El fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari, quien pidió en un programa de radio que caiga el gobierno del presidente Mauricio Macri, fue denunciado por el delito de encubrimiento en su rol como funcionario a cargo de la investigación de las irregularidades en la financiera Cordubensis (CBI), conocida como la versión cordobesa de "La ruta del dinero K". Los abogados Justo Casado y Manuel de Allende -defensores de uno de los empresarios denunciados, Darío Ramonda– realizaron la presentación ante el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, en la que solicitaron que el polémico fiscal sea apartado del caso, pero el magistrado rechazó el planteo. Fuentes de la causa consultadas por Infobae cuestionaron la resolución del juez porque "hay millones de cheques que el fiscal no quiso investigar, lo mismo que sucedió con Lázaro Báez; es más, Senestrari es amigo de Gonella, que encubrió la ruta de la obra pública de Córdoba". A mediados de febrero, la causa CBI cumplió 4 años. Se inició con la muerte del vicepresidente de la financiera, Jorge Suau que, al dejar una carta, abrió la posibilidad de iniciar una investigación que involucró a importantes empresarios y políticos de Córdoba. Según consignó el diario La Voz del Interior, en CBI se tomaba y se prestaba dinero y su dueño, Eduardo Rodrigo, además de los socios Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera y Oscar Américo Altamirano, conformaron una asociación ilícita para incurrir en esta y otras actividades ilegales. Así, Rodrigo está señalado como el jefe u organizador de la asociación ilícita, mientras que Darío Onofre Ramonda -de la concesionaria Centro Motor- como uno de los empresarios que habría actuado como aportante de capital para el movimiento de dinero. Precisamente, la defensa de Ramonda -al presentar el escrito- aportó documentación que vincula a uno de los colaboradores de Senestrari con uno de los imputados en la causa: se trata de fotos que muestran a ambos compartiendo unas vacaciones, publicadas en las redes sociales. Además, se hace referencia a todas las maniobras que el fiscal evitó realizar para investigar la denominada "ruta del dinero" ni el "desvío millonario" de dinero que era destinado a obra pública. A pesar del rechazo por parte del juez Vaca Narvaja, será la Cámara Federal la que tenga la última palabra. Por otro lado, a mediados de febrero se elevó un pedido ante el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, que aplique una sanción de 15 días de suspensión para el fiscal Enrique Senestrari. Se trata de una solicitud realizada por el fiscal Rafael Vehils Ruiz, designado como instructor del sumario administrativo iniciado por un pedido del presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera. Al analizar el caso, consideró que Senestrari incurrió en "falta de decoro" por pedir que Macri deje su mandato antes de tiempo. Ante este pedido, Casal tiene tres posibilidades: desestimar las actuaciones, imponer la sanción que considere conveniente o "decidir la apertura de la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, si los hechos investigados configuran causal de remoción".
