El Gobierno impulsará un proyecto de ley para expropiar tierras donde se levantan 4228 barrios precarios en todo el país y darles el título de propiedad a sus actuales habitantes. Será el primer paso para urbanizar asentamientos, en los que viven cerca de 3.500.000 personas. La medida abarca los hogares que integran el Registro Nacional de Barrios Populares, que presentan graves deficiencias de infraestructura. El objetivo es declarar de "utilidad pública y sujetas a expropiación" estas viviendas que, en su gran mayoría, no cuentan con título de propiedad y carecen de servicios básicos. De la totalidad de barrios ocupados o tomados, el 61% pertenecen a propietarios particulares, el 7% son provinciales, el 13% son de los municipios y otro 13% no tienen información catastral que permita determinar a sus dueños. "Es la transformación más profunda del trabajo que venimos haciendo con las familias más vulnerables", dijo a LA NACION la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley . El proyecto de ley, que ingresará en la Cámara de Diputados "en los próximos días", es parte de un proceso que comenzó en agosto de 2016, con el relevamiento de todos los barrios. Desde ese momento se identificaron y visitaron todos los asentamientos para realizar un censo. Incluso, las entrevistas, según explicaron fuentes oficiales, fueron realizadas por los vecinos de los barrios en ciudades de más de 10.000 habitantes. De ese relevamiento surgió que el 78, 5 por ciento de los barrios populares tienen baja densidad, es decir que viven menos de 150 familias y los trazados urbanos tienden a ser regulares y planificados, mientras que en el 21, 5% restante es donde está aglomerada la mayor cantidad de gente y las viviendas están construidas con materiales precarios. Con 1656 barrios populares identificados, la provincia de Buenos Aires será el distrito más beneficiado; pero si se discrimina el conurbano -en total 30 partidos- junto con la Capital, el número alcanza 1132. Le siguen Santa Fe (333), Chaco (264), Mendoza (217) y Tucumán (186). En la otra punta aparecen La Pampa (4) y Santa Cruz (5). Durante el trabajo, que duró un año y medio, también participaron organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), cuya cara visible es Juan Grabois; Barrios de Pie, Techo y Cáritas Argentina. Desde el Gobierno, con Stanley a la cabeza, también trabajó en el proyecto el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, todo bajo el monitoreo del vicejefe de Gabinete Mario Quintana . Cerca de Stanley también descartaron que esto provoque una toma masiva de terrenos en todo el país. "Solo se trabajará con los barrios populares existentes al 31 de diciembre de 2016. No hay margen para nada más", dijo uno de los principales colaboradores de la ministra. En el Gobierno confían que el proyecto será acompañado por gran parte de la oposición. "Nadie se puede oponer... Si alguien vota en contra, queda expuesto a que Macri lo corra por izquierda", dijeron, con humor, fuentes oficiales. Otro de los argumentos que utilizará el oficialismo para asegurarse los votos en el Congreso es que la medida suspende por dos años los desalojos. En caso de aprobarse la ley, intervendrá la AABE. El organismo que administra los bienes del Estado deberá individualizar los inmuebles a expropiar, realizar las tasaciones e iniciar los juicios de expropiación. Pero lo más destacado es que deberá establecer "un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas". Una vez que se apruebe la ley, el Gobierno estaría en condiciones de emitir un certificado de propiedad, lo que les permitiría a los ocupantes de esos inmuebles fijar un domicilio. Una vez finalizado el trámite se otorgará el título de propiedad. "Se trata de una reparación histórica. Es un paso transformador", definieron fuentes cercanas a la responsable de Desarrollo Social. La cita, que no es inocente, asemeja el proyecto de ley al Plan de Reparación Histórica para los jubilados, que ideó Quintana. No será una tarea sencilla. En el Gobierno descuentan que habrá resistencia, sobre todo de los propietarios particulares. En ese segmento identifican tres variables: los que cansados de reclamar ante la Justicia por terrenos usurpados desde hace años acepten la oferta; los propietarios que decidan donar las propiedades a cambio de la condonación de deudas por el pago de impuestos -según fuentes oficiales son varios los que se comprometieron-, y los que rechacen la norma y judicialicen el tema. "Esto va a llevar tiempo, pero la ley va a tener un impacto directo y le permitirá al Estado invertir en inmuebles en los que hasta ahora no puede entrar", anticiparon fuentes oficiales. ¿Cuánto tiempo? "Esto puede demorar años", admitieron. Para este trabajo el Gobierno encuestó a 1.938.440 personas (se visitaron 514.850 casas), aunque los números no son definitivos, ya que alcanzan solo al 60% de los terrenos que el Gobierno busca expropiar.
