El enfrentamiento político que generó la desaparición de Santiago Maldonado y las condiciones de pobreza extrema en la que viven comunidades de pueblos originarios en la Patagonia, no pueden ocultar el crecimiento de la violencia del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuyo líder más mediático es Facundo Jones Huala, y cuya extradición a Chile comenzará dirimir hoy la Justicia en Bariloche. Según pudo saber Clarín de fuentes del Ministerio de Seguridad y de organismos en Chubut, Río Negro y Neuquén, la zona donde mayormente opera el RAM, ya existen al menos 70 actos violentos judicializados. La Justicia detectó que estos ataques se incrementaron a partir de 2013 en coincidencia con el escape de Jones Huala a Argentina desde Chile -que pide su extradición por el ataque al fundo Pisu Pisué, en 2013, por tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal; tenencia ilegal de munición; e infracción a la ley de extranjería, lo que en el país vecino puede llevarlo a cadena perpetua-. De acuerdo a la información a la que accedió este diario, el Ejecutivo no emitirá posición contra su extradición, si así lo determina la Justicia. Los ataques del RAM, según registra el ministerio que comanda Patricia Bullrich, comprenden tanto incendios a casas, como a refugios turísticos (el Neumeyer y el Jakob); robo, daños, amenazas, privaciones ilegitimas de la libertad, destrucción de maquinaria. Hubo incluso episodios con niños en la zona de Leleque, donde una camioneta que trasladaba estudiantes de la Escuela 90 debió ser escoltada por la Policía mientras encapuchados amenazaban desde afuera con armas de fuego. Los ataques también llegaron a la Casa de Chubut en la ciudad de Buenos Aires, a principios de agosto. Y en una marcha por la aparición de Maldonado hubo bombas molotov y militantes del RAM. Hay en la Justicia registrados numerosos casos de abigeato -han llegado a robar hasta 150 vacunos, incluso preñados-; de ocupación de tierra de manera violenta, entre otros delitos. Utilizan armas de fuego, algunas de fabricación casera, boleadoras, bombas molotov, hachas, motosierras y herramientas. Pero además la ocupación de predios es una metodología habitual en zonas estratégicas, como las del Vuelta del Río, al noroeste de Chubut, donde pasa el tendido eléctrico, el gasoducto cordillerano y la fibra óptica. En el allanamiento de mayo de 2016 en el que se efectuó una primera detención del lonko Jones Huala, la Justicia informó que se le secuestró un revolver calibre 38, municiones de diferentes calibres, vainas servidas, varios cuchillos, gomeras, piedras, folletería. También armas largas de aire comprimido, “miguelitos” -con los que se pinchan en la ruta las gomas de vehículos-, celulares, un equipo HT Vertec con batería y antena en funcionamiento, prendas de vestir color negro, pasamontañas, animales faenados y cueros con la marca/señal de Compañía de Tierras del Sud, de Luciano Benetton, su blanco predilecto. El domingo, cuando Jones Huala en entrevista con el programa PPT de Canal 13 negó que el RAM fuera violento y que cargara consigo alguna muerte, cayó en importantes contradicciones. Por empezar en el hecho de que varios de sus ataques podrían haber derivado en muertes debido al trato que recibieron sus víctimas, algunas también de origen mapuche pero integradas al sistema. Uno de ellos es el que vivió el trabajador de apellido Rayel en el Puesto 15 de la Estancia Leleque. Rayel estaba con su esposa, y tres hijos, una de 9, otro de un año y medio y un bebé, cuando entraron entre 5 y 6 encapuchados. A él lo sacaron al exterior, lo hicieron arrodillarse y le hicieron simulacro de fusilamiento. Lo obligaron a meterse al agua fría del río durante dos horas mientras seguían haciéndole disparos intimidatorios. Otro encapuchado en la vivienda robó lo que pudo en presencia de su familia. Como le tajearon las gomas del auto, soltaron sus caballos, y le rompieron el equipo de comunicación y los celulares, la familia debió caminar kilómetros para pedir ayuda. El informe sobre los actos violentos del RAM al que tuvo acceso Clarín se ampara en que ellos mismos se los autoadjudicaron por la vía de pintadas en aerosol con sus símbolos; por panfletos o porque así lo decían abiertamente en sus blogs y sitios que lo apoyan en Internet, uno de ellos una fundación que los financia desde el Reino Unido. En octubre de 2016 estando ya Huala libre -fue detenido nuevamente en junio- manifestaba: “Nuestro objetivo es expulsar a Benetton, recuperar el territorio y liberar a la Nación Mapuche, anticapitalista, antioligárquico y antiimperilista. Nosotros sabemos que vamos a ganar tarde o temprano, no le tenemos miedo a la muerte o a la cárcel. Todas las formas son válidas... Estamos peleando contra las empresas mineras, petroleras, hidroeléctricas, empresas capitalistas, debemos comprender qué es el sistema capitalista y la política occidental para conocer a nuestro enemigo”. Hasta ahora, todos estos hechos, según pudo saber Clarín pueden llevarse al artículo 213 bis del Código Penal que establece que es delito que un grupo organizado que busque imponer sus ideas por la fuerza. Y eso es competencia de la Justicia Federal.
