Tras disponer el cierre de ocho establecimientos del Delta, el gobierno bonaerense decidió clausurar 39 escuelas rurales de la provincia a solo diez días del comienzo del ciclo lectivo. El bloque de diputados del FPV ya presentó un pedido de informes en la Legislatura para que la gobernadora María Eugenia Vidal brinde explicaciones, mientras que Suteba está haciendo un seguimiento “escuela por escuela” El cierre alcanza a tres jardines rurales y un secundario para adultos de la localidad de Tres Arroyos, dos primarias de General Viamonte, ocho escuelas en Lincoln, dos primarias de Junín, dos en Balcarce, dos en Chivilcoy, dos en Pehuajó, tres en Bolívar y una en Chascomús, entre otras. El riesgo de que muchos de los alumnos queden completamente expulsados del sistema educativo existe, a pesar de que sean relocalizados, porque es probable que muchos de ellos no cuenten con los recursos necesarios para trasladarse a sus nuevas instituciones. El bloque de diputados del Frente para la Victoria en la Legislatura bonaerense reclamó respuestas a la gobernadora a través de un pedido de informe porque afirman que no hubo “ninguna comunicación formal” detallada sobre las escuelas que correrán esta suerte. “Para la comunidad rural es una decisión muy fuerte, la importancia del derecho constitucional a la educación pública merece un trabajo con la comunidad, con las familias y una argumentación que vaya más allá del costo económico. La educación de un chico es una inversión y no un costo”, resaltó a PáginaI12 la diputada Lucía Portos, quien adhirió a la presentación de su bancada. La legisladora ya había presentado un pedido de informe a Vidal previamente por el cierre de las ocho escuelas del Delta. Vidal ordenó cerrar más de 30 escuelas sin evaluar las causas demográficas o socioeconómicas que derivaron en la falta de alumnos. En el documento que presentaron el martes, los legisladores pidieron que se especifique cuál es la población afectada y que se brinden detalles sobre el trabajo previo que se realizó con los alumnos, los docentes y las familias alcanzadas por el recorte. “La situación de un solo alumno vale la pena porque estamos, además, condenando a un pueblo con dificultades de subsistencia a desaparecer”, advirtió Portos. La diputada apuntó contra el oficialismo provincial: “Nos prometieron jardines y terminan cerrando escuelas”. Los docentes y directores de las instituciones repudiaron los cierres y la fusión de cursos, muchos de ellos comunicados por los jefes distritales. En Maipú, ayer se realizó una movilización en contra de la decisión, bajo el lema “luchemos por nuestros derechos y por una educación de calidad”. Los dirigentes docentes señalaron que la matrícula del año pasado fue de 18 alumnos, en contra de la justificación oficial. Algunos intendentes también se sumaron a los reclamos. Por caso, el jefe municipal de Chascomús, Javier Gastón, se quejó en medios locales: “Las escuelas son la herramienta fundamental para generar igualdad de oportunidades”. Una decisión de este tipo debe ser consultada en las Unidades Educativas de Gestión Distrital, una mesa de debate en la que convergen sindicatos, inspectores, directores de las instituciones, la jefatura en educación y los representantes de la intendencia de cada distrito. Las reuniones todavía están vigentes y dos estaban agendadas para el día de ayer, aunque Sánchez Zinny ya había confirmado los cierres a los medios. Según explicó, la decisión prevé convertir esos establecimientos en centros de capacitación en oficios y unificar a los alumnos en pocas escuelas. Desde Suteba remarcaron que no están en contra del cierre de las escuelas sin alumnos, siempre que se reconvierta al edificio en un centro educativo y se relocalice a sus maestros como dicta el Estatuto Docente, pero ya dejaron en claro que no van a permitir que se cierren instituciones con chicos. “Desde diciembre logramos frenar el cierre de varias escuelas rurales y de cursos. Cuando no hay alumnos, hay que evaluar por qué, porque esto no pasa de un día para el otro y tiene que ver con las políticas públicas que se hicieron o no”, resaltó a este diario María Laura Torre, secretaria gremial de Suteba. Torre aclaró que los parámetros para medir la cantidad de alumnos en las escuelas rurales, en contra del argumento del Ejecutivo provincial, dista mucho de las urbanas, donde se esperan 20 matriculaciones o más por año. “Estamos haciendo un seguimiento escuela por escuela de las rurales para garantizar el derecho a que todos los alumnos tengan educación y garantizar el seguimiento de los derechos laborales”, sintetizó la dirigente.
