Carlos Zannini y Luis D'Elía, comprensivamente felices por sus liberaciones de esta mañana, siguen acusados por tres delitos gravísimos, en los que están a punto de ser juzgados. Pero antes y ahora deberían haber esperado ese juicio en libertad, excepto que hubiera pruebas muy sólidas de que hubieran estorbado la investigación en su contra. O que pudieran hacerlo. Ahora que su expediente ya fue cerrado por el juez Bonadio y elevado a juicio oral, el Tribunal Oral 8 debería organizar las audiencias, acelerar los tiempos lo más posible y en un plazo razonable -no más de un año- darles a los imputados y a toda la sociedad una respuesta: los acusados por el encubrimiento agravado del atentado a la AMIA son culpables o inocentes. Esa sentencia limpiará el nombre de todos, o devolverá a la cárcel a los mismos sonrientes de hoy. Nada de esto ocurre en los tribunales argentinos, cuya crisis de credibilidad sigue perforando el profundo suelo en el que parece caer con las noticias de cada día. La parábola de este caso judicial configura un espejo fiel -y horrible- del presente institucional argentino. Nacida sobre el cadáver de su denunciante, el fiscal Alberto Nisman, y tras dos años de maniobras para evitar que nadie lo investigara, una guerra en la cámara de Casación logró iniciar la causa, desplazar al inerte juez Daniel Rafecas -cuyas sospechosas negativas a abrir un expediente apenas fueron sancionadas con una pequeña multa- y sortear un juez que resultó siendo Bonadio. En menos de un año, este magistrado reunió pruebas, tomó testimonios, y el 8 de diciembre procesó a Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Luis D'Elía, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Fernando Esteche, Jorge Khalil, Angelina Abbona, Martín Mena, Andrés "Cuervo" Larroque, Alan Bogado y Eduardo Zuaín. A D'Elía, Zannini, Esteche y Khalil, además, ordenó detenerlos con prisión preventiva. La ex Presidenta zafó por sus fueros como senadora, y el ex canciller por su cáncer avanzado. El 20 de diciembre, los camaristas Martín Irurzun y el ahora célebre Eduardo Farah confirmaron el procesamiento de todos y también las encarcelaciones, porque según su parecer persistía la “necesidad de neutralizar peligros de que entorpezca el curso normal del enjuiciamiento o se sustraiga de aquél”. El 5 de marzo, Bonadio dio por cerrada la investigación y la envió a juicio oral. Y parece que, sin que mediaran nuevas pruebas o acciones, todo cambió: tras una polémica -otra más- por el tribunal que había sido sorteado para juzgar la causa, un nuevo reparto de cartas señaló al Tribunal Oral Federal 8. Uno de sus jueces se excusó de participar porque es pariente del ex embajador en Siria que recibió a Timerman durante las negociaciones secretas con los iraníes. Pero otra magistrada, Sabrina Namer, no dio un paso al costado pese a que su trabajo anterior había sido en la misma silla que ocupaba Nisman hasta su muerte. Más sospechas. Más descrédito. Esta mañana ocurrió lo que medio mundo esperaba, y quizás haya sido una decisión correcta. A simple vista, nunca se advirtieron movimientos de Zannini, D'Elía o los otros detenidos que pudieran entorpecer el caso. Para ellos, es una gran noticia. Para la sociedad, absorta ante las idas y vueltas inexplicables, es otro poderoso motivo para repudiar a todo el poder judicial.
