Cristina Kirchner pidió ir a juicio oral en la causa que investigó el direccionamiento en la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez durante su gestión como presidenta. Y así ocurrió. El juez Julián Ercolini dio por clausurada la instrucción y elevó el expediente a la próxima instancia. Se trata del segundo juicio oral que tiene CFK en la Justicia federal. El paso judicial se tomó después de que vencieran los plazos para que los imputados, entre ellos Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Báez, respondieran a la demanda civil por $ 22.500 millones que les realizó Vialidad Nacional. En ese monto se estimó el daño y perjuicio ocasionado por los fondos otorgados al Grupo Austral del empresario K y las obras que quedaron inconclusas. Es el expediente más importante de las causas por corrupción que tiene la ex Presidenta, ya que la Sala II de la Cámara Federal porteña determinó que las maniobras investigadas son ni más ni menos que un delito precedente que permitió expandir “la matriz de corrupción” a otras investigaciones por lavado de dinero, donde se reiteran prácticamente los mismos acusados. El juez Ercolini acusó a la actual senadora de Unidad Ciudadana de ser “jefa de una asociación ilícita” y haber defraudado al Estado por favorecer a Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por 46.000 millones de pesos durante los gobiernos kirchneristas. La imagen del juicio avizora a Cristina Kirchner por primera vez compartiendo el banquillo de los acusados con Báez. Se verá al Tribunal Oral Federal frente a veinte personas procesadas por presunta participación en una misma maniobra, con diversas responsabilidades y, según la acusación, un único fin: "Convertir al amigo presidencial en el principal empresario de la obra pública en Santa Cruz". La elevación a juicio sucede tras el pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Para Cristina Kirchner, esta causa "encierra y consolida aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados por mi parte a través de las presentaciones". Para los fiscales se instauró una "maniobra de corrupción" desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral” de Lázaro Báez. Ese circuito de contrataciones "irregulares" permitió que entre 2004 y 2015 el patrimonio del "amigo presidencial" creciera un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos "eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes" Cristina y Néstor Kirchner. Se estableció que hubo “beneficios exclusivos" para Báez, que se convirtió en el "empresario de obra pública vial más beneficiado" por las gestiones K. La causa plantea que Cristina y sus ex funcionarios vinculados a la administración y control de la obra pública formaron parte de "una asociación" destinada a "cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz". La "operación criminal" fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina para "pervertir su función" y utilizar el Estado para "enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad".
