La fiscal federal de Quilmes Silvia Cavallo imputó por presunto lavado de dinero al jefe de Camioneros Hugo Moyano y a su hijo Pablo, en la causa en la que se investiga si usaron al Club Atlético Independiente para blanquear fondos de las empresas de su familia. Se trata de la institución de la que son presidente y vice, respectivamente. El juez federal de Quilmes Luis Armella deberá decidir si hace lugar o no a esta medida. Los sindicalistas ya eran investigados por asociación ilícita en el club, encabezada por el barrabrava Pablo "Bebote" Álvarez, que habría defraudado en millones de pesos al club de Avellaneda. Esta nueva medida complica la situación judicial del líder de Camioneros, que ya tiene una causa abierta por enriquecimiento ilícito y otra por el uso de facturas apócrifas en el gremio. El barra involucró a los Moyano en maniobras ilícitas. "Por el momento se encuentran imputados Hugo Moyano, presidente del Club Atlético Independiente, el secretario general, Héctor Maldonado (alias Yoyo) y el vocal Pablo Moyano, y los directivos de la firma "Aconra SA", sin perjuicio que con el avance de la investigación recaiga imputación penal en otros directivos y/o personas", indica la resolución de la fiscal, que mencionó a una de las empresas de la familia de los Moyano. En su pedido la fiscal dispuso 13 medidas de prueba para que se determine si una serie de empresas "han sufrido algún tipo de extorsión, exigencia dineraria y/o la obligación de entrega de bienes o productos por parte del Club Atlético Independiente y particularmente de Pablo Moyano y/o del gremio de Camioneros", de acuerdo a la resolución a la que accedió La Nación. En paralelo la Justicia Federal de Córdoba pidió que se cite a indagatoria al presidente de Independiente para que declare como presunto responsable de los delitos de lavado de dinero y defraudación por la compra de terrenos en La Falda. Así lo solicitó el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, en una medida que deberá resolver el juez Federal 2 de la provincia, Alejandro Sánchez Freytes. Esta causa empezó con una denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por las maniobras "sospechosas" de compra y venta de cinco terrenos en 2004 ya que, en un lapso de tres meses, hubo una sucesión de compradores que "sospechosamente" hicieron que pasaran de costar $ 300.000 a $ 6 millones.
