Ya había dicho que no en diciembre, y ahora volvió a hacerlo. El juez federal Gustavo Lleral ratificó su negativa a modificar la carátula del caso Maldonado, al rechazar la petición que hizo directamente el gobierno de Mauricio Macri para que el caso investigue una muerte dudosa en lugar de la desaparición forzada del tatuador anarquista, que fue visto por última vez con vida el 1º de agosto en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen luego de ser reprimido tras apoyar el corte de ruta que reclamaba la libertad del lonko de esa comunidad mapuche, Facundo Jones Huala. El magistrado consideró que eliminar esa figura penal podría significar que en su pensamiento no se trató de una desaparición, siendo que el cadáver de Santiago apareció 78 días más tarde flotando en el río Chubut. Este duro revés para las intenciones oficialistas fue respondido desde las oficinas del ministerio de Seguridad con una resolución en la cual instruyó al abogado Fernando Soto para que inicie querellas “contra todas las personas que puedan resultar penalmente responsables por falsas acusaciones contra esa cartera y funcionarios en relación al caso Maldonado”. En los fundamentos la ministra Patricia Bullrich sostuvo que la falsedad radicaría en acusarla a ella y a su gabinete por “desplegar intencionalmente un laberinto de encubrimiento desviando la investigación”. De esta manera, y quizás previendo el rechazo de Lleral que también se negó a cerrar la parte del expediente vinculada a los hábeas corpus, el Gobierno reforzó su frente judicial al contratar especialmente a Soto para esta tarea. El magistrado le recordó al nuevo enviado especial de Bullrich que en la causa por desaparición forzada “no está legitimado para opinar”, salvo que se presente como defensa. A juzgar por el despliegue encomendado a Soto, que ya había sido iniciado porque hay testigos y abogados imputados por omisión de decir verdad y falso testimonio en una causa que lleva el juez Guido Otranto, el Gobierno pretende atacar pero más bien se estaría poniendo a la defensiva. Sin embargo, las respuestas que la familia Maldonado exige a los principales interrogantes siguen pendientes. El juez Lleral actúa a su ritmo, y, por ejemplo, sigue ignorando la realización de la reconstrucción de los hechos, a pesar de que ahora una parte esencial del lugar donde fue hallado Santiago como es la casilla de guardia fue incendiada por policías y empleados de Benetton, el miércoles por la noche. Página/12 pudo saber que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) informó al juzgado que se están diseñando las “operaciones periciales” del DNI que fue encontrado en uno de los bolsillos del pantalón de Santiago. Por otra parte, la Cancillería argentina contestó que aún no obtuvo respuesta de las autoridades chilenas respecto de la obtención del testimonio del músico Nicasio Luna. En ese sentido, en vano esperará Lleral porque el payador, que fue reprimido junto a Santiago por los gendarmes que le apuntaron con una escopeta, se encontraría en Uruguay y no en Chile. Y en cuanto a las compañías telefónicas, el juzgado tuvo que intimarlas para que informen a la brevedad sobre los números de las antenas de Esquel y de El Bolsón, para constatar la llamada al celular de Santiago del día 2 de agosto, entre las 15 y las 16, que realizó su amigo Ariel Garzí. En su rechazo a la pretensión oficial del cambio de carátula, Lleral argumentó que “supone, sin lugar a dudas, el adelantamiento de la opinión de este magistrado acerca de las hipótesis de investigación y, por ello, un examen y valoración probatorios anticipado”. Y agregó que “resulta jurídicamente imposible pronunciarme sobre el cambio de calificación jurídica a la que alude el letrado (Soto), ello en atención al estadio procesal que transita el expediente y a las medidas de prueba que se encuentran en curso de ejecución”. El juez había rechazado hace cinco meses un pedido similar que había presentado la fiscal federal Silvina Ávila. En aquel momento se había limitado a expresar que la modificación no era “relevante”, pero ahora se preocupó en dejar sentado que hacerlo podría implicar una actitud de parcialidad. “A la luz del estado actual de la causa, y frente a la existencia de pruebas en proceso de materialización, se encontraría abiertamente reñido con el principio constitucional de imparcialidad judicial, derivado de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio”, dijo en su resolución según informó Infobae. El Gobierno había pedido el cambio de la carátula a muerte dudosa o averiguación de muerte con base en el hecho de que el cuerpo fue encontrado y por lo tanto el hallazgo haría caer la calificación de desaparición forzada de persona. Pero Lleral le respondió que “el Ejecutivo no es parte en el caso, ni como querellante, ni como fiscal, ni como defensor”. En ese último caso, el Gobierno sí tiene una participación indirecta en el caso a través del abogado de Gendarmería que representa al único imputado, el subalférez Emmanuel Echazu.
