Además de lo que de por sí revela la importancia de la comparación internacional de cualquier precio, el tema de los medicamentos radica en que surge de un estudio realizado por el Gobierno nacional, y con el que convencieron a Mauricio Macri de emprender una ofensiva contra los laboratorios para abaratar los remedios y alivianar las cuentas fiscales. La primera ofensiva ya está en marcha y la comanda el PAMI. La idea que motoriza su titular, Sergio Cassinotti, es que el contrato que entrará en vigencia a partir del 1 de abril entre el organismo y las tres cámaras empresarias implique un ahorro para 2018 de aproximadamente $5.000 millones, sin necesidad de afectar ni las prestaciones ni los descuentos vigentes para los afiliados al organismo, según calculan y aseguran en muy altas fuentes oficiales. El cálculo de ese ahorro parte de la base que el año pasado el PAMI gastó en medicamentos $30.000 millones, y que el objetivo es que los precios del nuevo contrato sean en promedio algo más de un 10 por ciento más bajos que lo venía pagando. A ese recorte de unos $3.000 millones le agregan lo que hubieran pagado si, en lugar de bajar, los precios se hubieran indexado en función de la inflación prevista para este año. Hecha las cuentas y considerando que el contrato entraría en vigencia recién en abril, el resultado que los funcionarios encargados del asunto muestran con entusiasmo es que el ahorro en 2018 alcanzaría los 5.000 millones de pesos. Plan de ahorro en el PAMI La receta para lograrlo se conforma de la siguiente manera: comprando mediante licitación y no de manera directa los llamados medicamentos especiales (que son los más caros), y estableciendo precios máximos para los medicamentos ambulatorios, que es lo que hacen todos los países desarrollados a excepción de Estados Unidos, según cuenta en Casa Rosada un funcionario que simpatiza en general con el libre mercado. Además, ya decidieron limitar el margen de acción en las tareas de auditoría y en la distribución de medicamentos que viene teniendo Farmalink, que es una intermediaria entre los laboratorios, los proveedores de salud y las farmacias, pero que está vinculada con los laboratorios. Para intervenir en este asunto el Gobierno repatrió a una experta en temas de logística de distribución que trabajaba para un banco internacional. No es casual que la avanzada de la ofensiva la realice el PAMI: sus compras representan alrededor del 40% de la facturación total del sector, y eso le otorga un poder de negociación determinante. Pero detrás del PAMI hacen fila IOMA (la obra social de la Provincia de Buenos Aires), el gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Salud de la Nación, que junto con a la obra social de los jubilados compran más de la mitad de lo que venden los laboratorios, y también van a presionar para abaratar los precios. Costos políticos Este impulso de Cambiemos contra los laboratorios era totalmente inesperado, tendrá alto impacto, pero no estará exento de controversia ni de riesgos políticos. Por empezar hay que tener en cuenta que se trata de una embestida nada menos que contra los laboratorios, uno de los sectores de mayor poder económico, con muy ejercitada y eficaz capacidad de lobby, y con posibilidad de operar con represalias, desabastecimiento y boicot en un sector tan sensible como los medicamentos. "Mauricio es perfectamente consciente de todo eso pero está totalmente convencido y nos dio el visto bueno para que vayamos para adelante", dice uno de los responsables de la movida. Y asegura que el Presidente tampoco daría marcha atrás aunque se le recordara que una de las varias razones que alimentaron el golpe de Estado contra Arturo Illia fue la sanción de una ley de medicamentos que había sido promovida por el ministro Arturo Oñativia. Antecedentes legales Esa ley sancionada en 1964 establecía una política de precios máximos, la obligación de recetar por genéricos, limitaba la publicidad y también la remisión al exterior de utilidades por parte de los laboratorios extranjeros. No faltaron los que en su momento la calificaron de ley comunista. ¿Aparecerá alguien que acuse de lo mismo a Cambiemos? Pero además del riesgo político que significa enfrentarse con Cilfa y Caeme, las cámaras que agrupan a los laboratorios nacionales y extranjeros, respectivamente, los cambios que introducirá el contrato con el PAMI muy probablemente despierte algún enojo entre los jubilados. Porque si bien los funcionarios a cargo no sólo aseguran que se mantendrán las prestaciones y los descuentos vigentes, sino que además habría algún recorte en el copago que hacen los afiliados en ciertos casos, los precios máximos abaratados no serán de aplicación obligatoria para cualquier marca, sino para alguna marca de cada medicamento genérico. Con lo cual, sucederá que jubilados acostumbrados a determinada marca sean provistos por otra y protesten. La mano de la política opositora Ya han aparecido las primeras críticas. El abogado Christian D´Alessandro, asesor de la diputada del Frente Renovador, Mirta Tundis, dijo en declaraciones radiales que se ve venir "una tercera restricción o poda en los medicamentos". Recuerda que la primera la hizo Carlos Regazzoni, el antecesor de Cassinotti en el PAMI, al reducir de cinco a cuatro la entrega de medicamentos gratis, y que la segunda fue vincular la entrega al haber jubilatorio.
