La AFIP reclamó al juez comercial Javier Cosentino que Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa paguen con su propia plata la deuda de Oil Combustibles, la principal empresa del Grupo Indalo, que supera los $ 17.000 millones. Y cuestionó la decisión del juez comercial Javier Cosentino, que le pidió a la AFIP que proponga un plan de pagos y una moratoria para esa deuda de la petrolera, "tal como hacía (Ricardo) Echegaray, que siempre le daba planes de pago y Cristóbal nunca pagaba", dijo a Clarín una alta fuente de la AFIP. Asimismo, el organismo recaudador le pidió a los interventores judiciales que "tomen todas las acciones posibles para recuperar" los cientos de millones de pesos que Oil Combustibles le transfirió durante este año a las otras empresas del Grupo Indalo. Y que constituyan una cuenta especial, no embargable, para proteger los salarios de los trabajadores. El juez comercial Javier Cosentino citó para el próximo lunes a la AFIP y a los interventores judiciales, para reclamarle al organismo recaudador que defina si va a pedir la quiebra o va a aceptar una quita y un plan de pagos por la deuda de Oil Combustibles, que supera los $ 17.000 millones. Sin embargo, en un escrito al que accedió Clarín, la AFIP le respondió ayer al juez Cosentino y le pidió que "se cite a una asamblea extraordinaria de accionistas, a celebrarse en sede judicial y en presencia de los interventores, de la Sindicatura y del Comité de Control, para que se evacuen las precisiones arriba requeridas, con el objetivo de que todas las partes involucradas, así como VS (vuestra señoría), posean los elementos de juicio necesarios para disponer el modo más eficaz para la continuidad de la empresa y la cancelación de las deudas, tanto concursales como post concursales". Es que los tres interventores judiciales designados por Cosentino plantearon que, es "inviable" el pago de la deuda acumulada por Oil Combustibles, "si no se admitiera una quita muy relevante y, a la vez, una espera prolongada". El informe realizado por los interventores Carlos Bianchi, Liuba Lencova Besheva y Francisco Cárrega sostuvo que además de la deuda que está en concurso de acreedores, al 1 de marzo habían otros $ 2.000 millones de deuda posconcursal, de los cuales $ 1.500 millones correspondían a deuda con la AFIP. Es imposible pagar esa cantidad de dinero "con los números que exhibe actualmente la empresa", dijeron los interventores judiciales en su informe. Para los interventores judiciales, "es imperativo, entonces, que la AFIP se pronuncie concretamente sobre la existencia de posibilidades excepcionales de reestructuración -mediante quitas, esperas u otros mecanismos- de esa deuda posconcursal, de acuerdo a la normativa aplicable vigente y a los criterios del organismos, o en su caso, manifieste la improcedencia". La AFIP le respondió que Cristóbal López y Fabián de Sousa paguen la deuda con su propia plata. "Se hace saber que López y De Sousa son propietarios de diversos bienes y de créditos por la venta de su participación accionaria en otras sociedades, activos que fueron informados oportunamente al juez Ercolini, así como otros bienes radicados en el exterior, que no fueran aun informados", planteó el organismo en el escrito. "A esta altura no puede soslayarse que constituiría incurrir en el mismo error que precisamente llevó al actual estado de Oil Combustibles, consistente en basar la continuidad de la empresa exclusivamente en un nuevo financiamiento o tratamiento especial por parte de mi representada, ahora por la deuda post concursal", agregó en el escrito el abogado de la AFIP. Y destacó que "tanto la conducción original de Oil Combustibles, como los ahora desplazados Rosner y Dellatorre, emulando la gestión del período pre concursal, dejaron de pagar el impuesto a los Combustibles Líquidos y remitieron sumas equivalentes al tributo recaudado a las empresas vinculadas al Grupo Indalo, y efectuaron los gastos que provocaran el llamado de atención tanto de la Sindicatura cuanto de los entonces coadministradores". Es que el martes el juez Cosentino intervino la principal empresa de Cristóbal López, y desplazó a los administradores Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre. El magistrado designó como interventores a los coadministradores judiciales que había puesto el mes pasado en la petrolera, porque éstos detectaron una serie de "irregularidades" que lo convencieron "acerca de la necesidad de desplazar totalmente al órgano de administración natural de la sociedad", planteó el juez que lleva adelante el concurso de acreedores de Oil Combustibles. Los interventores judiciales de la compañía comprobaron que en el mes de enero una Asamblea aprobó honorarios excesivos para sus directivos, por $ 22, 8 millones, pese a que la empresa había tenido una pérdida de $ 625 millones en su último balance cerrado en junio pasado. "Es decir, que se aprobaron honorarios por montos muy superiores a los aprobados en el ejercicio anterior, con una pérdida mucho más significativa", dijo el juez Cosentino. Uno de ellos fue el pago de $8, 1 millones en honorarios a Rosner y Dellatorre, dueños del fondo de inversión OP Investment, que tuvieron que devolver ante el reclamo de los entonces tres co administradores judiciales -ahora interventores de la compañía-. En simultáneo, ambos directivos se habían contratado como empleados de Oil Combustibles en relación de dependencia, el 1 de diciembre pasado, con sueldos netos de $ 219.000 y $ 194.000 mensuales, respectivamente, sin la "autorización del Juzgado del concurso". El cargo que Rosner y Dellatorre tenían en sus recibos de sueldo era de vicepresidentes de Reestructuración Financiera". Al salir de prisión, donde estuvo por más de 80 días, Cristóbal López improvisó una conferencia de prensa frente a su departamento en Puerto Madero y aseguró que jamás vendió las empresas de Indalo a OP Investment. "Sigo siendo el dueño", manifestó. Sin embargo, eso no significa que Cristóbal López haya intentado mejorar la situación de sus empresas. El juez Cosentino planteó que los socios de Oil Combustibles informaron que "no harían aporte de capital alguno ni prestarían recursos a la sociedad, y que no existía posibilidad de inyección inmediata de fondos", pese a que Oil "se halla en estado de cesación de pagos respecto de su pasivo postconcursal y de sus obligaciones corrientes". Pese a ello, el apoderado judicial de Oil Combustibles, Eduardo Favier Dubois, que responde a Rosner y Dellatorre, apeló la intervención judicial de la compañía y acusó al titular de la AFIP, Alberto Abad, de llevar adelante una "persecución personal" contra Oil Combustibles. "La AFIP quiere que Cristóbal López y Fabián de Sousa paguen la deuda de Oil Combustibles, con su propia plata y sus bienes, que tienen en la Argentina y en el exterior. Mientras tanto, que los trabajadores sigan cobrando sus sueldos", concluyó una alta fuente de la AFIP.
