La Sala VI de la Cámara del Crimen confirmó ayer el procesamiento del policía Luis Chocobar por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso en el cumplimiento de los deberes de funcionario público”. Es decir que el efectivo cometió un delito al dispararle cuatro veces por la espalda a un ladrón, después de que este dejara de representar algún peligro. Sin embargo, Chocobar fue defendido públicamente por el presidente Mauricio Macri y por la ministra Patricia Bullrich pese a que las imágenes exhibían al uniformado disparando a distancia y por la espalda a Pablo Kukoc, quien había participado de un robo instantes antes. El fallo de los doctores Rodolfo Pociello Argerich, Marcelo Lucini y Mariano González Palazzo deja en claro que Chocobar no fue héroe ni salvó a nadie, como dijo la Casa Rosada, ya que intervino cuando los dos delincuentes estaban en fuga y la máquina de fotos robada había sido recuperada por tres jóvenes que estaban en la puerta de un cíber. “Es por mérito de Chocobar que se evitó la puñalada número 11”, argumentó falsamente ayer Macri en su defensa del policía, contrariando las imágenes y los hechos. La resolución de los magistrados, además, deja entrever cuestionamientos al entrenamiento de Chocobar –el policía exhibió miedo, disparó tapándose la cara y no sabía apuntar– y es lapidario con el fiscal Ricardo Sáenz, que quiso intervenir en el caso defendiendo a Chocobar, pese a que no le correspondía. El objetivo de Sáenz fue alinearse en el team punitivista y sumar puntos en la carrera por ver si el Gobierno lo designa como procurador. Los camaristas anularon el embargo al policía, aunque le ordenaron al juez Enrique Velázquez que disponga un nuevo embargo, justificando el monto. Se supone que será menos de los 400.000 pesos del fallo original. “Seguro que (Raúl) Zaffaroni llamó a los jueces para felicitarlos”, ironizó el Presidente en otro intento de utilizar el caso para salir de los temas como la inflación, los tarifazos, el recorte a los jubilados y la caída de los salarios. La administración Macri utilizó –y utiliza– el caso Chocobar para salir de los temas que más la comprometen pero, además, para sostener una campaña represiva de respaldo a cualquier costo de las fuerzas de seguridad. Eso es lo que explica que haya apoyado a la Gendarmería en la brutal represión contra la comunidad mapuche en Chubut, lo que derivó en el homicidio de Santiago Maldonado. Poco después reiteró el apoyo, esta vez a la Prefectura, en el caso del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Y en el mismo sentido utilizó la represión de diciembre contra los manifestantes que protestaban por la reforma previsional. El camino represivo, de militarización de las fuerzas de seguridad, tuvo también otro capítulo en La Rioja, con el brutal entrenamiento y la muerte del cadete Emanuel Garay. El proceso de militarización se percibe en todas las policías del país: en lugar de un entrenamiento cada vez más sofisticado –técnicas de reducción de delincuentes, preservación de escenas del delito e incluso mejora en la formación física y uso de armas de fuego–, hay cada vez más correr, barrer, limpiar y humillar a los efectivos para que cumplan órdenes sin chistar. En ese marco, de forma casi impúdica, el Gobierno se metió en la causa judicial por lo ocurrido en La Boca, absolvió simbólicamente a Chocobar, revocó también en forma simbólica el fallo original del juez Velázquez y hasta le dio aire a la denuncia contra el magistrado ante el Consejo de la Magistratura. Además, le puso abogado al policía y lanzó una ofensiva mediática en la que hizo participar a casi todos los funcionarios, incluidos el jefe de Gobierno porteño y la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Con semejante cuadro de por medio, el fallo de ayer de la Sala VI dejó al gobierno desairado, ya que tres jueces a los que nadie consideraría en Tribunales ni progresistas, ni de izquierda ni mucho menos zaffaronistas le pusieron límites al accionar policial y dijeron que dispararle a un ladrón, cuando ya no implica ningún peligro, es homicidio y debe ser penado. Los camaristas describieron detalladamente lo ocurrido en el fallo de 12 páginas que emitieron ayer. En los hechos hubo tres momentos percibidos por las cámaras: Los camaristas sostienen en su fallo que Chocobar actuó bien de entrada. Intervino porque era su obligación intervenir ya que, de acuerdo a los reglamentos, el estado policial de un efectivo es constante, las 24 horas. Los magistrados consideran que aunque actuó cuando ya los ladrones fugaban había cierto peligro porque Kukoc parecía tener algún cuchillo encima, aunque no tenía arma alguna. De los tres jóvenes que intervinieron, dos dijeron que no parecía tener cuchillo ni nada y el otro consideró que había cierto peligro. El cuestionamiento de los jueces es a la actuación de Chocobar inmediatamente después, cuando ya Kukoc estaba en fuga y no representaba ningún peligro. Dicen los camaristas que el accionar del policía fue desproporcionado: “Pudo reiterar los disparos intimidatorios, continuar con la persecución o esperar la colaboración de fuerzas de seguridad que ya habían sido informadas de las novedades a través del Servicio de Emergencia 911. Incluso por él mismo. No hay duda, entonces, que su decisión fue excesiva en tanto provocó un daño superior al que quiso hacer cesar”. Los camaristas dejaron en claro que, para ellos, no se trató de un homicidio simple, es decir que haya tenido voluntad de matar, pero sí que se excedió en el accionar. Lo fundan en los disparos fueron uno seguido de otro, que no hubo una especie de remate y que podría haberle disparado a Kukoc de más cerca. Como al pasar, los camaristas deslizan una áspera critica al nivel de entrenamiento de Chocobar. Todo el accionar el policía exhibe falta de formación, algo que también surge del tiempo que estuvo en la escuela de policía: seis meses. Es público y notorio que Los Pitufos, como llaman a los policías municipales, tienen enormes déficit por mal reclutamiento y escaso entrenamiento. Pese a ello, los lanzan a la calle con un arma en la cintura. Sobre la base de la descripción de los hechos, los camaristas calificaron el delito en el que incurrió Chocobar como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en exceso en el cumplimiento de los deberes de funcionario público. Sacaron de la cancha el exceso en la legítima defensa porque entienden que ese delito está más asociado a hechos ocurridos entre privados. Conceptualmente, significa que Chocobar actuó bien al intervenir, pero luego se excedió provocando una muerte. La pena prevista es la de uno a cinco años –la misma que en el procesamiento anterior– es decir que es altamente probable que si lo condenan en un juicio oral, no cumpla pena efectiva. Sin embargo, hay que ver qué sucede en ese juicio: la familia de Kukoc va a pedir condena por homicidio simple, considerando que fue una especie de ejecución. Es improbable que la defensa de Chocobar –puesta por el Poder Ejecutivo– apele el fallo de ayer. Básicamente porque es un recurso que la Cámara del Crimen va a rechazar y no tiene chances en la Casación Nacional ni tampoco en la Corte Suprema porque se trata de un procesamiento, no de un fallo firme. Es más, el policía correría algo de riesgo de que se interpreten de otra forma los hechos y se complique todavía más su situación. La Sala VI dedicó unas pocas líneas a dejar en claro que no tomó en cuenta el alegato del fiscal Sáenz. “No habiendo recurrido oportunamente, esta Sala no hará ningún pronunciamiento”, dijeron los camaristas. De esa manera desconocieron lo sostenido por Sáenz. En verdad, el fiscal ante la Cámara con competencia en La Boca era Mauricio Viera, quien no apeló el fallo del juez Velázquez. Viera estaba de vacaciones, por lo tanto Sáenz aprovecho para meterse. Su único objetivo fue hacerle coro a lo dicho por la Casa Rosada para agregarle un poco de sobreactuación a su carrera por suceder a Alejandra Gils Carbó. El juez Velázquez impuso a Chocobar un embargo de 400.000 pesos, que en concreto significa poco y nada, porque no le tocan su sueldo, no le quitan propiedades y todo se limita a una inhibición en la compra o venta de bienes registrables. Chocobar igualmente dice que no tiene ningún bien. El embargo es obligatorio por cuanto debe cubrir los gastos judiciales, los peritos y los honorarios de los abogados, aunque en este caso el de Chocobar lo puso el Estado. Los camaristas entienden que el juez de instrucción debe explicar por qué situó el embargo en 400.000 pesos y dan a entender que es un monto excesivo. Todo indica que Velázquez dictará un nuevo embargo, por menos dinero. Pese al fallo adverso, el Gobierno salió ayer a la cancha a denostar la resolución y a tratar de mantener el tema en el centro de la escena. En tiempos de una ostensible caída en las encuestas, la Casa Rosada sabe que tiene la opinión pública abrumadoramente en contra en temas como las tarifas, la inflación, el endeudamiento, la caída de los sueldos y jubilaciones. Por lo tanto, el intento está en huir todo lo que se pueda de esas cuestiones. Los focus-groups de Jaime Durán Barba concluyeron que la cuestión Chocobar no les viene tan mal y lo importante es que al Ejecutivo le sirve para seguir fortaleciendo las fuerzas de seguridad en un contexto de protestas cada vez mayores. (email protected)
