Desde Chapadmalal, donde encabeza una reunión de gabinete ampliado, el presidente Mauricio Macri dejó en claro que el subsecretario General de la presidencia, Valentín Díaz Gilligan, deberá dar explicaciones. Se trata del funcionario que ocultó una cuenta off shore de más de 1 millón de dólares en Andorra. "Tengo un apego absoluto a la transparencia y a una administración clara. Vamos a dar información. Tenemos que dar explicaciones cada vez que sea necesario", dijo Macri consultado sobre la denuncia que hizo el diario El País de España. El Presidente resaltó también: "Va a ser clave el informe que haga la Oficina Anticorrupción". El organismo investigará a Díaz Gilligan por no informar en sus declaraciones juradas que administró 1, 2 millones de dólares de una cuenta bancaria en la Banca Privada d'Andorra (BPA). El segundo de Fernando De Andreis abrió personalmente la cuenta en 2012 cuando trabajaba para el Gobierno porteño que en ese momento encabezaba Macri. La creó a nombre de una firma británica dedicada a negociar pases de jugadores de fútbol: Line Action. "En la medida que las explicaciones fluyan cuando corresponde, las noticias falsas van a ir desapareciendo", aventuró Macri. Una investigación periodística del diario El País, de España, informó que el subsecretario General de la presidencia, Valentín Díaz Gilligan, abrió en persona una cuenta en 2012 para administrar 1, 2 millones de dólares. El periodista que llevó a cabo la investigación, explicó en TN: "Hablé dos veces por teléfono con él. Primero dijo que que sólo era director de la sociedad, pero no accionista ni propietario. Después, en un segundo llamado, reconoció que era accionista". Andorra cerró el año pasado la Banca Privada d'Andorra (BPA) luego de que Estados Unidos denunció que allí se lavó dinero de narcotraficantes mexicanos, funcionarios venezolanos y mafiosos chinos. El funcionario de Macri desestimó que el dinero fuera suyo y aseguró que fue accionista y director de la empresa de Line Action para "hacerle un favor a un amigo". Ese amigo es Francisco Casal, empresario uruguayo dedicado a representar jugadores. “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, explicó el funcionario al diario El País. También afirmó que en 2014 pidió que lo sacaran de la sociedad: "No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”. La fecha de su salida de la empresa es el 3 de noviembre de 2014. Pero, según dijo, creyó que "había cesado en julio de 2014". Si bien su función en la empresa terminó, los registros en Reino Unido indicaron que, a las pocas horas, volvió a su mismo cargo. En ese sentido, Díaz Gilligan aclaró que "desconocía ese dato" y que la sociedad "era parte de una firma panameña". En su declaración jurada de 2014, presentada ante la OA, el funcionario no nombra ninguna participación en una sociedad en el extranjero. En ese entonces solo detalló que tenía acciones en una firma, Terra Sur, en la que era socio desde 2002, y donde invirtió $ 2800. No es la primera vez que un miembro del Gobierno debe dar explicaciones como titular de cuentas en paraísos fiscales. El propio jefe de Estado fue objeto de una investigación judicial por supuesto lavado de dinero luego de que filtraciones de Panamá Papers lo señalaran como titular de una firma. La justicia desestimó la acusación por lavado, pero continúa en trámite una causa por evasión fiscal. El jefe de inteligencia, Gustavo Arribas, también tuvo que dar explicaciones por transferencias de dinero a una cuenta en Suiza luego de que un arrepentido del escándalo de corrupción que sacude a Brasil -Lava Jato- declarara que le transfirió cerca de 850.000 dólares en supuestos sobornos provenientes de las constructoras Odebrecht y OAS. La acusación también fue desestimada por la justicia argentina.
