En lugar de “desaparición forzada”, como esta caratulada en la Justicia, envían los expedientes con la carátula “NN sobre averiguación de delito”. “Están realizando un cambio unilateral de la carátula con una impunidad absoluta”, asegura Verónica Heredia, la abogada de Sergio Maldonado, Mientras tanto, el juez Lleral no digitaliza la causa y obliga a los Maldonado a trasladarse más de 1.000 kilómetros para anoticiarse sobre las magras novedades del expediente. Patricia Bullrich, encubridora estelar. El próximo 1 de agosto se cumplirá un año de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado durante un operativo represivo de la Gendarmería en Chubut sin orden judicial. Usted se preguntará qué hizo el juez subrogante Gustavo Lleral desde que asumió la instrucción de la causa, en septiembre de 2017, luego de que la Cámara apartó a Guido Otranto, quien tomaba declaraciones con funcionarios del Ministerio de Seguridad sentados a su derecha y fue apartado por la Cámara por falta de imparcialidad. Existe una flamante estrategia basada en la posverdad de la Gendarmería y una serie de trabas para que la familia Maldonado no logre ver la causa con la debida frecuencia, más una serie de zancadillas, propias de los tiempos que corren. Cualquier parecido con los métodos de Inquisición (contra las víctimas y los testigos del hecho) forma parte de “la normativa vigente”. Lo primero que revela el expediente son los sucesivos oficios que responde la Gendarmería en lenguaje marcial. Allí expresan una modalidad inquietante: los comandantes de esa fuerza que depende directamente de Patricia Bullrich, se refieren a la causa Maldonado como “NN sobre averiguación de delito” y no como “desaparición forzada”, tal como está caratulada desde el 7 de agosto de 2017 por la fiscal federal Silvina Ávila. El 28 de febrero, el jefe del Escuadrón 36 de Esquel, Leandro Juan Cueto, le escribió al juez: “Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de jefe del escuadrón Esquel de Gendarmería Nacional con domicilio en la Avenida Alvear 2005 de la ciudad de Esquel (CP 9200) teléfono fijo número (02945 452100) en relación a la causa FCR 8232 2017, caratulada “NN S/AVERIGUACIÓN DE DELITO”, que se tramita en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel, Secretaría en lo Criminal y Correccional, a los fines de solicitarle quiera tener a bien y en caso de ser factible la restitución de los elementos que fueran secuestrados por la prevención en el oficio judicial número 1179/2017”. El comandante principal Cueto estaba preocupado por algunas vituallas, que fueron incautadas el 17 de agosto, cuando Santiago estaba desaparecido y el Poder Judicial, particularmente, el fuero federal, hacía poco y nada para hallarlo. ¿Qué pedía el oficial de Gendarmería usando la carátula de facto “NN sobre averiguación de delito”, cuando en verdad es “desaparición forzada”? Gendarmería by nuestrasvocesok on Scribd “Dos discos rígidos de la sección Núcleo, dos discos rígidos de la Oficina de Inteligencia, dos discos rígidos de la Oficina de Ayudantía, un disco rígido de la Oficina del segundo jefe y jefe de la Plana Mayor, disco rígido de la Oficina de Personal, disco rígido de entradas y salidas, cuatro discos rígidos de la Oficina de Logística, cinco discos rígidos de la Oficina del Grupo de Criminalística y Estudios Forenses”; secuestrándose la cantidad de 23 discos rígidos”. Las imágenes de los gendarmes en la vera del río Chubut y parte del procedimiento represivo, además de las fotografía de Santiago Maldonado con vida, tomada a las 11:32 del 1 de agosto a un costado de la casilla de vigilancia de los mapuches, fue revelada por medio del estudio de esas mismas computadoras requeridas, incluidas las cámaras y los teléfonos celulares de los gendarmes, que fueron peritados en su totalidad por una División de la Policía Federal. Es decir que lo que pide el comandante Cueto es desandar la historia. Claro que lo reclama con una modalidad un tanto curiosa. Desoyendo la carátula vigente que involucra a su fuerza. “Están realizando un cambio unilateral de la carátula con una impunidad absoluta”, explica Verónica Heredia, la abogada de Sergio Maldonado, quien viajó a Rawson el viernes 6 y se topó con argumentos pretendidamente jurídicos, que en verdad son chicanas que prolongan la angustia infinita de la familia de Santiago. Hagamos un punteo del accionar de Lleral: La maliciosa frase “se ahogó solo” se está instalando desde las redes antisociales y los medios paraoficiales, promovida por sectores decisivos del Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial. Mientras tanto, persiste la persecución judicial del Estado contra el testigo Ariel Garzi y miembros de la comunidad mapuche de Cushamen. Para mal de males, esta semana se cumplieron cinco años de la desaparición de los hermanos mapuches, Cristian y Genaro Calfullanca. La última vez que fueron vistos con vida estaban alambrando un campo en las afueras de Cholila, cerca de Chile. Los Calfullanca iban a denunciar el meganegocio de la venta de tierras fiscales. Sus familiares y amigos volvieron a reclamar justicia sin suerte. La causa está paralizada. ¿De quién depende? Del juez Otranto, el mismo que es respaldado por el consejero Leónidas Moldes, muy cercano a los pasillos serviciales de Comodoro Py 2002. Otranto es promovido a camarista. ¿Casualidad? 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