La esperada auditoría del Consejo de la Magistratura sobre las causas de corrupción que investigaron los jueces federales, en particular los de los tribunales de Comodoro Py, dará como resultado un bajo nivel de condenas, un alto nivel de sobreseimientos y muchos de éstos últimos por prescripción. El presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, dijo que Clarín que a mediados de marzo la auditoría -que preocupa a muchos jueces porque se evaluará por primera vez su desempeño- estarán publicada "en un portal con acceso público" del organismo. Ahora Piedecasas, quien no se tomó vacaciones, está esperando que los jueces auditados hagan su descargo y a principios de marzo someterá el trabajo a la votación del plenario del organismo. Piedecasas se negó a revelar el contenido de la auditoría realizada hasta que no sea aprobada por el plenario, pero recordó que en la conferencia de IDEA del año pasado reveló el caso de un juzgado federal porteño, que no identificó, en el cual "el 28 por ciento las causas por corrupción tardaban entre 5 y 10 años" y en la mayoría de los casos ni siquiera se llamó a corrupción al imputado. En un Tribunal Oral Federal del interior del país que se tomó como ejemplo a los fines del testeo, "se constató que en el total de causas concluidas daba aproximadamente que el 75% tenían sentencias no condenatorias y solo el 25% condenatorias". Piedecasas admitió que esos casos son "un parámetro” del comportamiento promedio de los juzgados federales de la capital y de los tribunales orales federales del interior, aunque hay excepciones. La auditoría revela que hay en todo el país "un total de 2.264 expedientes en trámite" por corrupción. De esas causas, precisó, "714 corresponden a juzgados bajo la órbita de la Cámara Federal porteña, " que son las que más preocupan al kirchnerismo. Mientras que "826 se tramitan en otros fueros federales y las restantes 726 "en tribunales orales y cámaras". Es decir, los doce jueces federales de la Capital -que investigan los casos de corrupción cometidos por funcionarios nacionales en esta jurisdicción- tienen 714 causas por corrupción abiertas desde 1996 hasta la fecha en que han investigado a funcionarios los gobiernos de Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor y Cristina Kirchner. El resultado y la velocidad con que investigaron cada causa servirá para evaluar el desempeño de cada uno de los doce jueces federales, quienes desde que asumió el presidente Mauricio Macri marcaron la agenda de debate público con procesamientos y prisiones preventivas de más de 20 ex funcionarios K. Otro resultado de la auditoría serán las llamadas las causas concluidas. Piedecasas adelantó que "son 6.075 en el país, con excepción de los juzgados de primera instancia de Capital Federal que en el período 2014-2016 arrojaría 1.127". En este punto será importante ver cuántas causas fueron sobreseídas o absueltos los imputados con argumentos frágiles favoreciendo a los funcionarios o empresarios metidos en la corrupción y cuántos fueron a juicio oral y público. A fines del año pasado, Clarín había adelanto que que en los últimos veinte años se investigaron y concluyeron otras 4000 causas por corrupción, la mayoría prescriptas por el paso del tiempo o cerradas sin una sentencia. Para despolitizar el análisis y alejarlo de la coyuntura, se pidieron datos sobre las causas concluidas y en trámite de los últimos veinte años (1996-2016), en las que haya sido imputado algún funcionario de los sucesivos gobiernos nacionales. El ex presidenta Carlos Menem asumió en 1989 y fue reelecto en 1995 por lo que se incluyó a su segundo mandato. Piedecasas estimó que estos "datos ciertos y objetivos de los últimos 20 años" permitirán "diseñar estrategias para mejorar el sistema de Justicia en la Argentina" a fin de bajar los niveles de impunidad de la que gozan, hasta ahora, los corruptos. La Argentina, según los índices de Transparencia Internacional, es uno de los países más corruptos de América Latina. La auditoría mostrará el año de inicio de cada causa, el delito investigado, el juez a cargo y el estado en que se encuentra, es decir en qué instancia está o si tiene condena firme o no, lo que dará un panorama sobre la eficiencia de la Justicia, según explicó Piedecasas . Pero no se pondrá el nombre de los imputados, según una polémica decisión del Consejo. Por otra parte, contó que las denuncias contra los jueces por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura tienen un plazo de tramitación de tres años, corresponde evaluar ese período para determinar cuántas terminaron en juicio político, explicó. "En los últimos tres años se tramitaron cinco juicios políticos, de los cuales tres culminaron con renuncias (Raúl Reynoso; José Charlin; Néstor Montenzanti), una en absolución (Axel Lopéz) y una en destitución (el caso del ahora ex camarista Eduardo Freiler)", enumeró. Además de la auditoría pedida por el presidente del Colegio de Abogados Guillermo Lipera y encargada por el Consejo a 8 miembros del cuerpo de auditores del Poder Judicial en causas por corrupción, existen otras dos en curso: la que releva las causas por narcotráfico, que tiene pendiente "una sola etapa" por cumplir, y la laboral, que "se encuentra en la primera etapa de relevamiento", según precisó Piedecasas. El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de seleccionar, proponer y destituir jueces y fue creado gracias a la reforma de la Constitución de 1994.
