La fiscalía pidió hoy que el empresario Cristóbal López vuelva a la cárcel por evadir 8000 millones de pesos en impuesto a los combustibles, y procesar por fraude al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray por consentir ese fraude. En tanto la AFIP solicitó que se agrave la acusación contra López y que sea considerada como una defraudación y no una evasión, pues si queda así podría zafar de prisión pagando la deuda. Por su parte López pidió que todos los recursos de los acusadores sean rechazados y que su situación permanezca como hasta ahora: en libertad y con una acusación de evasión fiscal. Todos estos pedidos fueron efectuados hoy en la Cámara de Casación Penal que debe decidir si López vuelve o no a la cárcel. Los jueces de la Sala I del tribunal, Gustavo Hornos, Esteban Riggi y Ana María Figueroa, habían citado a una audiencia oral para que las partes argumenten en favor y en contra. Pero los abogados prefirieron cada uno presentar sus argumentos por escritos. La AFIP solicitó que se agrave la acusación contra López y que sea considerada como una defraudación y no una evasión, pues si queda así podría zafar de prisión pagando la deuda En esos textos la fiscalía a cargo de Raul Pleé requirió recalificar el caso como administración fraudulenta calificada en cuanto a Echegaray, López y Fabián de Sousa, su socio y restablecer la prisión preventiva de los empresarios. También mantener el monto original del embargo. La AFIP, con una presentación de Ricardo Gil Lavedra , no pidió detenciones, pero sí considera que todo se trató de un fraude al Estado vinculado con la causa por asociación ilícita contra la expresidenta Cristina Kirchner por existir una organización compuesta por funcionarios y empresarios ligados a ellos, dentro de la cual se enmarca una maniobra fraudulenta que ha ocasionado un perjuicio al Estado Nacional. Pleé en el mismo sentido dijo que "la maniobra investigada no puede reducirse a un delito tributario porque sería uno de los delitos presuntamente cometidos por la asociación ilícita integrada por expresidentes, funcionarios públicos y empresarios cuyo objetivo era enriquecerse a costa de las arcas públicas". Con respecto a Echegaray ambos recordaron que le otorgó dos planes de pagos que Oil incumplió y que con ese dinero se capitalizó el grupo Indalo para comprar medios de comunicación que ensalzaron al kirchnerismo. "No sólo no se ejecutó un deuda exigible sino que por la concesión irregular de planes de pago se permitió que Oil no ingresara el impuesto y financiara con ese dinero la expansión del grupo económico, en perjuicio de las arcas públicas lo que configura el delito de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública", escribió Pleé. Carlos Beradli, abogado de López, dijo que no hay razón para que las apelaciones de los acusadores prosperen porque el fallo no es una sentencia definitiva y pidió que sean rechazados. Y dijo que en este caso no hubo que "ocultación de información, ardid ni engaño", por los que "los episodios jamás podrían ser calificados como una defraudación tipificada en el Código Penal". Ahora se reunirá la semana próxima la Sala I de la Casación y resolverá.
