El juez federal Claudio Bonadio procesó al ex ministro de Salud y gobernador de Tucumán Juan Manzur en la causa por irregularidades en la licitación del llamado “plan Qunita” que habría provocado un perjuicio para el estado de 450 millones de pesos, revelaron a Clarín fuentes judiciales. En el procesamiento, Bonadio hizo suyos varios de los argumentos de la Cámara Federal de Casación Penal que le había revocado un sobreseimiento con que, el año pasado, había beneficiado a Manzur. Como Casación había decidido anular ese sobreseimiento, Manzur se seguramente sumará al juicio oral que ya está abierto y en el que se encuentra procesado el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En todas las instancias, Manzur negó haber cometido algún delito. En octubre pasado, la sala III de Casación había resuelto, por unanimidad, anular la resolución de la Cámara Federal que había confirmado el sobreseimiento dispuesto respecto de Manzur y otros funcionarios del ministerio de Salud. Bonadio había considerado que Manzur se había ido del ministerio de Salud a ejercer funciones en el gobierno de Tucumán antes de que se firmara el polémico contrato, entre otras razones. Pero los jueces Carlos A. Mahiques, Eduardo R. Riggi y Juan C. Gemignani consideraron que “resultaba arbitraria y prematura” la resolución que desvinculaba al entonces ministro de Salud en cuya gestión se autorizó y aprobó “un pliego de condiciones elaborado de manera irregular para limitar las chances de competir de otros oferentes”. Los camaristas afirmaron que la resolución anulada “no había tenido en cuenta” que la confección del pliego “en un renglón único”, pese a la diversidad y cantidad de productos que involucraban los kits, era un elemento relevante que podría evidenciar que precisamente “la licitación estuvo, desde sus comienzos, dirigida a favorecer intereses particulares”. La denuncia de esta causa la había hecho la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña. La ex ministra de Salud se basó en el cotejo de precios públicos minoristas y los adjudicados para entregar a recién nacidos de madres beneficiarias de planes sociales. En esta causa ya se encuentran procesados diversos funcionarios que intervinieron en el proceso de licitación de compras de 150.000 kits con un sobreprecio –como hipótesis de mínima- de alrededor de 3000 pesos por cada uno, lo que arroja un perjuicio para el Estado de, cuanto menos, cuatrocientos cincuenta millones de pesos. En este expediente se investigan sobrepagos en la compra de los elementos que conformaron un kit destinado a madres en situación de riesgo social, y se cuestiona que se le haya otorgado la licitación -por más de 1.000 millones de pesos- a seis empresas sin antecedentes en el rubro. El kit constaba de una cuna de madera con sistema de encastre y bolsillos de tela, colchón, dos juegos de sábanas, un acolchado y una frazada polar, además de un saco de dormir y un cambiador. También se proveía a las beneficiarias dos enteritos de manga larga, dos de manga corta, bolso materno y un termómetro digital, algodón, chupete, babero, mordillo y sonajero, así como una guía de cuidados. A fines del año pasado, la fiscal general ante los tribunales orales federales, Gabriela Baigún, denunció a Aníbal Fernández por presunta "insolvencia fraudulenta" en una causa por el denominado Plan Qunita y a raíz de la venta de dos autos de su propiedad pese a la inhibición general de bienes dispuesta en su contra. Se trata de dos automóviles -un Toyota valuado en 450 mil pesos y un BMW de 634.500 pesos- que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, formaban parte del capital del ex funcionario y que habrían sido vendidos "con posterioridad a que se dictara su inhibición general de bienes". Si bien al momento de ser dictada la inhibición general Aníbal Fernández y otros imputados habían asegurado no contar con bienes para afrontar embargos, una investigación de la Fiscalía realizada, que incluyó el relevamiento del secreto fiscal, corroboró otra realidad. De hecho, se pudo determinar que los imputados poseen "un total de 60 inmuebles, algunos de ellos con titularidad parcial; 21 vehículos, ocho embarcaciones; acciones en trece sociedades comerciales; 14 cajas de ahorro en dólares; 27 cajas de ahorro en pesos; 6 cuentas corrientes; y créditos con distintas entidades", consignaron las fuentes. De acuerdo a la acusación del fiscal Eduardo Taiano, se habría diseñado un pliego "a medida" y se habría "direccionado" la licitación para que resulten ganadoras seis empresas con experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático. En ese marco, se determinó que en algunos casos compraron lo necesario para el kit antes de ganar la licitación y que todos acudieron a un mismo proveedor el mismo día para hacerse de uno de los elementos, además de actuar de manera coordinada al presentar sus ofertas. En lo que respecta a Fernández, las fuentes señalaron que la denuncia por presunta "insolvencia fraudulenta" se debe a que, en el marco de una inhibición de bienes, "no puede procederse a la venta de ningún bien registrable". "Ningún dinero puede entrar o salir del patrimonio en ese contexto", resaltaron las fuentes, quienes indicaron además que la investigación patrimonial realizada sobre el ex jefe de Gabinete determinó también que el ex funcionario "falseó primero información cuando fue inhibido en la causa y declaró no poseer bienes". En tanto, fuentes con acceso a la causa, informaron que la investigación patrimonial determinó también que otro de los imputados en el expediente por el Plan Qunita, el empresario Gustavo Cilia, "habría enajenado siete vehículos con fecha 11 de marzo de 2016 por un valor total que superaría el millón de pesos y un inmueble en el curso de este año, sin perjuicio de encontrarse inhibido". La causa por el Plan Qunita fue instruida por Bonadio, quien la envió a juicio oral en noviembre del año pasado. Además de Aníbal Fernández y otros imputados, en el marco de esta causa también fue enviado a juicio oral el ex ministro de Salud Daniel Gollán.
