Ante las reiteradas intimaciones que la Inspección General de Justicia efectuó al Instituto Patria, el espacio político de Cristina Kirchner tras abandonar el Poder Ejecutivo, los apoderados del búnker K presentaron una apelación para que se deje sin efecto las actuaciones administrativas. Es que la IGJ quiere conocer quiénes son los socios y cuánto aportan por mes a este instituto que cuenta con personería jurídica. Fueron tres intimaciones las que realizó la IGJ al Instituto Patria con el objetivo de obtener el registro de socios del espacio político: su individualización y cuánto aportan mes a mes. Ante la falta de entrega de dicha documentación, se procedió a una sanción máxima en este caso, que consiste en publicar en un medio de gran circulación un anuncio que informe que fueron sancionados por el organismo que depende del ministerio de Justicia. La medida fue criticada por los apoderados del espacio político y con un duro escrito apelaron las acusaciones de la IGJ acusando que todo se trata de una “persecución política”, hablan de una actitud "abusiva" del organismo y aseguran que la información requerida se trata de “datos sensibles” que no pueden ser revelados. Con un escrito de 25 páginas, los representantes legales del Instituto pidieron que no se continúe requiriendo el registro de socios. La medida de la Inspección, según el Instituto K "es un mero ejercicio abusivo burocrático de las facultades del organismo, resulta abusivo e injustificado ya que en derecho administrativo los actos deben ser fundados y a favor del administrado y no en su persecución". Para la IGJ, los números del Patria no son claros. Tal como contó Clarín en 2016 cuando obtuvieron la personería jurídica, el instituto declaró ingresos por $ 2.367.232 ($ 1.280.140 corresponden a cuotas sociales). Hay cuotas de $ 500 para los socios activos, $ 1.000 para los plenos y $ 200 para los denominados benefactores. En 2017, el Patria recibió $ 1.783.910 por cuotas de sus asociados, $ 251.000 en donaciones y más de $ 283.000 por “eventos sociales”, entre otros ingresos. Uno de los principales gastos que tiene el Instituto es el alquiler de su edificio que son $ 60.000 más IVA mensuales según lo declarado en sus balances. La IGJ tiene bajo inspección recibos “de dudosa procedencia” respecto a comprobantes otorgados por el pago de cuotas societarias. Como también sospechan de facturas sin la “documentación respaldatoria” por más de $ 66.000 entre los gastos declarados por $ 276.674 durante el último ejercicio. El Instituto Patria planteó que se “tergiversaron” los datos y la información presentada por ellos y que “se filtró a los medios, la IGJ evidenció la incapacidad de reservar los datos". En tal sentido, señalaron que los pedidos e intimaciones recibidos no buscan cumplir con el rol de fiscalizador de la Inspección, sino con “el afán de conocer la nómina de nuestros asociados", lo cual "no obedece a sus facultades de fiscalización permanente”, sino “a la persecución política contra la entidad que representamos y sus asociados , lo que se evidencia a lo largo de todas las actuaciones”, indica el escrito al que accedió Clarín. Para los representantes legales del Patria no hay dudas que el registro de asociados “revela la postura política del Instituto y de sus asociados”. Y amparándose en la Ley 25.326 de protección de datos sensibles, remarcaron que no corresponde entregar tal información “ya que se podría determinar la opinión pública de esas personas”. La IGJ sostiene que en su potestad de fiscalizador permanente sobre el Instituto Patria, sí puede acceder al registro de asociados y quiere "constatar que los ingresos declarados guarde correlación con la cantidad de asociados y sus aportes", explicaron fuentes oficiales a Clarín. Las autoridades del espacio político, señalaron que esa documentación puede observarse en el lugar pero que no “estamos autorizados a entregar dicha información ni realizar fotocopias”. Así, el Instituto planteó la nulidad de todas las actuaciones y sostuvo que es “absolutamente innecesario a los efectos de fiscalizar el normal funcionamiento de la persona jurídica que representamos conocer la identidad de cada uno de sus asociados”. Ahora será la Cámara de Apelaciones en lo Civil la que deberá expedirse.
