El argumento más rústico, para justificar el aumento desproporcionado, injusto y regresivo de las tarifas de gas y luz, dice que existe una pauta de consumo de derroche en los hogares. El presidente Mauricio Macri encabeza esa cruzada repitiéndolo una y otra vez cuando no existe evidencia empírica ni respaldo en investigaciones en el área energética para sostener semejante afirmación. Que Macri y su familia vivan con el aire acondicionado prendido todo el año, como informó en su momento su esposa, o que algunos hogares privilegiados calefaccionen sus piletas en invierno no deberían orientar a sentenciar que toda la sociedad dilapida energía como esos representantes de la clase alta. En la defensa enfática de garantizar ganancias extraordinarias a conglomerados energético vía tarifazos, el gobierno carga la responsabilidad de los aumentos en sectores vulnerables, desde clases medias y bajas hasta pequeños y medianos comercios e industrias. El tarifazo sería culpa de ellos por años de despilfarro de los recursos energéticos. Macri lo afirma con la misma firmeza como cuando asegura que la inflación está bajando, sin recibir de sus interlocutores ocasionales la interpelación que no es cierto lo que dice. Macri también critica la política de subsidios energéticos para buscar legitimidad social a los tarifazos, sin mencionar que ahora toda la sociedad está subsidiando a las petroleras pagando un precio del gas muy por encima del costo de producción. Hace años que la ortodoxia y la heterodoxia conservadora han demonizado a los subsidios a las tarifas de servicios públicos, logrando que gran parte de la sociedad aceptara que era necesario eliminarlos para vivir mejor. Ahora lo están padeciendo en los bolsillos. La distorsión acerca de la comprensión acerca del alcance de la política de subsidios ha sido inmensa. Gracias a la cuenta de Twitter @elbosnio se descubre la existencia de un documento del FMI que se ocupa de ese tema. El objetivo de ese trabajo fondomonetarista es la de promover la disminución de los subsidios energéticos, pero resulta revelador porque informa que el nivel de subsidios que había hasta el 2015 en Argentina, en comparación internacional, era muy bajo. En “How Large Are Global Energy Subsidies?”, el Fondo postula la necesidad de disminuirlos, exponiendo argumentos ambientales, fiscales y sociales. Por la cuestión ambiental, advierte que los subsidios, al abaratar el consumo de energías no renovables, incrementan la contaminación y gases de efecto invernadero. Por el frente fiscal, indica que su financiamiento implica aumento de la deuda pública y más impuestos, además de desplazamiento de gasto público de otras áreas, como salud, educación e infraestructura, que afecta el crecimiento económico. Por el impacto macroeconómico y social, sentencia que “son una forma altamente ineficiente de brindar apoyo a los hogares de bajos ingresos, ya que la mayoría de los beneficios de los subsidios a la energía son, generalmente, capturados por hogares ricos”. El informe del FMI calcula que los subsidios energéticos sumaban 5, 3 billones de dólares en 2015, 6, 5 por ciento del PIB mundial, aumentando de la estimación de 4, 2 billones de dólares de 2011. El aspecto más interesante de ese documento es el cálculo particular de los subsidios energéticos en los países, mostrando que no eran significativos en Argentina en la comparación. Aquí va el detalle del monto de los subsidios energéticos en algunos países, en 2015, según el FMI: El promedio mundial de subsidios a la energía eléctrica era de 640 dólares por habitante en 2015. Argentina subsidiaba a cada habitante con 413 dólares, hasta 2015, el 35 por ciento menos que el promedio mundial. Quienes estudian con seriedad el tema energético explican que malgastar es muy diferente que el uso eficiente. En el mercado argentino no existe derroche pero sí una utilización deficiente de la energía, por ejemplo por el tipo de construcción de las viviendas y por la calidad de los electrodomésticos. Aunque para muchos es difícil de absorber porque ha habido años de desinformación, y más aún ahora con un Presidente de la Nación que insiste hasta el hartazgo con el tema del dispendio, el consumo energético de los hogares no se define por el nivel de las tarifas. El consumo no es mayor o menor según el precio del gas o de la luz, sino que está definido por la cuestión climática y por la calidad de la infraestructura de la vivienda. Por el tarifazo no habrá ahorro; y sí, transferencias inmensas de ingresos a las compañías energéticas. La demanda de gas natural está definida por la temperatura, por eso es mayor en las provincias más frías, y es inelástica respecto de los cambios tarifarios y el nivel de ingreso. Esto último significa que la utilización de gas no sube o disminuye según el nivel de la tarifa y el monto de los ingresos de los hogares. Son conclusiones de la investigación “El consumo de gas natural por red. Análisis territorial y temporal”, de Pedro Chévez, Carlos Discoli e Irene Martini, publicada en “Realidad Económica” N°308. A partir del análisis realizado de la demanda nacional de gas natural residencia en un período extenso, que abarca de 1993 a 2014, la troika de investigadores O sea, con más o menos poder adquisitivo, el consumo se mantiene constante. Si sube la capacidad de compra por mejoras en términos reales de los salarios o jubilaciones, los hogares incrementan el consumo de otros bienes motorizando la demanda y la expansión del mercado interno. En cambio, si disminuye el salario o el haber jubilatorio real, no se reduce el consumo de gas, sino el de otros bienes porque de esa forma generan el ingreso necesario para pagar un servicio público esencial. El tarifazo afecta en forma negativa de ese modo el nivel de actividad del mercado interno. Hasta las empresas energéticas, beneficiarias del shock del tarifazo, se alejan de la campaña oficial de confusión y muestran que la cuestión climática es una variable relevante del nivel de consumo de los hogares. El balance anual 2017 de Edenor informa que hubo “un consumo inferior en aproximadamente 3 por ciento respecto al año anterior”, atribuyendo esa disminución “a un invierno poco severo, con temperaturas medias que superaron en 2°C las del año 2016”. El “ahorro” en los hogares no fue por el tarifazo; fue por razones climáticas. El efecto monetario directo de los aumentos desproporcionados de tarifas estuvo reflejado en los balances de las empresas energéticos. Hubo menos ingresos disponibles en los hogares para otros consumos y estrangulamiento en la estructura de costos de comercios e industrias (ver nota aparte) con la contrapartida del incremento de las ganancias de las empresas energéticas El recorrido por los ejercicios anuales presentados en la Bolsa de Comercio, eligiendo firmas representativas de diferentes eslabones de la cadena energética, permite observar utilidades generalizadas originadas por el tarifazo. Edenor: La reseña del ejercicio 2017 indica que tuvo “mejoras significativas” del cuadro de resultados respecto al año anterior. Los ingresos pasaron de 13.080 a 24.340 millones de pesos; los resultados operativos, de una pérdida de 656 a una ganancia de 2495 millones de pesos; y el resultado neto, de un quebranto de 1189 a una utilidad de 682 millones de pesos. Señala que esos saldos “nos han permitido recomponer el patrimonio, aunque seguimos registrando resultados acumulados negativos”. Informa que en 2017 invirtieron 4137 millones de pesos, un 53 por ciento más que lo ejecutado en 2016, que “a su vez habían resultado en el máximo hecho por la sociedad en toda su historia”. Edesur: Por razones no explicitadas, el comportamiento de sus resultados es opuesto al de Edenor. El operativo fue positivo en 1546 millones de pesos, menor en comparación con los 2024 millones del ejercicio anterior. El integral total fue una pérdida neta de 1044 millones, superior a la de 275 millones de 2016. Informa que las inversiones alcanzaron los 3559 millones de pesos en obras destinadas “a mejorar la calidad del servicio”. Tiene un capital de trabajo negativo de 10.018 millones de pesos, principalmente como consecuencia de la deuda contraída con Cammesa para financiar la operación de la compañía durante los años pasados. En 2017, los fondos aplicados a inversiones totalizaron 3994 millones de pesos comparados con los 3088 millones de 2016. TGN: Tiene 6806 kilómetros de gasoductos, y a través de sus dos troncales (Norte y Centro Oeste) abastece a ocho de nueve distribuidoras de gas y a numerosas generadoras eléctricas e industrias ubicadas en 15 provincias. Registró en 2017 ganancias de 842 millones de pesos en comparación con la pérdida de 259 millones de pesos en 2016, de 518 millones en 2015 y 257 millones en 2014. La variación de las ventas de 2040 millones de pesos entre los ejercicios 2017 y 2016 se explica por una mayor facturación de 1917 millones asociada “al incremento en las tarifas de transporte”, y el resto por servicios de “operación y mantenimiento de gasoductos”. TGS. Por sus gasoductos, de 9183 kilómetros de extensión en total, transporta el 60 por ciento del gas consumido del país, atendiendo a 5, 8 millones de usuarios finales. La ganancia en 2017 fue de 2793 millones de pesos, 200 por ciento más respecto de los resultados netos positivos del año anterior (930, 6 millones). En el balance anual indica que el 44 por ciento de la tarifa del servicio público de gas se explica por el precio del gas en boca de pozo, y el restante 56 por ciento se divide en partes iguales entre los impuestos y los segmentos del transporte y la distribución. Central Puerto. Esta empresa representa el 12, 1 por ciento de la generación energética total, y el 17, 5 por ciento de la generación térmica. En 2017, la ganancia operativa fue de 3111 millones de pesos, mientras que en el mismo período de 2016 fue de 2100 millones. La ganancia neta, en este caso, a diferencia de la mayoría de los balances, fue superior a la operativa por utilidades obtenidas en los resultados financieros: el saldo positivo en ese renglón del balance fue de 3508 millones de pesos. Metrogas: Es la empresa de distribución de gas natural por red más grande del país, con el 18 por ciento del mercado con 2, 4 millones de clientes. El resultado neto del año pasado fue una ganancia de 775 millones de pesos, cuando en 2016 había contabilizado una pérdida de 604 millones de pesos. Transener. Junto a su controlada Transba anotó una ganancia neta del ejercicio 2017 de 2282 millones de pesos, cuando el año anterior había tenido una pérdida de 57 millones. Posee, opera y mantiene la red de transporte de energía eléctrica de alta tensión (550kV). Transba presta el servicio público de transporte de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires (66kV a 220Kv) por líneas de distribución troncal. Como lo hizo con la reforma previsional asaltando el ingreso de los jubilados, Macri está lesionando también el de otro sector de su base electoral. Con el tarifazo castiga el presupuesto de los hogares de clases medias urbanas, y lo hace con dedicación para garantizar ganancias extraordinarias a las empresas energéticas. El tarifazo es desproporcionado en relación al nivel de ingresos de la mayoría de la población. Esto lo dejó en evidencia el propio gobierno con la propuesta de disminuir o eliminar impuestos o tasas de las facturas de servicios públicos. Con esa medida aspira a aliviar el monto final de la factura de luz, gas y agua. Ese descuento poco y nada cambiará el presupuesto de los hogares, y sólo muestra la desesperación del oficialismo ante la resistencia social y política que provoca el tarifazo. En esa búsqueda de compartir los costos de una medida anti popular abrazó a los gobernadores, que están actuando como aliados políticos, varios de ellos integrantes de una oposición, hasta ahora, colaboracionista con el ajuste. Los tarifazos de la Alianza Cambiemos están derivando en una situación política muy incómoda para el oficialismo, expresada en las dos cámaras del Congreso. Pero también en una muy crítica por su impacto socioeconómico. La cruzada del tarifazo está ahogando el presupuesto de los hogares de las clases media y baja, que tiene como saldo un aumento de colgados a la red eléctrica: Edenor registra que el 17, 1 por ciento del total de la energía entregada al mercado no la puede cobrar, que le significa unos 4000 millones de pesos menos de recaudación, mientras que en Edesur representan el 12, 0 por ciento de la energía provista, contabilizando además un incremento de la morosidad en 6 puntos en los dos primeros años del gobierno de Macri respecto a la existente en 2015. (email protected)
