Poco tiempo después del fin del gobierno sciolista en la provincia de Buenos Aires empezaron a saltar una decena de denuncias sobre corrupción en el seno del poder. Las más importantes están relacionadas a autorizar pagos extras desde la jefatura de Gabinete provincial, a través de facturas truchas, para avalar precios inflados que permitían desviar dinero para la campaña presidencial de 2015. La Justicia investiga al exfuncionario máximo de esa dependencia, Alberto Pérez, por haber emitido recibos truchos para una campaña de bien público que nunca existió con el objetivo real de imprimir boletas del Frente para la Victoria. Los dos exfuncionarios de Daniel Scioli comprometidos son Pérez y su secretario administrativo, Walter Carbone, a quien se le encontró en su casa del lujoso country Abril, en Hudson, una caja fuerte escondida dentro de una escultura de metal con forma de dragón. El fiscal Álvaro Garganta los acusó de "falsedad de instrumento público y administración fraudulenta por haber sustraído 20 millones de pesos para imprimir boletas del Frente para La Victoria". De acuerdo al expediente judicial, los fondos oficiales fueron "desviados" simulando que iban a ser para imprimir folletos y merchandising sobre una supuesta campaña de concientización acerca del cambio climático. A las escuelas que deberían haber recibido el material nunca les llegó y, por eso, el fiscal descubrió que se imprimieron boletas con la figura de Scioli Presidente, del FPV. La investigación judicial que mostró La Cornisa mostró varias facturas de las imprentas Balbi S.A. y Galerys Review, que fueron allanadas. Allí se encontraron boletas del Frente para la Victoria, según un remito incorporado a la causa. Julio César Balbi y Rodrigo Dosetti, responsables de las imprentas también fueron imputados junto a Pérez y Carbone. En los próximos meses, esta causa junto a otras, podrían elevarse a juicio oral no solo contra Pérez y otros exfuncionarios bonaerenses, sino también contra Scioli. El exgobernador debe ir a una declaración indagatoria en mayo acusado por "negociación incompatible con la función pública" debido al supuesto desvío de más de 100 millones de pesos para construir Unidas de Pronta Atención (UPA) en favor de un empresario. En octubre de 2016, Periodismo para todos hizo un informe en el que mostró otras facturas truchas que se usaron para sacar fondos del Estado. En todas las órdenes para los presupuestos aparece la firma de Pérez y también las de Carbone. Hay pedidos de trabajos con costos altísimos y servicios que se efectuaron pero que sí se pagaron desde el Estado provincial. Estas irregularidades fueron entre los años 2014 y 2015, época de la campaña presidencial en la que Scioli fue candidato.
