El juez Luis Rodríguez ordenó la prisión preventiva de Atanasio Pérez Osuna intendente K de Río Turbio y ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y a uno de los ex gerentes de la empresa minera de Santa Cruz, Miguel Ángel Larregina. Además, se ordenó la prisión preventiva del diputado provincial del FpV Matías Mazú. Se trata por una obra conexa a la causa por defraudación que costó 500 millones de pesos y nunca se terminó. El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Omar Zeidán, denunció una maniobra defraudatoria el año pasado, cuando apuntó contra Romina Mercado como apoderada de la empresa que recibió tres desembolsos por un total de 50 millones de pesos -el último de ellos el 9 de diciembre de 2015, penúltimo día de gobierno de Cristina Kirchner. El contrato era por una obra de 7 kilómetros que nunca se terminó y se cobró por cifras millonarias. Se trataba de la readecuación de la llamada "Avenida YCF (antiguamente Yacimientos Carboníferos Fiscales)", que es el camino que va desde la rotonda de ingreso de Río Turbio hasta la vecina localidad de 28 de Noviembre. En esta causa el magistrado ordenó las detenciones de Pérez Osuna y Larregina. El presupuesto fijado por el ex ministerio de Planificación para el camino de siete kilómetros -que nunca se hizo- fue de 494.235.000 pesos. La constructora a cargo fue Fainser SA, denunciada en esta causa por el actual interventor de YCRT, Omar Zeidán y cuya apoderada es la hija de Alicia Kirchner. Zeidán sostuvo ante la Justicia que pocos días antes del recambio del Gobierno nacional, en diciembre de 2015, Fainser SA recibió 50 millones de pesos por parte de YCRT a través de un convenio con el municipio y fondos nacionales para la readecuación de la avenida. Después de los tres primeros pagos hechos a Fainser, las nuevas autoridades de YCRT suspendieron los desembolsos. Así y todo, Fainser SA envió una carta documento a las autoridades locales, ya que la obra se hacía en convenio con el municipio e YCRT, reclamando un anticipo de más de 25 millones de pesos. Ese monto nunca se pagó, y ahora investiga la justicia.
