“Hola Juan, perdón que te moleste mi nombre es Andrea Antico soy de Bariloche estamos pidiendo información sobre Santiago Maldonado. ” Así, a través de un mensaje de texto, la cuñada del tatuador anarquista desaparecido el 1º de agosto en territorio mapuche recuperado en Cushamen solicitaba ayuda luego de tres días sin noticias. Este SMS, una comunicación entre privados, llegó al teléfono celular de dos funcionarios públicos: el comandante de Gendarmería Fabián Méndez, quien lo reenvió al jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Andrea y Sergio estaban desesperados, alguien les sugirió que contactaran a Juan Carr, de la Red Solidaria, y así lo hicieron. ¿Cómo es que este mensaje apareció en los peritajes de los teléfonos de los gendarmes en la investigación por la desaparición y muerte de Santiago? La respuesta no vendrá de ese expediente, dado que allí no hay aún ningún imputado a quien preguntarle, y el accionar judicial apunta a estancar la pesquisa. Sin embargo, bien podría suceder en la causa por espionaje que acaba de ser devuelta al despacho del juez federal Daniel Rafecas. Ese magistrado podría sacarse la duda interrogando a quien sí está imputado: el funcionario Gonzalo Cané, enviado especial de Patricia Bullrich a Esquel durante las primeras semanas, cuando el cuerpo de Santiago aún no había aparecido flotando en el río Chubut. En septiembre, PáginaI12 dio cuenta del espionaje, y en ese momento Sergio Maldonado admitió su malestar, pero enfatizó que su prioridad era “encontrar a Santiago”. En diálogo con este diario, Maldonado resume ahora la sensación que vive. “Te están vigilando, no es paranoia, se nota si es un periodista u otra cosa, que alguien se ponga a hablar fuerte a las tres de la mañana, uno lo escucha detrás de la pared, luego se hace un silencio, me quedé quieto pensando que me iban a abrir la puerta para entrar en la habitación”, recuerda al referirse a lo sucedido durante la madrugada del 12 de agosto, en el hotel Milán ubicado frente al Paseo La Plaza, donde iban a descansar tras participar del primer acto en Plaza de Mayo por Santiago, y escuchó a alguien leyendo fragmentos del discurso que su compañera Andrea había dado en el acto. Esta semana lo había relatado ante el camarista Martín Irurzun, de la sala II de la Cámara Federal porteña, en el marco de la apelación de la competencia de la causa por espionaje contra Gendarmería iniciada por la legisladora del FIT, Myriam Bregman, y el equipo legal del Ceprodh. A instancias de la fiscalía, esa denuncia hubiera ido al juzgado del cuestionado juez Guido Otranto, pero Irurzun determinó que siguiera en la justicia federal porteña. Maldonado y Bregman sostuvieron que las tareas de inteligencia de las que fueron víctimas fueron producto de órdenes impartidas desde el gobierno nacional. “Uno no sabe cómo reaccionar, son situaciones todas diferentes, como cuando encontraron el cuerpo... En otra oportunidad en un hotel en Esquel, nos estaban sacando fotos desde una camioneta Duster, Andrea salió, los encaró y los tipos se fueron, en ese momento tomó el coraje, veíamos los flashes, no eran reporteros de prensa. Estaba nuestra abogada, Verónica Heredia”, agregó Maldonado, en un alto de su trabajo, desde Bariloche. Y enumeró cada uno de los hechos que considera como parte de las intimidaciones e intrusiones padecidas desde aquel 1º de agosto, cuando su vida cambió para siempre. “Hemos tomado conocimiento en el marco de las causas judiciales que se instruyen a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, que se persigue e investiga ilegalmente a su familia y a quienes reclaman por la aparición con vida del joven, quienes son sometidos a inteligencia ilegal por esos mismos cuerpos de información que aquí se denunciaron y que obran sobradas muestras sobre que toda esa información recabada en múltiples lugares del país se reúne en el Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo, y que el sistema informático que centraliza ese material funciona en la sede central de Gendarmería Nacional, el Edificio Centinela de esta CABA”, consta en la denuncia que originó la causa en octubre. Los abogados y abogadas del Ceprodh relataron que también detectaron seguimientos cuando estuvieron en Esquel, en bares y estaciones de servicio del centro, y que fueron fotografiados por personal de civil con teléfonos celulares. Cuando los cronistas, entre ellos Sebastián Premici para PáginaI12, relataron desde esa ciudad que la zona estaba “militarizada” y “plagada de agentes de inteligencia encubiertos” no era una metáfora. Uno de ellos apareció ante otro equipo de abogados en un hostel donde habían pernoctado, y se presentó al día siguiente como el “capitán Morgan”. En esos días, cada vez que el abogado de Gendarmería salía del juzgado de Otranto aparecía Morgan detrás. Entre las pruebas de la inteligencia ilegal están las actividades desarrolladas por el Centro de Reunión de Información Neuquén, de la Gendarmería, bajo el título de “cronología”: No pocos consideran que el caso Maldonado se cerró cuando fue anunciado el resultado de la autopsia, como si el hecho de que hubiera muerto por ahogamiento fuera una sentencia absolutoria de todos los gendarmes que lo rodeaban en ese momento, así como de quienes les dieron las órdenes. Pero entonces, ¿con qué objetivo el gobierno a través de su fuerza de choque predilecta desplegó estas tareas de inteligencia sobre la familia de Maldonado si fueron tan ajenos a su muerte? ¿Si el fallecimiento del tatuador fue un mero accidente, como claman los voceros de Cambiemos, por qué espiaron la vida privada de su familia, su entorno, la comunidad mapuche donde desapareció y hasta a las personas que integran las redes de apoyo? El Estado gastó recursos humanos y materiales para vigilar a la familia del joven cuyo caso acaso sea el más emblemático de las desapariciones y muertes en democracia. Los agentes de “inteligencia” se metieron en sus teléfonos, mesas de café y casi hasta en sus habitaciones. Pero si a esta altura el escalofrío ya recorrió la espalda del lector, hay más: los investigadores sospechan que también pudo haber habido seguimiento a Santiago Maldonado previo a su desaparición. Esa información podría estar en los discos rígidos de las computadoras de Gendarmería que fueron secuestradas el 17 de agosto, a pesar de la resistencia que mostraron el comandante Diego Balari y los abogados de esa fuerza. Además, a fojas 1067 de la causa Maldonado consta la preocupación de Cané, que ostenta el cargo de secretario de Relación con los Poderes del Ministerio de Seguridad, por el carácter “secreto, reservado y confidencial” de la información de todos los dispositivos que usaron los gendarmes, para lo cual solicitó a la fiscalía limitar el peritaje de los mismos y mantener el resultado en “reserva”. Este funcionario, ya imputado en la causa por el espionaje tras haber hecho una presentación “espontánea” con el único objetivo de tener acceso a la misma, pretendía que el peritaje fuera realizado sólo respecto del material referido al 1º de agosto. No lo consiguió con los celulares, aunque todo indica que sí tuvo éxito en frenar o limitar el análisis de las computadoras. El juez de la causa madre, Gustavo Lleral, ya tiene los listados de llamadas del celular de su superior, Pablo Noceti, y es de suponer que estaría realizando el entrecruzamiento con los de los gendarmes. Los movimientos de los querellantes y primeros denunciantes de la desaparición de Santiago, Julio Saquero y Mabel Sánchez de la APDH, también figuran en los partes de inteligencia. Todos y cada uno de los miembros de las redes de apoyo a la Lof de Cushamen, que recuperó un territorio que está bajo la propiedad del empresario Luciano Benetton, vivió episodios intimidatorios: aparición de fotos con el rostro de Santiago perforadas por un balazo en sus ventanas, escuchas telefónicas, infiltrados en machas y radios, y amenazas de todo tipo. Al amigo de Santiago, Ariel Garzí, lo habían secuestrado policías de Río Negro y mientras lo golpeaban le decían que se dejara “de joder con esos indios de mierda”. Cinco episodios intimidatorios más sufrió Garzí entre enero y agosto del año pasado. Sin duda, estaba en la mira de los espías. ¿También lo habrá estado Maldonado?
“Están vigilando, no es paranoia”
La causa por espionaje se encuentra en el despacho del juez federal Daniel Rafecas, quien deberá determinar la razón por la que los mensajes privados de la familia Maldonado aparecieron en los teléfonos de los gendarmes.