Los científicos del Instituto Balseiro habrían confirmado a la Justicia Federal que fueron encontrados restos de pólvora en las manos del Rafael Nahuel, el joven muerto durante un presunto enfrentamiento con prefectos del Grupo Albatros el 25 de noviembre pasado en el predio ocupado de Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Según pudo averiguar Clarín, los expertos ya se lo habrían transmitido al juez Gustavo Villanueva quien tiene a su cargo la causa con la carátula “NN/sobre muerte dudosa”. A principios de diciembre, el magistrado había ordenado que se hicieran análisis de las extremidades de los ocho efectivos de Prefectura que intervinieron en el operativo de desalojo. Ellos había asegurado en un informe que habían enfrentado a un grupo de 25 mapuches fuertemente armados. Fue la hipótesis que sostuvo (y sostiene) el Gobierno nacional, a través del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Días atrás, la funcionaria había subido la apuesta, en medio del debate por el caso del policía Luis Chocobar, que mató a un ladrón en La Boca. En un cruce con el periodista Ernesto Tenembaum, sostuvo: "Va a ver que en el caso Nahuel todo lo que se dijo en relación a que si tiró por la espalda o no, si hubo enfrentamiento o no, hasta ahora no hay ningún imputado. ¿Por qué imputan a los prefectos si no están imputados por la Justicia? En este caso sería al revés, es un círculo de gente que imputa previamente a los prefectos sin que se hayan sido imputados por la Justicia. Hasta ahora la razón está de nuestro lado, no están imputados". Además de a los prefectos, el juez solicitó también que se le realizara el mismo análisis a los militantes Rafael Nahuel, Fausto Jones Huala y Alejandro González. Todos se realizaron en el Departamento Caracterización de Materiales del Instituto Balseiro, con sede en Bariloche, que cuenta con un nuevo microscopio electrónico de barrido de la empresa holandesa FEI. El joven fue herido en una nalga por un proyectil que continuó un recorrido hacia sus órganos vitales. Jones Huala y González fueron los dos militantes que lo bajaron a rastras desde la montaña para que sea atendido. En su momento, fueron detenidos y luego liberados. Entonces, se especuló con que estudios preliminares habrían demostrado que no tenían restos de pólvora y por eso los dejaron en libertad. Pero nunca se confirmó. Los científicos habrían respondido ahora al juez Villanueva que los barridos demostraron que en los tres casos existirían residuos de pólvora. Este diario consultó fuentes cercanas a la investigación, quienes sostuvieron la misma idea. Los mapuches le habían asegurado al magistrado y a la prensa que ellos estaban desarmados aquel día y que fueron atacados por los miembros del Grupo Albatros. Los efectivos portaban metralletas MP5 que disparan proyectiles 9 mm, del mismo tipo que se encontró en el cuerpo de Nahuel. De acuerdo a la versión oficial, durante un patrullaje de rutina, dos días después de que el juez Villanueva ordenara el desalojo de los militantes que ocuparon el predio en la zona del lago Mascardi, detectaron "más de 10 barricadas de madera y tierra, que el día anterior no estaban. Llegaron así a una barricada donde lograron ver entre 15 y 20 personas". Al descubrirlos armados, siempre según la versión oficial, los Albatros primero utilizaron proyectiles con pintura, pero fueron repelidos con munición de alto calibre. A partir de ese momento se replegaron disparando sus metralletas, de acuerdo con el relato de la fuerza. "(…) los efectivos escucharon fuertes estampidos en dirección a su posición y observaron a dos o más personas portando armas de fuego que, por el sonido y el efecto de las efracciones, daban cuenta de ser de grueso calibre. Además, se dieron cuenta del calibre de las balas porque arrancaron ramas gruesas de cuajo", señala el documento oficial. El 7 de diciembre el juez Villanueva ingresó a Mascardi por primera vez. A 12 días de los acontecimientos. En esa jornada, el magistrado y los peritos no lograron encontrar armas en la zona en la que se denunció el enfrentamiento. Tampoco árboles con señales de impacto. Desde el Gobierno cuestionaron entonces la demora del juez en ingresar al predio, ya que se podrían haber destruido pruebas.
