No fue sólo uno. Fueron seis los gendarmes ascendidos por el gobierno de Mauricio Macri, a pesar de haber participado del operativo represivo de cuatro escuadrones que arremetieron sin orden judicial en territorio recuperado por la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen hace ocho meses, cuando desapareció Santiago Maldonado. Como si las fiestas de fin de año sirvieran para minimizar el impacto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich firmó el 29 de diciembre los ascensos de la Gendarmería Nacional. A pesar de que era el único imputado en la causa por la desaparición y muerte de Maldonado, fue premiado con la elevación de rango el alférez Emmanuel Echazú. Es el mismo que fue fotografiado al borde del río Chubut con una herida sangrante en el rostro y una escopeta en la mano. Los miembros de la comunidad Pu Lof fueron desalojados a balazos del corte de ruta con el que exigían el 1 de agosto la libertad de su lonko Facundo Jones Huala. Del cotejo entre las 22 carillas con todos los nombres de los uniformados que avanzaron en su escalafón jerárquico, por un lado, y por otro el listado de quienes participaron del procedimiento ilegal, surge que otros cinco gendarmes también subieron un escalón en sus carreras. Uno de los ascendidos es David Coca Alba, quien llegó al lugar de los hechos el 31 de julio. “Que gendarmes implicados en procesos penales sigan ascendiendo sin objetarles nada tiene el mismo efecto que la doctrina Chocobar, que avala disparar por la espalda y legitima el gatillo fácil”, dijo a PáginaI12 Verónica Heredia, querellante en la causa en nombre de la familia Maldonado. “Esto es encubrimiento e impunidad”, añadió. Habían pasado pocas horas de la desaparición del joven mochilero, de ideas anarquistas y oficio de tatuador, cuando Heredia comentó a este diario: “Pedí el listado de los gendarmes que participaron del operativo. Me dieron menos de diez nombres, de los cuales cuatro eran mujeres, y ahí mismo entendí que se venía la impunidad”. A cuentagotas esa fuerza fue aportando información. El 8 de agosto aparecieron otros ocho que no eran de El Bolsón sino del 36 de Esquel, hasta que finalmente la nómina casi superó los 200 efectivos. En las primeras fojas del expediente surge que a las 13 de ese día se hicieron presentes entre los kilómetros 1848 y 1849 de la Ruta 40 los gendarmes apellidados Gómez, Coronel, González, Coca Alba, Carmen Saldaño y Echazú. A las 17:15 personal a cargo del comandante principal Fabián Méndez, del Escuadrón 35 de El Bolsón, llevó el oficio 972/2017 del juzgado federal de Esquel. Ésa es la orden para despejar la ruta 40 y dejarla sin cortes. Más tarde, a las 19:20, consigna el expediente que “se hacen fotografías y filmaciones por ser zona despoblada sin testigos”. Poco antes el alférez Daniel Gómez mantuvo un diálogo con Echazú. Le pidió un oficio judicial y armas. También reconoció que los manifestantes sobre la ruta eran siete. Así fue la conversación: –Gómez: No la llames (a la secretaria del juez). Esperemos el oficio. Yo lo que voy a poner ahora es que hablé con vos, que vos me dijiste que hablaste con la Silvina Salvaré, que manifestó que en breve enviará un oficio “para actuar en consecuencia… –Echazú: … “en caso de ser necesario”. –Gómez: Exacto. Después yo me cubro con el tema del tiempo que no hice un carajo… Vos conseguime todas las escopetas ésas, y las que yo tengo acá, y yo te despejo la ruta, no tengo drama. Cuando forme 50 negros con escopetas atrás, ni bola que van a revolear piedras estos. A la nuca… –Echazú: Listo, listo. A pesar de haber sido preparados antes de declarar, en los sumarios que instruyó el funcionario de Bullrich Daniel Barberis los gendarmes entraron en varias contradicciones cuando desfilaron ante la Justicia. La primera de las falacias que se cayó fue la afirmación oficial de que el procedimiento no había llegado al río. Pero las inconsistencias más evidentes surgieron cuando trascendieron los audios de las conversaciones con sus superiores. El 8 de agosto Gómez tuvo una conversación telefónica con su jefe, el comandante Badie. Ante la pregunta de si había “algo interesante” para tirarle al juez, Gómez aseguró: “Me quedé en la costa del río hasta último momento, fui uno de los últimos que se replegó. Y vi a varios de esos manifestantes. Nunca vi un tipo flotando. Sí vi a los manifestantes que estaban del otro lado. ¿Con quién estuve? Yo estuve con Vera, Fortunato, creo que Vázquez, en un momento Echazú, Pelozo, que son gente mía y estuve con ellos allá abajo”. El 13 de septiembre, Gómez agregaría ante el juez Otranto algunos nombres más. Pero nunca nombró a Echazú como el cuarto escopetero de ese momento. Todavía no había aparecido el cuerpo de Santiago y tampoco la sospecha de que las heridas de su cara no fueron por piedrazos de los mapuche. Los gendarmes seguían el libreto negacionista del ministerio de Seguridad, acompañados en cada presentación por el secretario de Relaciones con los Poderes, Gonzalo Cané. Sin embargo, en diciembre el propio Echazú reconoció lo obvio: su presencia a la vera del río. “Si Maldonado se entregaba estaría vivo”, tituló Clarín la entrevista. Pero alguien advirtió que la confesión había ido demasiado lejos y en la edición web pusieron: “Si lo hubiéramos visto ahogándose lo habríamos ayudado”. Informar tarde, falsear, omitir y tergiversar fue la constante durante la investigación que, a pesar de los fervientes esfuerzos en contra del Poder Ejecutivo, siguen armando abogados y familiares. Como un enorme rompecabezas de piezas diminutas. Y con dificultad. Pasaron varias semanas hasta que los investigadores tuvieron el listado completo del personal de Gendarmería que reprimió a los mapuche que recuperaron territorio en un sector del casi un millón de hectáreas que posee el magnate Luciano Benetton. Entre ellos están, además de Coca Alba, Alejandro Brito, de la especialidad criminalística; y Gabriel Robledo, Isidro Alvarenga y César Santamaria, de la especialidad seguridad. Según la resolución 1473-E/2017 firmada por Bullrich y publicada en el Boletín Oficial, junto a Echazú los cinco gendarmes son parte del “personal que se encuentra en condiciones de ascenso al 31 de diciembre de 2017, que fue considerado por el respectivo Organismo de Calificación, no existiendo impedimentos para su promoción al grado inmediato superior”, dado que sus superiores “mantenían su promoción supeditada a causas o situaciones que al presente se encuentran superadas (sic)”. Esta afirmación fue convalidada por la división de Asuntos Jurídicos del ministerio de Seguridad. La familia Maldonado no comparte esta mirada sobre los uniformados ascendidos de la fuerza de choque predilecta del macrismo. “Esta decisión nos parece como mínimo prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago”, expresó en su página web cuando en enero se supo la situación de Echazú. “El ascenso de un agente en esas condiciones resulta impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a prácticas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas. Creemos que la resolución debe ser revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación y así lo exigimos”, agregó la familia. En diálogo con PáginaI12, Sergio Maldonado reveló que eran más los ascendidos. Y así lo confirmaron fuentes de la causa, que lejos de estar cerrada aún debe esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Santiago. Los resultados de la autopsia indicaron que perdió la vida por “asfixia por sumersión coadyuvada por hipotermia”. Pero ninguno de los gendarmes ni sus superiores fue interrogado al respecto a pesar de las fotos, videos y audios que los ubican en la escena del crimen. La investigación judicial a cargo del juez federal Gustavo Lleral reacciona en cámara lenta sólo sobre un par de medidas, de las decenas solicitadas por las querellas. Entre ellas, el peritaje del DNI ficticio para evaluar si el de Santiago, que apareció junto al cadáver, pudo haber permanecido casi en perfecto estado como sucedió. Pero Lleral encargó las pruebas a expertos del INTI, un organismo que se encuentra prácticamente militarizado, lo cual volvió a generar cuestionamientos de la familia. “¿Quién garantiza que eso no caiga en manos de sus compañeros de fuerza?”, se preguntó Sergio Maldonado en C5N. Según publicó el periodista Juan Alonso, en el sitio Nuestras Voces, el juez envió a la abogada de la familia las excusas por la tardanza de los peritos de la sección Plásticos del INTI, desmantelado por los despidos del gobierno. “Cumplo en informarle que se intentó en numerosas oportunidades mantener comunicación telefónica con los números del INTI Área Plásticos sin obtener respuesta”, pusieron en un escrito desde el juzgado Criminal y Correccional de Rawson, donde trabaja Lleral, a pesar de haber sido asignado “en forma exclusiva” por la Cámara al caso Maldonado, que está radicado en la justicia federal de Esquel. El 25 de marzo fueron nombrados, finalmente, los peritos oficiales para esta medida. Pero resta saber el resultado del estudio de los demás elementos que tenía Santiago en sus bolsillos: dinero, preservativos y un encendedor. El magistrado también pidió por exhorto a Chile una orden para interrogar al testigo Nicasio Luna, a quien su antecesor Guido Otranto devolvió su documento sin tomarle testimonio a pocos días de los hechos. Pero el músico no está allí sino en Uruguay. PáginaI12 publicó su declaración ante la Defensoría chilena, realizada en diciembre en forma espontánea. Allí el payador relató que fue reprimido por los gendarmes junto a Santiago, y que uno de ellos le apuntó “pero algo pasó porque la bala no salió”. Entretanto los demás gritaban: “¡Fuego libre!”. En su libro El caso Maldonado, que presenta el hecho como “fábula”, Marcos Novaro, un simpatizante del oficialismo, afirmó que el macrismo podría haber tratado con rigor a los gendarmes. Por el contrario, lo que hubo fueron ascensos y traslados a otras provincias. Lo que el sociólogo menciona en otro momento como una seria investigación interna no fue otra cosa que el sondeo sobre quiénes podrían llegar a quebrarse y la preparación de sus declaraciones. “Nos pusieron a prueba y, más allá de los contratiempos, salimos airosos”, declaró el 16 de enero Pablo Badié, comandante del Escuadrón 36 de Esquel. A ocho meses algo es seguro: si hubo un pacto de silencio, hasta ahora, al menos, fue exitoso.
