Este 24 de enero el Tribunal Regional Federal 4 (TRF-4) de Brasil deberá resolver en torno a la condena que sufriera Luiz Inácio Lula da Silva, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por parte del juez Moro. En un Brasil todavía conmovido por el golpe institucional que apartara del Palacio del Planalto a la última presidenta electa del país, Dilma Rousseff, en Porto Alegre se librará una nueva batalla política-judicial que posiblemente defina el mapa electoral del año en curso, visto y considerando que quien fuera dos veces presidente de Brasil encabeza todas las encuestas. La pregunta es simple: la derecha, que orquestó un golpe parlamentario sin pruebas contra Rousseff, ¿permitirá que el candidato que encabeza con comodidad los más diversos sondeos, doblando a su inmediato perseguidor, dispute la próxima elección presidencial? Es decir: ¿la derecha realizó un mamarracho jurídico-político que hizo perder legitimidad internacional al país para que el cierre sea Lula nuevamente presidente, producto de un descontento cada vez más creciente contra las medidas de ajuste de Temer? Si una vez rompió todo ordenamiento institucional, ¿la derecha brasileña no es capaz de hacerlo nuevamente, evitando asimismo un retorno que podría significar un quiebre en la restauración conservadora que vive América del Sur hace algunos años? En esas incógnitas reside lo que pueda suceder el día 24. También, claro, en la capacidad de reacción de organizaciones y movimientos sociales, que ya se encuentran movilizando hacia la ciudad gaúcha, y por supuesto, en la solidaridad internacional que consiga Lula ante el probable mamarracho jurídico-político 2.0 que parece avecinarse. En definitiva, Brasil se juega algo sencillo: volver a ser un Estado de Derecho que permita a la oposición participar en elecciones libres o proscribir al dos veces ex presidente que transformó la historia contemporánea del país, bajo una condena jurídico-mediática cuyo objetivo de fondo es profundamente político y anti-democrático. El PT ha dicho que continuará la lucha independientemente de lo que dictamine el TRF-4, a quien días atrás los abogados de Lula aportaron documentos que ratifican que el departamento triplex de Guarujá por el que Moro condenó al ex presidente es en realidad de OAS Emprendimientos, tal como consta en el Registro de Inmuebles. Queda claro, sin embargo, que el tema de fondo no es triplex/no triplex, sino acelerar la condena/inhabilitación ante la ausencia de candidatos que puedan confrontar al pernambucano en las urnas. ¿Cómo reaccionará ante una posible condena el ex presidente, acostumbrado a reponerse a grandes adversidades, como la muerte de su compañera Marisa Leticia en el 2017?. ¿Podrá Lula, incluso siendo condenado, ser candidato, tal como dejó entrever la presidenta del PT, Gleisi Hoffman? En caso de ser condenado e inhabilitado, ¿impulsará Lula otra candidatura –Jaques Wagner o Fernando Haddad– que pueda tomar parte de sus votos? Hay diversos escenarios sobre la mesa. La batalla de Porto Alegre, importante, no será el último eslabón de una lucha que ya lleva años en un país que ha perdido el notable prestigio internacional que supo conquistar durante las presidencias de quien hoy se encuentra en el banquillo de los acusados. ¿Será justicia? * Politólogo UBA- Analista Internacional.
