La baja de pobreza difundida por el Poder Ejecutivo esta semana sería ya noticia vieja. Es que los índices de inseguridad alimentaria, laboral y social volvieron a sufrir un gravísimo deterioro en los últimos tres meses, tras el leve repunte a fines de 2017. Hoy en día, casi cuatro de cada diez personas redujeron las porciones de comida porque no hay dinero suficiente para comprar alimentos. Esto incluye índices dramáticos en la zonas sur y oeste del segundo cordón del Conurbano bonaerense donde prácticamente la mitad de los hogares redujeron las porciones de comida. Una de cada cinco personas manifestó que tuvo hambre durante el último año y más de la mitad afirmó que su situación económica es peor o mucho peor que la que tenían a principios de 2017. El panorama no parece ser alentador, porque cuatro de cada diez personas cree que está en peligro de perder su trabajo, también con focos críticos como el primer cordón del Conurbano bonaerense –uno de los polos industriales– y el segundo cordón del Conurbano en zona sur, donde se consignan riesgos laborales aún mayores. Las conclusiones surgen del Quinto Monitor de Clima Social realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), que dirige Matías Barroetaveña. El CEM es un acuerdo interuniversitario entre la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET); la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham. En total se entrevistaron 2.145 personas de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel económico social. Las entrevistas fueron telefónicas, a teléfonos fijos. Este último dato significa –según lo reconocen todos los consultores– que el cuadro de situación es aún peor, porque quienes tienen teléfonos fijos, aún en los sectores de menores recursos, tienen mejor situación que los que hoy se mueven únicamente con celulares, con tarjeta. El objetivo, desde el primer Monitor (diciembre de 2016), fue siempre evaluar la situación y los peligros relacionados con la seguridad o inseguridad que sienten las personas en los ámbitos laboral, alimentario, social, habitacional y educativo. Cada índice se construye a partir de preguntas muy concretas y que se vienen repitiendo en cada Monitor. Por ejemplo, respecto de la seguridad alimentaria se pregunta si en esa familia se redujeron las porciones por falta de dinero, si hubo situaciones de hambre durante el último año, si cambiaron las marcas, si desistieron de comprar útiles para los hijos o redujeron la adquisición de medicamentos. La misma metodología se utiliza respecto de los demás índices. “Este quinto Monitor recién finalizado permite observar las consecuencias del rebrote inflacionario del verano, el aumento de tarifas, el techo paritario y la baja en jubilaciones y AUH producto del cambio de fórmula. Claramente relativiza los números de pobreza del gobierno que compara los segundos semestres de 2016 y 2017, su peor y su mejor momento”, señala Barroetaveña. En el propio estudio, a manera de conclusión se menciona que “en este primer trimestre aumentaron los índices de inseguridad social, tras una mejora que percibimos a fines de 2017. Los índices se deterioraron, en especial los que reflejan inseguridad económica y laboral”, concluye el trabajo. Por supuesto que en la mejora del último trimestre de 2017 podría atribuirse a que el gobierno nacional, los dos gobiernos –el de CABA y el de Provincia de Buenos Aires– y los municipales evitaron una profundización del ajuste en ese período electoral. No es casual que la reforma previsional y los brutales aumentos de tarifas fueran anunciados a fines de año y los efectos empezaron a sentirse más plenamente en 2018. La situación de seguridad o inseguridad laboral se mide, por ejemplo, a partir de preguntas relacionadas con el peligro de perder el trabajo. A fines de 2017 el 62 por ciento de los encuestados dijo que veía poco o nada en peligro su fuente de trabajo. Esa seguridad se redujo al 50 por ciento en el actual Monitor. En paralelo, los que veían algo o mucho riesgo suman ahora el 43 por ciento, comparado con el 30 por ciento que percibía peligro a fines del año pasado. Como no podría ser de otra manera, un clima similar se percibe con una segunda pregunta orientada a percibir la seguridad o inseguridad en el ámbito del trabajo. Lo que se le preguntó a la gente es cómo está su situación laboral comparada con un año atrás. En este primer trimestre, un 42 por ciento contestó que peor o mucho peor que a principios de 2017. A fines del año pasado, una proporción menor, el 34 por ciento, tenía esa mirada negativa. Hay otras preguntas referidas a la inseguridad laboral. En la actualidad, el 57 por ciento dice que la plata de los ingresos en el hogar no le alcanzan, frente a un 48 por ciento que manifestaba eso mismo tres meses atrás. Es casi seguro que eso tiene que ver con los aumentos de tarifas de gas, luz, agua y, especialmente, en el transporte. También es significativo que un 41 por ciento afirmó que alguien del hogar perdió el trabajo, frente al 33 por ciento que había manifestado lo mismo a fines de 2017. Como se ve, prácticamente todas las preguntas referidas a lo laboral tienen respuestas negativas. En el terreno alimentario, también el panorama es sombrío. Un 62 por ciento de los consultados afirman que en el último año tuvieron que limitar los productos que compran, obviamente por razones económicas. Casi siete de cada diez personas –68 por ciento– cambiaron las marcas que compran, es decir que se pasaron a segundas y terceras marcas. En el mismo sentido, también siete de cada diez limitaron los tiempos de recreación. Pero lo más dramático es lo que se observa cuando se pregunta si se redujeron las porciones en el último año por la falta de dinero. Contestaron que sí, que redujeron las porciones, el 37 por ciento de los encuestados, una proporción altísima. Y cuando se preguntó si hubo momentos de hambre de algún integrante de la familia, en promedio, un 21 por ciento respondieron que hubo episodios de hambre en el hogar. Son porcentajes significativos: una de cada tres personas vivieron de cerca situaciones de hambre. Los porcentajes que se consignan son el promedio de CABA y el Conurbano, pero es inocultable que existen zonas donde la situación es muchísimo más crítica. Por ejemplo, el segundo cordón de la zona Sur y el Oeste del Conurbano. En el Oeste el 45 por ciento disminuyó las porciones de comida, frente al 20 por ciento que tomó la misma medida en CABA y el 22 por ciento que redujo porciones en la zona norte del Gran Buenos Aires. El hecho muestra que no sólo existen situaciones de pobreza sino que, además, hay una marcada desigualdad social. Es obvio que el mismo cuadro se repite con la mayor parte de las demás preguntas: Las diferencias se extienden a todo lo que tenga que ver con la situación laboral, la alimentaria y la social. Y no sólo se verifican entre ricos y pobres. También las mujeres tienen situaciones peores que los hombres y los jóvenes viven cuadros más difíciles que los mayores de 30 años. Desde la Casa Rosada difundieron una baja de la pobreza para el segundo semestre de 2017. El CEM registró efectivamente un leve repunte de los índices en ese período. Pero el Monitor adelanta que en el primer trimestre de 2018 las cosas se agravaron en forma sensible en base a la inflación, los aumentos de tarifas y el retraso en los sueldos y jubilaciones. Como señalan Barroetaveña y Lodola “el cuadro de fractura social, plantea desafíos tanto al gobierno como a la oposición” (ver aparte). Ambos profesionales consignan que el Ejecutivo no tiene mucho margen para seguir sosteniendo la política actual, en base al endeudamiento, y la oposición requiere de una política que unifique a los perjudicados por el modelo. (email protected)
