De haber tenido algún problema con la Justicia en sus comienzos, cuando recién ponía un pie en la función pública, el trámite judicial hubiera sido muchísimo menos engorroso que ahora. Es que en ese momento, Hernán Muriale sólo tendría que haber abierto la puerta del dos ambientes donde vivía en Ostende y entregarle a los oficiales las llaves de su viejo Ford Falcon: eran todos sus bienes, aunque hay quienes aseguran que su patrimonio era aún menor, que el departamento lo alquilaba. El operativo, quizás pudiera haber alcanzado también la facturación de la venta de celulares con la que se ganaba la vida. Aunque nada de eso ocurrió, porque entonces no pesaba una sola denuncia en su contra. Desde allí, su ascenso en el poder municipal de Pinamar fue vertiginoso, tanto como la acumulación de denuncias y causas judiciales que ahora enfrenta: el miércoles, cuando lo allanaron por enriquecimiento ilícito, la Justicia le cayó con 100 órdenes de allanamiento. Sólo fue intendente un año y medio. Hernán Muriale llego a la intendencia de Pinamar tras la destitución del alcalde histórico del pueblo, Blas Altieri, expulsado por decenas de irregularidades que había cometido durante en su quinta y última intendencia, que ganó en 2011 yendo en la boleta de Cristina Fernández. Muriale, que ya había sido director de compras de la comuna, entonces era el primer concejal del oficialismo y de pronto se encontró en el sillón del intendente. Duró poco. Hasta que renunció acorralado por denuncias de corrupción en agosto de 2014. Ese mismo año la Justicia recibió la denuncia que esta semana cobró impulso como nunca hasta ahora: el fiscal debió pedir la colaboración de la Gendarmería Nacional para llevar adelante una cuantiosa serie de allanamientos simultáneos en dos provincias, Neuquén y Buenos Aires. Fuentes de la Justicia, en base a las pruebas recolectadas esta semana y a los testimonios recogidos en el tiempo que lleva la investigación, confiaron a este diario que ya detectaron en el caso “inconsistencias patrimoniales importantes”. En Pinamar, Valeria del Mar y en San Martín de los Andes, en el sur, agentes de las DDI montaron operativos en las propiedades atribuidas a Muriale y a sus supuestos testaferros, inmuebles que suman millones de pesos. “Son dueños de edificios completos, de complejos de dúplex, de una constructora y entre otras propiedades de un complejo de cabañas en Chapelco en un barrio privado que está sobre la pista de ski”, contó a Clarín el concejal Lucas Ventoso, que llevó el caso a la Justicia. Denuncia que en período muy corto de tiempo, Muriale se hizo “multi-archi-millonario”. Fueron allanadas su casa, la de su padre, las unidades de un complejo de dúplex y de un fideicomiso, y en busca de valores y documentación se allanaron las oficinas del contador de Muriale (un ex funcionario también procesado) y una caja de seguridad en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a nombre del padre y la esposa, Paula Pitblado: allí había unos 40 mil dólares y varias escrituras, contó a Clarín una fuente judicial. En unidades, “fueron unas 100 órdenes de allanamiento las emitidas”, aseguró la misma fuente. “Se allanó y está en procesó de tasación todo lo que este hombre hizo cuando pasó por la política. Qué tiene, cuánto tiene, ya lo sabremos exactamente. Es muchísimo. La Justicia determinará cómo fue que lo hizo y cuáles fueron las maniobras de lavado de dinero que ejecutó y con quiénes”, explicó a este diario Ventoso. Los allanamientos los pidió el fiscal de Pinamar, Juan Pablo Calderón. El dirigió el que se llevó adelante en el exclusivo complejo “Villa Las Lengas”, en las montañas de San Martín de los Andes en una zona conocida como Las Pendientes. Calderón pidió al juez de Garantías Diego Olivera Zapiola, del Partido de La Costa, la inhibición general de los bienes de Muriale, pero por alguna razón no la ha concedido. “Es grave, porque de a poco puede ir desprendiéndose de inmuebles, podría estar insolventándose, de hecho ya vendió un complejo de dúplex”, asegura el denunciante. En el caso trabaja un equipo especial de la Procuración bonaerense dedicado a los delitos económicos. Otra pata la lleva adelante la AFIP, que comenzó investigando a un monotributista. “Es increíble -sostuvo el concejal- porque teniendo un patrimonio de millones hasta hace poco era monotributista”. Muriale renunció a la intendencia cuando estaba a punto de ser interpelado por barrer por completo un médano con máquinas municipales para levantar un edificio frente al mar, un hotel en Valería del Mar, una maniobra a manos de un fideicomiso que integraban su esposa; uno de los hijos del intendente Blas Altieri, Javier; el hijo del director de planeamiento Mario Ugartemendia, Gonzalo; y la esposa de Juan Santoiani, secretario de Acción Social, Silvia Agostini. Los concejales lo iban a interpelar un jueves, pero él les ganó de mano: renunció el lunes. Actúa personal de Tasación de la Nación para determinar qué suman Muriale y los suyos. Fuentes de la investigación confiaron que la fiscalía procura especialistas para tasar bienes que atraviesan una pasión del ex intendente, aunque también un enorme negocio: los caballos purasangre. Cuando se presentaron los informes de dominio a la causa, Muriale era dueño de 74 caballos de carrera. “Abruma sólo pensar cuánto cuesta mantenerlos”, dijo una fuente, y nada les ha faltado a los potros, de hecho algunos han sido exitosos y se destacaron, como “Elektro Jack” -aquí en Pinamar conocen su historia-, que pasó del último puesto al primero en una atropellada inolvidable y se quedó con el “Dos Mil Guineas” en el hipódromo de San Isidro. Pero a su dueño el premio se le fue de las manos tan vertiginosamente como su intendencia: había jugado sucio y quedó al descubierto, se lo retiraron porque el caballo corrió dopado.
