Es más fácil identificar a un asesino, atraparlo, reunir las pruebas en su contra y condenarlo que sancionar al juez que, contra toda recomendación, lo sacó de la cárcel y lo puso en la calle para que estuviera en condiciones de violar y asesinar. O sea que el que abre la puerta mantiene la impunidad necesaria para volver a abrirla. Dentro de dos semanas, el 1° de abril, se cumple un año del día que Gualeguay llevará para siempre teñido de sangre en su calendario: aquel en el que Micaela García salió de un boliche para ser secuestrada por un asesino que convirtió su regreso a casa en un viaje de ida al infierno. La estudiante, de 21 años, fue violada y asesinada en medio del terror inimaginable de un descampado. La investigación tardó menos de una semana en determinar que ese asesino era Sebastián Wagner, un hombre que ya sabía de eso. La Justicia de Entre Ríos también sabía que él ya sabía de eso. Pero le pareció que valía la pena darle otra chance. El 7 de julio de 2010, Sebastián Wagner había atacado en Concepción del Uruguay a una estudiante cuando volvía de dar un examen. Entró a la pensión donde vivía, le robó dinero, le pegó y la violó. El 17 de noviembre del mismo año, saltó en plena calle sobre otra estudiante, le puso un cuchillo encima para subirla a su auto y abusó de ella. Esta vez sí lo atraparon, confesó y acordó con la Justicia una pena de 9 años de prisión en un juicio abreviado. La condena fue más baja que la que le hubiera correspondido en un juicio oral. Su apuro para cerrar el acuerdo tenía un motivo: había más casos. Mientras cumplía la sentencia surgió la denuncia de una tercera víctima, que se animó a revelar que el 11 de mayo de 2010 Wagner la había secuestrado y violado. Esto podría haberle costado una condena extendida, pero un defensor rápido de reflejos argumentó que el abuso lo había cometido el hermano gemelo de su cliente. Un ADN podría haber aclarado el punto, pero la complejidad del análisis -no cualquiera diferencia los códigos genéticos de gemelos- lo hacía costoso. A nadie le importó el costo pagado por la víctima. La Justicia decidió no hacer el ADN y Wagner fue absuelto de este nuevo cargo. Igual había algo tranquilizador: la condena que ya tenía vencía el 16 de julio de 2018. Es decir, que aún hoy debería estar preso. Pero, paradojas del tiempo, en el camino de Wagner apareció el juez de Ejecución Penal de Gualeguaychú, Carlos Rossi. En 2016, Wagner le pidió a este juez que le concediera la libertad anticipada. Como manda la ley, el juez les solicitó a los peritos de la Unidad 9 de Gualeguaychú que lo evaluaran. “Visto lo dictaminado en el informe del Equipo Técnico Criminológico de esta Unidad, donde se emite opinión desfavorable, y que el interno, más allá de respetar las normas establecidas en esta institución y de cumplir con laborterapia (. . . ), en el aspecto educativo y psicoterapéutico no se ha incorporado a los espacios que brinda la Unidad, (. . . ) este Consejo Correccional emite opinión desfavorable en relación a lo peticionado por el interno”, le respondieron. “En el abordaje psicológico se trata de focalizar en los aspectos relacionados con el daño causado, teniendo el interno poca adherencia en relación a esto como también a lo referido a la libertad sexual de terceros. El mismo mantiene un inadecuado control de los impulsos con posible pasaje al acto…”. Posible pasaje al acto. “El grado de reinserción social alcanzado no admite un pronóstico favorable para el acceso al instituto de la libertad condicional...”. Todos los informes eran tan concordantes, coherentes y razonables que a Rossi le pareció mejor no llevarles el apunte y darle la libertad a Wagner, el 1° de julio de 2016. Esta libertad, escribió el juez, será “un aliciente y estímulo para los demás internos, que pondrán todo de sí para lograrla”. Así fue como comenzó la cuenta regresiva de la vida de Micaela. Como un aliciente. Habrá sido eso lo que estimuló a Wagner a confesar el crimen de la estudiante tras su arresto, el 7 de abril de 2017. “Fue una noche repleta de excesos”, les dijo a los investigadores el asesino de Micaela. “Salimos de cacería”, agregó, señalando a otro acusado, Néstor Pavón, a quién la Justicia sólo consideraría encubridor. “La violamos por turnos”. Ocho pedidos de juicio político llovieron sobre el juez Rossi a partir de esta confesión de Wagner. Su primera respuesta fue pedir 20 días de vacaciones. “El doctor Rossi ha mantenido una conducta omisiva a la carga legal que le impone fundamentar con argumentos sus decisiones (. . . ), pese a los distintos informes negativos que habían efectuado el Equipo Técnico Criminológico, el Consejo Correccional de la Unidad Penal Nº9, y el Equipo Interdisciplinario del propio Juzgado de Ejecución de Gualeguaychú, e incluso el dictamen contrario del Sr. Fiscal, y otorgó la libertad condicional a Wagner (. . . . )”, sostuvo la acusación. Lo hizo “descalificando los mismos arbitrariamente (. . . ) sin argumentar científicamente demostrando su desacierto o su contradicción o incongruencia con los antecedentes del penado”. Y lo más grave: “El Magistrado efectuó una aparente fundamentación , haciendo propios los dichos del defensor de Wagner”. Apenas regresó de su licencia, Rossi se dedicó a obstaculizar el juicio político en su contra. Lejos de tomarlo como una chance de demostrar que actuó bien, recusó a cuanto miembro del jury pudo -son diputados y senadores provinciales, además de abogados y jueces de la Suprema Corte de Entre Ríos- hasta sumergirlo en la inacción. Recién a fin de 2017 el jury pudo constituirse y resolver que se le inicie el juicio político por “falta de idoneidad para el cargo” y “mal desempeño de sus funciones”. Para eso, el 7 de diciembre votaron suspender a Rossi y pasarle vista al Procurador General, Jorge Amilcar García, para que diera su dictamen. El caso ya era un papelón. Es que, para entonces, Wagner había sido condenado a perpetua por el abuso y muerte de Micaela: el 17 de octubre de 2017 lo habían hallado culpable de violación y femicidio. El procurador García presentó su dictamen contra Rossi el 15 de febrero pasado. Allí recogió los argumentos de los integrantes del jury que votaron por abrir el proceso, como el abogado Jorge Campos y la jueza de la Corte Susana Medina de Rizzo, quienes destacaron que en el fallo que había liberado a Wagner “no aparecen a la vista elementos de juicio que permitan desvirtuar los informes (desfavorables) ni se evidencian razones que concluyan fehacientemente que incurrieron en error” y recordaron que “la reincidencia en delitos sexuales creció un 88% en la Argentina y los abusadores sexuales tienen un altísimo porcentaje de reiterar una violación después de quedar en libertad” por lo que “hay que ser extremadamente cuidadoso cuando se analiza un pedido de libertad condicional”. Faltaron, destaca el dictamen, “prudencia y diligencia”. Así quedó todo listo para que el jury empezara a deliberar. Pero no iba a ser tan fácil. Los abogados del juez, Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, volvieron a entrar en acción. En lugar de defenderlo, tras conocer el dictamen recusaron a 4 de los 7 integrantes del Jurado de Enjuiciamiento. Desde su insólito punto de vista, al votar a favor de que se abriera el juicio, adelantaron su opinión. Así, objetaron a la jueza Susana Medina de Rizzo, a Jorge Campos, al senador Lucas Larrarte, y al diputado Daniel Koch. El absurdo no se detuvo ahí. El juez Daniel Carubia, que votó en contra de abrir el jury, se excusó de participar porque consideró que su propio voto lo inhabilitó. También se autoexcluyó una diputada, Leticia Angerosa, que ahora se dio cuenta de que había firmado uno de los pedidos de juicio político. Sus reemplazantes ya están designados. Pero es de esperar que Rossi los vuelva a recusar. O lo que sea para frenar el jury. “Están haciendo lo posible para que el jury a Rossi no pueda llevarse a cabo”, acusó el senador Nicolás Mattiauda. Entre jueces y legisladores están logrando que el proceso se convierta poco a poco en condena. Pero para la memoria de Micaela.
