Por primera vez -por lo menos desde 1983- la persona que está al frente de la Procuración General de la Nación y conduce a todos los fiscales nacionales fue indagada por sospechas de corrupción en la compra del edificio de la calle Perón 667 propiedad del Ministerio Público Fiscal. Ayer, a las 10.30 de la mañana, rodeada por numerosos custodios y asesores, Alejandra Gils Carbó ingresó al juzgado federal 10 a cargo de Julián Ercolini. Apenas unos minutos antes, cuando había descendido de su auto –a su vez custodiado por otros dos– una mujer que trabaja en una fiscalía le había gritado un tímido y solitario "Fuerza Alejandra". Los policías federales a cargo de la seguridad de Comodoro Py dispusieron cerrar el pasillo del 4° piso que separa el juzgado de Ercolini del de Claudio Bonadio. La procuradora había entrado al juzgado y en la puerta la esperaban unas 20 personas, un número poco habitual para los que visitan Comodoro Py. Luego se fueron dispersando. Acompañada por su abogado Alejandro Rúa entró al juzgado. La indagatoria no se tomó en el despacho que usa habitualmente el secretario encargado del caso Fernando Pascual porque es diminuto. Se acondicionó especialmente un espacio para la ocasión. Allí también estaba el fiscal federal Eduardo Taiano quien en el pedido de indagatoria de su jefa había establecido que en el caso de la compra del edificio de la Procuración se habían cometido los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La Procuración General de la Nación compró en julio de 2013 el edificio de la calle Perón al 600. La gestión de Gils Carbó, que había comenzado en agosto de 2012, decidió mudar las principales dependencias del organismo del viejo y señorial edificio de la calle Guido en la Recoleta. Gils Carbó puso a cargo de la licitación para la compra del edificio al licenciado en Economía y autotitulado experto en transparencia Guillermo Bellingi. En uso de sus funciones como subdirector general de la Procuración y designado como coordinador del área de Administración, Bellingi intervino en la licitación. La firma Arfinsa –del Grupo Bemberg– vendió el edificio y le pagó una comisión de $7.700.000 a la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry por asesoramiento. Jaureguiberry, a su vez, le abonó por otro asesoramiento para la licitación la suma de $3.000.000 a Juan Carlos Thill, un productor de seguros de La Plata sin relación alguna con el negocio inmobiliario. Thill resultó ser medio hermano de Bellingi. Buena parte del asesoramiento brindado por Thill a Arfinsa/Jaureguiberry quedó registrado en mails. En uno de ellos, Thill –definido por Bárbara Jaureguiberry como experto en licitaciones– le envió a la inmobiliaria una copia del pliego de licitación antes de que se hiciera público. En ese mismo correo, le dio precisiones sobre las fechas del proceso licitatorio que sólo podía conocer por tener información calificada que le brindaba su medio hermano. La acusación de Taiano se resume en que la licitación fue direccionada para favorecer a Arfinsa y además se recibieron coimas. Al comienzo de la indagatoria, Ercolini le ofreció café y té a la procuradora. Gils Carbó eligió tomar un té y además un vaso de agua. Un rato antes de la indagatoria, Rúa había presentado un escrito en el que explicaba la posición de su defendida y pedía el sobreseimiento. Gils Carbó realizó una exposición. Cuando terminó, su abogado le hizo una serie de preguntas que la procuradora fue respondiendo y de esa manera terminó de redondear su posición sobre el hecho por el que fue indagada. Explicó que no cobró coimas, que el proceso licitatorio fue transparente y que fue revisado por varias áreas de la Procuración. Que no dio indicaciones para que se hiciera el pliego. Que visitó el edificio antes de la licitación algo que hizo en otros casos. Que la Procuración no pagó comisiones y que Bellingi, en el manejo de la licitación, no actuó de manera incorrecta. Que con Bellingi no tenía una relación asidua y no era una persona de su confianza. Y por supuesto, que desconocía el parentesco entre Bellingi y Thill. En su indagatoria reveló que en abril pasado al enterarse que Infobae iba a revelar que Bellingi y Thill eran medio hermanos, comenzaron a intentar confirmar esa información. Eso sí, fue lapidaria con Bellingi y Thill cuando le tocó hablar del cobro de comisiones millonarias. Admitió que se pagaron coimas pero cargó con la responsabilidad de ese hecho a Bellingi y Thill: "Cuando nos enteramos este año del negocio oculto de Thill, sufrimos, nos sentimos defraudados", dijo. "Si sacamos el negocio oculto de de Thill y Bellingi, no se advierte ninguna irregularidad en el trámite. Vuelvo a decir que no conocía a Juan Carlos Thill, no conocía Arfinsa ni a la inmobiliaria Jaureguiberry, no recuerdo ni siquiera que la señora Jaureguiberry estuviera presente en la visita. Apenas me enteré de este negocio oculto m suspendí inmediatamente al funcionario Guillermo Bellingi, luego de chequear los datos que habían llegado a nuestro conocimiento", agregó. Quedó clara la estrategia de Gils Carbó en su defensa de ayer. Señalar que no hubo nada reprochable en el proceso de licitación y que el negociado fue "oculto" y lo hicieron dos personas a sus espaldas. Para finalizar su exposición, intentó dar por tierra con una de las acusaciones del fiscal Taiano: que se pudo haber dividido la coima entre los funcionarios de la Procuración. Gils Carbó dijo: "Quiero decir que me parece risible la hipótesis de que me pueda haber repartido los beneficios de la comisión indebida que figura que cobró Thill, quien supe tiene en su cuenta la mitad de esos fondos. Es risible que se pretenda que me repartí esa otra mitad con Bellingi y otros funcionarios de la Procuración. Fui doce años fiscal de la Cámara Comercial, donde pasaron por mis manos asuntos de miles de millones de dólares. Seis meses antes de asumir como procuradora, me mudé. Vendí mi departamento en Belgrano y con esa plata y 30 mil dólares más que tenía ahorrados, me compré una casa en Villa Ortúzar, que tenía buen precio, porque a mi alrededor, en m manzana, hay dos o tres asentamientos precarios, de muchas familias, así como en las manzanas circundantes. Mi auto es del 2006, un Peugeot 307, que no me he tomado el trabajo de cambiar. Mi patrimonio y mi trayectoria es ampliamente conocida". Bellingi y Thill se negaron a declarar cuando se presentaron a indagatoria. Esperan el resultado de un peritaje informático que debe revelar los correos electrónicos enviados y recibidos por los protagonistas del caso. No quieren hablar antes que aparezcan los mails. No vaya a ser cosa que digan algo y luego los correos -del año 2013- los pongan en contradicción. Pasaron muchos años y a veces la memoria puede fallar.
