La Unidad de Información Financiera (UIF) -la repartición dependiente del Poder Ejecutivo que se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo- detectó operaciones irregulares provenientes de los negocios que se hicieron en la década pasada con Venezuela. Durante el kirchnerismo se estableció un esquema de intercambio comercial por el cual desde Venezuela se enviaba combustible (gasoil y fuel oil) a la Argentina que desde este país se pagaba con exportaciones de diferentes productos. Desde Argentina se realizaron exportaciones de maquinaria agrícola, productos farmacéuticos, equipos informáticos y carnes entre otros muchos productos. La UIF envió un alerta a los más de 50.000 sujetos obligados. El texto describe que las operatorias sospechosas de lavado "se encuentran relacionadas a una multiplicidad de transacciones originadas en operaciones de comercio exterior con entidades relacionadas al gobierno venezolano" y recuerda que están "siendo investigadas en la justicia en el marco de diversas causas penales". "Parte de las transacciones que encuadraron en la citada tipología de lavado de activos ayudaron su génesis en el convenio integral de cooperación suscripto entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina en abril de 2004, en el cual se establecieron las condiciones de provisión de combustibles (fuel oil y gasoil) por parte de Venezuela…" , se detalla. El alerta enviado el 10 de mayo pasado, al que Infobae accedió a través de uno de los sujetos obligados a controlar el lavado de dinero, señala que si detectan actividades similares a la descripta, deben realizar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Integran la lista de los que recibieron el aviso las entidades financieras y cambiarias, los contadores y los escribanos, las inmobiliarias y las concesionarias de autos, los agentes de Bolsa y las compañías de seguros, entre otras tantas. La UIF explicó que en la operatoria se destacan "los productos comercializados por las firmas nacionales se encontraban sobrevaluados y/o no cumplían con los requerimientos técnicos que hubiesen permitido establecer su valor". También señala que "se identificó en varios de los casos analizados que las empresas involucradas no reunían los antecedentes comerciales ni la infraestructura requerida para hacer frente a las exportaciones pactadas". Y agrega: "Una de las modalidades utilizadas en el punto de vista operativo fue la triangulación en el tráfico internacional de mercaderías, por cuanto empresas argentinas al recibir pedidos de mercadería de Venezuela, no efectuaban ningún tipo de actividad productiva y sólo se limitaban a adquirir las mismas en el exterior ordenando su remisión a Venezuela". El aviso cita un caso: "Una empresa argentina adquirió mercaderías a una empresa china (las cuales nunca ingresaron a nuestro país) y que directamente fueron enviadas a Venezuela (como exportaciones argentinas) con un sobreprecio de más de 1500% sin haberles agregado valor alguno, es decir, con un sobreprecio que multiplicó más de 15 veces su valor real, obteniéndose ganancias extraordinarias sin ninguna justificación". Además, la UIF menciona "la existencia de un sistema de posibles 'retornos' mediante el cual las empresas exportadoras en la Argentina, una vez recibidos los pagos por sus exportaciones, emitieron transferencias en principio a cuentas bancarias en los Estados Unidos, Panamá, y Curazao, registradas a nombre de empresa constituidas en extraña jurisdicción, simulando así el pago de servicios". "Esos pagos fueron informados y registrados como supuestas cancelaciones correspondientes a prestaciones de servicios de empresas del exterior", indicó el organismo. Según determinó la UIF, varias personas físicas o jurídicas relacionadas con el negocio que se armó con Venezuela ingresaron a blanqueos de dinero realizados tanto durante el gobierno kirchnerista como el que llevó a cabo el macrismo, por lo que legalizaron lo obtenido en las operaciones irregulares. "Las imputaciones efectuadas en la justicia —explica el alerta— sugieren que las operatorias descriptas habían sido realizadas en torno a actividades presuntamente ilícitas que permiten inferir la existencia de un posible marco de corrupción generalizada, en un escenario en el cual altos funcionarios del gobierno venezolano en connivencia con funcionarios argentinos habrían participado deliberadamente en las respectivas operatorias, facilitando su realización con la finalidad ulterior de recibir retornos (coimas/sobornos) en contraprestación por sus servicios".
