Parecía que con Cristóbal López estaba todo dicho. Pero no. Sigue sumando sorpresas: se ha descubierto una trama de pagos millonarios a abogados y famosos de la política con plata de la empresa Oil. Durante años López recaudó el impuesto a los combustibles en sus estaciones de servicio Oil y en lugar de girar esos miles de millones a la Afip se los quedó con la vista gorda de la Afip. Dinero dulce que no era suyo y del que se adueñó para comprar empresas. Muchísimas: se cuentan unas 170 en su grupo Indalo. López está procesado y en prisión por esa estafa. Para no pagar la deuda o para pagar la deuda con una quita y en comodísimas 96 cuotas, pidió el concurso de Oil que fue rechazado por fraudulento por un juez y que una cámara sorprendentemente habilitó. Oil debe una fortuna y en su último ejercicio perdió $ 600 millones. Pero la empresa encabezada ahora por Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre gastó decenas de millones en servicios de asesoramiento a López y para pagarse Rosner y Dellatorre beneficios. En la pila de contrataciones, los coadministradores puestos por el juez del concurso Javier Cosentino encontraron facturas del ex jefe de gabinete kirchnerista Alberto Fernández y del ex jefe del Central Martín Redrado. También del ex ministro de Justicia de Menem Rodolfo Barra y del ex juez Oscar Salvi. Oil, convertida en una caja para financiar gastos de López y de su socio Fabián De Sousa, también detenido. Y para financiar gastos de Rosner y Dellatorre: están a cargo de la compañía y se autocontrataron como empleados en relación de dependencia. Entre los dos retiraron más de $ 8 millones en “anticipo de honorarios”. Fueron intimados a devolver el dinero más intereses por los coadministradores judiciales. Lo devolvieron el 1° de marzo. Son las estrellas de los cobros en Oil junto a Carlos Beraldi, abogado de Cristóbal y de Cristina Kirchner y socio o ex socio del ex ministro Carlos Arslanian. Recibió un cheque de 13.498.775 pesos con 96 centavos. Curioso o no tan curioso: Beraldi fue quien disparó la prisión preventiva de Cristóbal y De Sousa. La historia en dos párrafos: el abogado le pidió al juez Ercolini que autorizara la venta de Indalo al fondo de Rosner y Dellatorre. Ercolini investiga el fraude con el impuesto a los combustibles y embargó empresas y bienes de López y de De Sousa. El juez consultó al fiscal y a los veedores judiciales. Coincidieron en que la propuesta de compra era poco seria: el fondo de Rosner y Dellatorre “no puede calificarse como grupo inversor”. Ercolini rechazó el pedido y Beraldi no sólo no apeló sino que le dijo al juez que Cristóbal ya había vendido sin la autorización judicial. Nadie entendió el engaño: Ercolini mandó a la cárcel a López y De Sousa. La denuncia por la venta de “una cosa embargada” está en manos del juez Martínez de Giorgi. Todo pasó a mediados de diciembre mientras Rosner se reunía en secreto con el nuevo jefe de la Afip Leandro Cuccioli, según informó La Nación. Rosner dijo haber sido jefe de Cuccioli en El Tejar, una offshore de Bahamas. Curioso o no tan curioso: el macrismo nombró como recaudador a un experto en offshores sin experiencia en impuestos. Hoy puede haber más novedades. Los camaristas Ballestero y Bruglia empiezan a decidir si Cristóbal y De Souza siguen en prisión. Ballestero, que viene de una intervención cardíaca, quiere liberarlos. Bruglia al revés. Probablemente desempate un tercer juez. La plata de los impuestos sigue sin aparecer.
