargo, en estos días podría surgir una posibilidad que desbloquee su tratamiento: el senador del PRO Federico Pinero viene trabajando en una propuesta alternativa al texto con media sanción que, por lo que pudo saber Infobae, cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia, uno de los promotores de la ley que votó Diputados. Otra defensora de esa media sanción es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para quien la norma "es una herramienta necesaria para extinguir de forma rápida los bienes de los narcotraficantes" y que "no puedan seguir siendo usufructuados para continuar con el negocio". En su presentación ante el Senado, Bullrich citó datos de la Procuraduría de la Criminalidad Económica y Lavado de Activos, "en los últimos 5 años, se han detectado maniobras de lavado narco por al menos $ 4.000 millones de pesos. Son $4.000 millones de pesos de dinero que entra de las transacciones hechas por narcotraficantes en la Argentina. Estamos hablando de que esto implica unas 2.666 casas del plan Procrear". Consultado por Infobae, Pinedo no oculta sus objeciones al texto aprobado por Cambiemos en la Cámara baja. "Creo que ante el crimen organizado que es novedoso y complejo, tiene que haber un instrumento que le quite el dinero y la posibilidad de seguir cometiendo delitos. Pero hay un consenso de que el texto de Diputados es un mal proyecto. Ante la mera sospecha de un fiscal, se le sacan los bienes a un acusado, y en todo caso, después si resulta absuelto, se ve cómo se lo repara. Los principales juristas convocados a las audiencias coincidieron en que así como está, es inviable. No requiere ni un procesamiento para que avance la extinción de dominio". ¿Qué dice el proyecto votado en Diputados? La figura prevista en el proyecto con media sanción es aplicable en el fuero civil y es autónoma e independiente del avance de la persecución penal. La investigación para determinar si se aplica la figura de la extinción de dominio de un bien es llevada adelante por un fiscal, y es un juez civil y comercial con competencia federal el responsable de resolver. En representación del Estado nacional, la denuncia la puede hacer el procurador del Tesoro de la Nación. Si bien está vinculado a la causa penal, el proceso civil va por separado. "¿Por qué lo hacemos en sede civil? En primer lugar, para no contaminar la causa penal, porque si se hace una extinción o un decomiso anticipado, puede haber, desde nuestro punto de vista, un prejuzgamiento", sostuvo Bullrich al defender la iniciativa ante los senadores. El texto establece que se puede habilitar un proceso de extinción de dominio cuando en un proceso penal "exista la información suficiente y probable" de que los bienes provengan de actividades delictivas, o sean utilizadas para ellas. "No se puede iniciar sin causa penal. Son dos jueces que trabajan en paralelo y, además, hace falta un pedido de indagatoria. Es decir que la garantía de que se está trabajando sobre un proceso concreto y un pedido de indagatoria existe", explicó la ministra de Seguridad. Cuestionamientos a su constitucionalidad Si bien el texto establece que "se garantiza el debido proceso y el derecho de defensa", en la audiencias públicas en el Senado afloraron cuestionamientos sobre su legalidad. Un punto de debate es el grado de "probabilidad o sospecha" requerido para iniciar el proceso de extinción, antes de que exista una condena, y la posible vulneración del derecho de la propiedad. En ese sentido, el borrador de proyecto alternativo que Pinedo le acaba de presentar al ministro de Justicia – con una recepción favorable- permite la extinción de dominio "cuando haya un procesamiento confirmado y una presunción firme" de un delito. "Si no, a cualquier enemigo, un fiscal puede sacarle sus bienes", advierte. Desde el Ejecutivo, refutan las críticas: "La extinción de dominio se aplica cuando la persona no puede justificar el origen del bien ilícito, y se presume que está vinculado a un delito. Tiene que haber suficiente prueba. Es un juicio en sí mismo en el que un juez civil resuelve con criterios establecido, y en el que están todas las garantías de defensa". La iniciativa de Diputados prevé que la extinción de dominio podría concretarse aún cuando el dueño del bien haya sido sobreseído en el fuero penal, si se comprueba que el bien es producto de un ilícito, o el expediente judicial fuera desestimado. No fija plazo de prescripción para el decomiso. Una vez que el juez civil declara la extinción de dominio, los bienes pasan a la Administración de Bienes en Extinción de Dominio, cuya creación está prevista en la ley. Hoy quedan en manos de los jueces federales. Asimismo, a pedido del fiscal, el magistrado podrá autorizar su venta anticipada cuando corran riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse, o cuya conservación genere gastos desproporcionados en relación a su valor o administración. Nueva ronda de negociaciones El dictamen aprobado en el Senado que nunca llegó al recinto establecía que la extinción de bienes provenientes de ilícitos se realizara en el fuero penal, estuviera a cargo del mismo juez de la causa, y que hubiera al menos un procesamiento firme. También que la acción sea impulsada en todos los casos por el procurador del Tesoro, en lugar de por los fiscales. Para Pinedo ese dictamen era "un poco restrictivo" y justifica la necesidad de una propuesta alternativa para "no quedarse empantanados". En la ronda de conversaciones que deberá iniciar ahora para sumar consenso, será clave la posición de Miguel Pichetto, presidente del mayoritario bloque de PJ. "Aún no lo vimos. Estamos dispuestos a analizarlo si es razonable y respeta las garantías constitucionales. No se puede activar la extinción de dominio por la mera sospecha. Creemos que debería ser, al menos, después de la instancia de procesamiento o de la elevación a juicio oral", sostuvo el presidente del bloque del PJ en la Cámara alta ante la consulta de Infobae. Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, destaca la decisión del Gobierno de que una ley de este tipo finalmente sea aprobada. "Se podrá discutir o mejorar en el Senado como pasó con la ley de Responsabilidad Empresaria, que fue una experiencia exitosa. Queremos un régimen eficaz de extinción de dominio, y vamos a apoyar cualquier proyecto que permita restarle poder económico al crimen organizado. Es una norma muy importante para minimizar su poder económico". Pero ni el oficialismo ni la oposición desconocen que, si una nueva propuesta es aprobada en el Senado, lo que suceda luego en Diputados será "impredecible". El decomiso anticipado en causas penales Hoy en día ya existen herramientas para que el Estado recupere los bienes del narcotráfico y el crimen organizado. El Código Penal autoriza el decomiso de los bienes producto de un delito, en el marco de una causa penal, lo que le permite al Estado quedarse con ellos. Además, desde 2011, la ley 26.683 permite el decomiso anticipado antes de la condena penal en delitos contra el orden económico y financieros, como el lavado de activos. El primer antecedente de decomiso de activos sin una condena fue en el 2016 en el caso de Guido Antonini Wilson, en el que el juez Pablo Yadarola resolvió darle un fin social a los 790.550 dólares secuestrados el 4 de agosto de 2007, del interior de la valija que llevaba al ingresr al país proveniente de Venezuela. Más recientemente, el juez Sebastián Casanello decomisó -antes de una condena- el yate de Ricardo Jaime, que ahora está siendo usado por Prefectura, y el avión de Lázaro Báez, que pasará al Ministerio de Seguridad. En tanto, el mismo magistrado dispuso que las máquinas de su empresa, Austral Construcciones, puedan ser utilizadas por Vialidad Nacional.
