El procurador interino, Eduardo Casal, resolvió anular la designación de Juan Pedro Zoni en la fiscalía federal que ocupa en Comodoro Py desde hace tres años y mandarlo a una fiscalía criminal y correccional. Es una decisión acorde al interés de Mauricio Macri, que apuesta a salir indemne del escándalo por el intento de condonación de la deuda del Correo Argentino -empresa del Grupo Macri— en un acuerdo con propio el Estado y por las maniobras de vaciamiento posteriores. Zoni había imputado el año pasado al Presidente y hace dos semanas pidió nuevas medidas de prueba. No es la única causa resonante a su cargo: también, por ejemplo, instruye la que investiga la cuenta de Alberto Nisman en Estados Unidos, donde están bajo sospecha de lavado de dinero su madre y su hermana, además de Diego Lagomarsino. También había impulsado pruebas en una de las causas contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, por la emisión del bono a cien años. Desplazar a este fiscal de los tribunales federales es, sencillamente, buscar desactivarlo. Zoni quedó perplejo con la resolución y analiza la posibilidad de impugnarla. Se trata de un fiscal de bajo perfil, que trabaja hace más de veinte años en tribunales, hizo la mayor parte de su carrera en una fiscalía penal tributaria, la de Jorge Dahl Rocha, también pasó por la ex fiscalía de Paul Starc, y por el juzgado de Ariel Lijo. Antes de desembarcar en el fuero federal trabajó en la Procuración, cuando recién llegaba Alejandra Gils Carbó, y luego en la Procuraduría de Lavado de Activos. Ganó el concurso para una fiscalía federal en Santiago del Estero, que nunca fue habilitada. Por eso fue designado luego en una fiscalía federal que estaba vacante pero para la cual no había concurso en marcha. Primero fue como subrogante, y luego se le otorgó un traslado definitivo. Esta última disposición, que había firmado Gils Carbó, es la que decidió anular Casal, el procurador que ocupa transitoriamente ese cargo. Un dato llamativo es que Casal, el mes pasado, firmó un traslado, que fue el de Santiago Marquevich, de Rosario a Hurlingham. Y no puso en duda otros tantos anteriores, de la misma época que el de Zoni e incluso en Comodoro Py. La vuelta que le dio al caso de Zoni es que consideró que como la fiscalía de Santiago del Estero no está habilitada, y por ende no existe, “mal podía invocarse la existencia o disponerse un traslado de ella hacia otra”. El argumento de Casal es que no se trataría de “un auténtico traslado” y por tanto la resolución que lo dispuso es nula. No quedarán afectadas las resoluciones que tomó hasta ahora. Y anuncia que lo manda a una fiscalía nacional correccional, también en la Ciudad de Buenos Aires, donde alega que hay “necesidades funcionales”. Allí tramitan delitos comunes, como los robos. Cuando recibió las primeras denuncias después de que se conoció el intento del Correo de lograr en un acuerdo judicial la condonación de casi la totalidad de la deuda de al menos 4000 millones de pesos, Zoni imputó a varias personas, entre ellos al presidente Macri, al entonces ministro de Comunicación, Oscar Aguad, a su representante jurídico en el acuerdo, Juan Moccoroa, que había dicho ante la Cámara Comercial, al aceptar la oferta de la empresa postal, que seguía “instrucciones”. La fiscal de Cámara, Gabriela Boquin, fue quien denunció la situación y dijo que el acuerdo firmado era “abusivo” y “ruinoso” para las arcas públicas. El expediente del concurso del Correo lleva 17 años en trámite y nunca se decretó la quiebra, que arrastraría a las controlantes SOCMA y Sideco, empresas de los Macri. A Boquin también el Correo ha intentado sacarla de juego, hasta ahora sin éxito. En especial desde que denunció presuntas maniobras de vaciamiento de la empresa con movimientos de dinero hacia las controlantes y en algunos casos con destinos hacia negocios sin relación alguna con la actividad postal sino, por caso, automotriz. Ese planteo llevó a que Zoni ampliara las imputaciones originales contra Macri y sus funcionarios, pero también las extendió a otras personas, como la jueza Marta Cirulli y algunos de los síndicos, que deberían controlar el proceso concursal pero habrían actuado en favor de los intereses de la firma de los Macri. Zoni había pedido los balances de Socma y Sideco, entre otras cosas. Al día de hoy, la deuda del Correo sigue impaga gracias a distintos artilugios en los que confluyen los intereses del Gobierno del clan familiar empresario. El juez de la causa penal, Ariel Lijo, no ha mostrado gran entusiasmo por avanzar, pero Zoni y el fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas seguían haciendo planteos hasta hace pocos días. Otra de las causas sensibles, que crispan los nervios en la Casa Rosada, es la que investiga la cuenta que el fallecido Nisman tenía en Nueva York, en el Banco Merrill Lynch, y a la que accedían su madre Sara Garfunkel, su hermana Sandra Nisman y Lagomarsino. A ese expediente, también a cargo de Zoni y el juez Rodolfo Canicoba Corral, llegaron informes de organismos antilavado de Estados Unidos y Uruguay, que confirmaban movimientos de dinero y también la existencia de cuentas en el país vecino. Pero las defensas de las mujeres cuestionaron la validez de los informes en cuestión, y el caso está ahora en la Corte Suprema. Más reciente fue la causa por la emisión de un bono a cien años donde Zoni había impulsado medidas comprometedoras para el ministro Caputo, aunque recientemente el juez Lijo se declaró incompetente y el fiscal, de ese modo, se quedó sin causa, que se unificó con la de los Paradise Papers y las off shore vinculadas al ministro. También tiene causas contra ex funcionarios, como Julio De Vido por manejo de fondos en el Plan Federal de Viviendas. Si Zoni cuestiona judicialmente su desplazamiento, deberá hacerlo en el fuero contencioso administrativo, cada vez con más presencia de jueces afines al Gobierno.
