El Learjet LV-BPL en el que el 5 de abril de 2016 Lázaro Báez llegó al aeropuerto de San Fernando, donde se ordenó su detención, tal como contó Clarín, oficialmente fue entregado al Ministerio de Seguridad la semana pasada cuando se firmó el acta con el juez Sebastián Casanello. Asimismo, el viernes pasado la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) se notificó de la entrega del segundo avión, un Rockwell Commander. Ambas aeronaves fueron tasadas oficialmente y tienen un valor de 728.00 dólares. El Estado será el responsable de contratar un seguro contra todo riesgo "para la conservación de las aeronaves y mantener su valor". Con la firma de las dos actas correspondientes, los aviones que pertenecen a la empresa Top Air SA cuyo mayor accionista es Austral Construcciones firma insignia de Lázaro Báez. La empresa de taxis aéreos es investigada dentro de las maniobras de lavado de activos de la Ruta del Dinero K. La premisa de la justicia es que las aeronaves secuestradas por Casanello fueron utilizadas "para el traslado de dinero" que terminaría siendo parte de las operaciones de blanqueo. En prisión hace más de quince meses, con embargos millonarios y gran parte de sus bienes inhibidos, el empresario K observó cómo la Justicia comenzó a disponer sobre sus bienes que superan los 2.700 millones de pesos, sólo lo tasado oficialmente. Con el fin de otorgarles "un fin social" y evitar su deterioro, bajo el mismo lineamiento con el que otorgó a la Dirección de Vialidad Nacional la guarda judicial de más de 400 máquinas de Austral Construcciones, el juez Casanello le hizo la entrega oficial de uno de los aviones más importantes de Báez, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, según confirmaron a Clarín fuentes judiciales. El acta se firmó la semana pasada, consignando que el Learjet LV BPL tiene un valor oficial 517.000 dólares. Su operatividad requiere de una importante inversión. Detenida hace más de quince meses, deben revisar uno de los motores y el sistema de navegación que no estaba funcionando en su totalidad. La inversión que demandará la puesta en funcionamiento del costoso avión que usaba Lázaro Báez, recaerá sobre el ministerio de Seguridad que utilizará la aeronave para "la lucha contra el crimen organizado y delitos complejos", como así también "para lograr el desplazamiento más eficiente y rápido a los diferentes escenarios del territorio nacional", donde se combatan dichos delitos. Antes de utilizarlo, el ministerio de Seguridad está obligado a contratar "un seguro contra todo riesgo que garantice la conservación de la aeronave y así también la conservación de su valor", explicaron fuentes judiciales. La Policía de Seguridad Aeroportuaria ya fue notificada de la decisión del juez, y entregarán el Learjet a la cartera que dirige Patricia Bullrich. El segundo avión, un Rockwell Commander tasado en 211.300 dólares, quedó en manos de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC). Es la aeronave más deteriorada y que demandará más inversión para su utilización. El objetivo es destinarla al "traslado en el menor tiempo posible al lugar (donde se produzcan accidentes aeronáuticos) y poder realizar la recolección y análisis de las evidencias, a fin de comenzar con el proceso de investigación". Las autoridades de la JIAAC firmaron el viernes pasado el acta y antes de retirarlo del aeropuerto de San Fernando, enviarán a sus equipo técnicos para presupuestar cuánto presupuesto se requiere para acondicionar la maquinaria. Al igual que el ministerio de Seguridad, la aeronave deberá ser asegurada contra todo riesgo. La decisión del juez Casanello fue apelada por Walter Zanzot, presidente de Top Air SA y uno de los que junto a Martín Báez (el mayor de los hijos varones del empresario K), contaba dinero en la financiera "La Rosadita". Sin embargo, el juez dispuso entregar los aviones al ministerio de Seguridad y a la JIAAC bajo la figura de "depositario judicial para la conservación y resguardo" de dichos bienes. Hay un tercer avión involucrado, el Learjet LV-ZSZ que Lázaro Báez compró en 2007 a los hermanos Juliá (condenados a prisión en España por narcotráfico) y que según denunció el financista Federico Elaskar, habría sido usado para sacar grandes sumas de dinero del país y depositarlas en el exterior. Este avión se incendió en 2015 y la aseguradora pagó por el mismo 1.300.000 dólares que fueron cautelados por el juez Casanello como parte de las medidas tomadas sobre el patrimonio del dueño del Grupo Austral. Zanzot reclama dicha suma de dinero, algo que también rechazó el magistrado.
