Desde Río de Janeiro Dieciocho horas después de que su pedido de hábeas corpus preventivo fuese negado por el Supremo Tribunal Federal, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones de octubre, fue objeto de una orden de prisión expedida por el juez de primera instancia Sergio Moro. Se trata del mismo juez que lo condenó en un juicio que, en opinión de juristas y abogados no solo de Brasil sino de algunas de las más prestigiosas escuelas de derecho del mundo, estuvo plagado de arbitrariedades y manipulaciones, sin que hubiese una única prueba en su contra. Moro determinó que Lula da Silva se presente a la Policía Federal en Curitiba, capital de Paraná, antes de las cinco de la tarde de hoy. En un comunicado lleno de formalismos, Sergio Moro prohíbe expresamente el uso de esposas, “atendiendo a la dignidad del cargo que ocupó”. Tanto el Tribunal Federal Regional de Porto Alegre, la segunda instancia que confirmó y aumentó la condena de Lula, como Sergio Moro, rechazaron siquiera recibir los recursos que habían sido presentados por la defensa del ex presidente. Como argumento, afirmaron que se trataba de una “maniobra claramente destinada” a postergar el cumplimiento de la detención, aunque la presentación de recursos esté prevista con todas las letras en la legislación vigente. La noticia de la orden de prisión del más popular presidente brasileño de las últimas seis décadas, originada en dos tribunales que actuaron claramente de manera arbitraria, sorprendió al país. Lula y sus abogados creían que ella no ocurriría antes de por lo menos el martes 10. Al principio de la noche de ayer, uno de los abogados del ex presidente, un renombrado y veterano jurista llamado José Roberto Batochio, dijo que la ansiedad por mandarlo detener antes de que los recursos fuesen examinados “revela una arbitrariedad sin fin”. Agregó que intentará algún recurso de urgencia, pero que si resulta inútil el expresidente deberá acatar la determinación de Moro y presentarse a la Policía Federal. Cuando se supo de la decisión, Lula estaba reunido con asesores y amigos en el instituto que lleva su nombre. A los pocos minutos salió en un automóvil sin hablar con nadie y se dirigió al Sindicato de Metalúrgicos de San Bernardo del Campo, en el cinturón industrial de San Pablo, que presidió durante la dictadura y fue la cuna de su carrera política. Según la noticia era conocida en el país, dirigentes de otros partidos de izquierda convocaban marchas populares para dirigirse a la residencia del ex presidente, también en San Bernardo. Y la dirección del Partido de los Trabajadores, el PT, pidió una concentración en el mismo sindicato. La CUT (Central Única de Trabajadores) convocó movilizaciones para hoy en todo el país, y estudiaba decretar un paro general en caso de que Lula sea efectivamente detenido, lo que parecía inevitable. En los últimos días, en conversaciones con amigos e integrantes de su círculo personal más cercano, Lula da Silva admitía que difícilmente no iría preso. Al fin y al cabo, decía, verlo tras las rejas era el objetivo central del golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff en 2016. La pasividad con que la Corte Suprema actuó en el pasado miércoles, rechazando por un voto la concesión de un hábeas corpus preventivo, confirmó las previsiones de Lula, quien se mostró bastante afectado. Ayer, antes de que se conociera la orden de prisión, él dijo a los amigos con quien se reunió que era preciso “movilizar a la gente en las calles”, aunque admitió que eso difícilmente ocurriría antes que lo llevasen preso, algo que previó que ocurriría la semana que viene. “Y será importante mantener a la gente en las calles mientras yo esté preso”, dijo, para mantener a la militancia activa en su defensa. Alrededor de las ocho de la noche, se supo que Lula debería permanecer en el Sindicato de Metalúrgicos, en lugar de dirigirse a su casa. La propuesta de los sindicalistas era mantenerse en vigilia permanente al lado del expresidente, con la idea de obligar a la Policía Federal a invadir el local a partir de las cinco de la tarde de hoy. Mientras gruesas columnas de manifestantes se dirigían al Sindicato, Lula examinaba con sus abogados y miembros de su círculo más íntimo y de confianza qué hacer. Hasta conocer la orden de detención, Lula había decidido presentarse tan pronto fuese notificado. La previsión era que eso ocurriría luego que sus recursos fuesen rechazados por el Tribunal Regional Federal, semana que viene. La intempestiva medida adoptada por sus integrantes, de siquiera recibir los recursos, y de inmediato acatada por Sergio Moro, lo llevó a repensar el asunto. Para el expresidente, Moro actuó de manera totalmente arbitraria e inadmisible, lo que provocaría otro tipo de actitud. En varios momentos Lula reiteró la necesidad de una “resistencia pacífica”, evitando enfrentamientos. Luego de la decisión de Moro, aumentaron las preocupaciones de que aumente la inestabilidad social, y crezca el riesgo de convulsión callejera, con enfrentamientos entre defensores y acusadores de Lula da Silva. Al parecer, ninguna de esas preocupaciones se les ocurrió a los seis miembros de la Corte Suprema que el pasado miércoles le negaron un hábeas corpus preventivo hasta que se agotasen todas las instancias a las cuales podría –y podrá– recurrir.
