Un profundo malestar causó en el Gobierno la decisión de ayer de la Corte Suprema de Justicia, que terminó por beneficiar a la expresidenta Cristina Kirchner al no habilitar al tribunal que la iba a juzgar porque ordenó que se vuelvan a sortear las causas por la distribución de la obra pública durante el kirchnerismo y el encubrimiento del atentado contra la AMIA. En la Casa Rosada atribuyen el pronunciamiento a un "pacto de impunidad" entre el peronismo y los tres magistrados que firmaron la acordada: el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Acusan a estos tres jueces del máximo tribunal de "mantener el status quo" al bloquear el trabajo del Tribunal Oral Federal Nº 9 (TOF 9) después de que se convirtió de un tribunal oral criminal a uno federal en diciembre de 2017. "Es claro el mensaje: el peronismo solo quiere la impunidad. Con este fallo retrasan como mínimo seis meses los juicios contra la expresidenta", dijo a LA NACION una fuente del Ministerio de Justicia. Como efecto de reacción, la resolución de la Corte potenció la posibilidad de que se defina el reemplazo de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó. El comportamiento del peronismo, junto con lo que el Gobierno califica como "el sistema", habría terminado por convencer al presidente Mauricio Macri de designar como jefa de los fiscales a la jueza Inés Weinberg de Roca, integrante del Tribunal Superior de Justicia porteño. "El objetivo es recortar el poder de Comodoro Py y del sistema. Es una persona de afuera de estos ámbitos, una persona que no tiene compromisos", destacaron cerca del Presidente. Sin embargo, en el Gobierno advierten que el tema no está totalmente definido y podría haber alguna sorpresa. La bronca con el PJ En la Casa Rosada todas las miradas se posaron sobre Lorenzetti, Maqueda y Rosatti por no habilitar al TOF 9, que hasta ayer tenía que decidir sobre el primer megajuicio por presunta corrupción del kirchnerismo y y el caso del presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, por el que está procesada Cristina Kirchner. Los tres integrantes de la Corte resolvieron que se sortearan nuevamente, mientras que Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz votaron en disidencia parcial. Además exhortaron "enfáticamente" a la Cámara de Casación, que fue la que había asignado las causas, a que en lo sucesivo "se abstenga de realizar actos que excedan su ámbito de competencia, en especial aquellos que puedan afectar la debida prestación del servicio de justicia como, en el caso, sortear causas a tribunales que no cuenten con la previa habilitación de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación". Lo paradójico es que el tribunal, que integran Alejandro Becerra, Silvia Mora y Alejandro Nocetti Achával, ya había recibido y juzgado casos federales que le envió la oficina de sorteos de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal.
