Las personas con VIH tampoco son prioridad para el gobierno de Mauricio Macri. El Ministerio de Salud de la Nación suspendió, al menos hasta fin de febrero, la entrega de antivirales en todos los hospitales públicos y le pasó la pelota a las provincias para que ellas se encarguen de hacer las gestiones con los laboratorios internacionales. El freno se produjo tras los cambios implementados por la subsecretaria de Coordinación Administrativa, María Cecilia Locciasano, esposa del ministro Jorge Triaca. El ajuste afecta a casi 70 mil personas sin cobertura privada. “Hay un total desinterés para el cuidado de la salud por parte del Estado. Esto puede provocar una resistencia y que el virus se replique nuevamente”, indicó a PáginaI12 Matías Muñoz, de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap). “No quedó nada”. Esa es la primera respuesta que dieron en la Dirección de Sida y ETS, el área encargada de coordinar las políticas de prevención y atención del VIH, cuando se les consultó por el stock de Dolutegravir, Darunavir, Zidovudina jarabe, Efavirenz y Abacavir/Lamivudina, cinco fármacos retrovirales que suelen ingerir las personas con VIH. “No es ninguna novedad, ya nos veíamos venir esta situación”, explicó un integrante del área. Ante este faltante, los primeros en enterarse fueron los equipos provinciales de Salud, cuando la semana pasada la Dirección de Sida se comunicó con ellos para dar el alerta e intentar que no se afecte el tratamiento de miles de hombres y mujeres. “Debido a distintas dificultades presentadas en los procesos de compra, los medicamentos Evirenz 600 mg y Zidovudina jarabe sufrirán una demora en su adquisición”, informaron en un documento que lleva la firma de Sergio Maulen, director de Sida. Además, en el documento se pidió a las provincias que “dentro de las posibilidades, se pueda gestionar la adquisición de los mismos hasta tanto se regularice la situación”. Ahora bien, en el documento divulgado a los equipos de salud no se agrega nada sobre las posibles consecuencias de aquellas provincias que no puedan (o no quieran) hacerse cargo de aquello que la administración nacional descartó. Muñoz, integrante de Rajap, un espacio creado para el intercambio y la participación de jóvenes que viven con VIH o sida (la fase avanzada del virus inmunodeficiente), aseguró que “en los casos en que no va a ser posible el cambio de esquema, el resultado puede ser que se genere resistencia y el virus se replique nuevamente”. Pero eso no es todo. “En los centros de salud que sí puedan hacer cambios de medicamentos y la eficacia no se vea alterada o no suponga un perjuicio para la salud, puede alterar la forma en que se toman los fármacos y eso puede tener consecuencias en la adherencia al tratamiento”, completó. Tanto Rajap como otras organizaciones especializadas en la temática solicitaron una reunión con las autoridades del ministerio. Aún no fue contestada. Una fuente que conoce los manejos internos del Ministerio explicó a PáginaI12 que es María Cecilia Locciasano quien maneja la administración de la cartera que conduce Adolfo Rubinstein. “Las órdenes de compra, los pedidos, la caja, todo. La demora no es casual sino que es un claro ajuste”, contó. Por su parte, el Ministerio de Salud emitió un comunicado donde argumentó que “las demoras en la entrega de medicamentos para el tratamiento del VIH obedecen a los tiempos habituales de habilitación presupuestaria”, sin explicar la contradicción entre “demora” y “tiempo habitual”. “En los próximos días se emitirán las órdenes de compra de los medicamentos dándole continuidad a la provisión de los mismos”, indicó el comunicado. Locciasano, la esposa del ministro mandado de vacaciones a Chapadmadal luego de que se difundiera un audio donde insultaba a su excasera a la que empleaba en negro, fue designada como subsecretaria de Coordinación del Ministerio de Salud de Nación en noviembre de 2016. Un año atrás había ingresado al edificio ubicado en la avenida 9 de Julio como coordinadora general de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud, a través de un decreto firmado por el exministro Jorge Lemus y el presidente Mauricio Macri. “Ellos van a querer hacer pasar la situación como una falla burocrática y que por eso se atrasó el pedido, pero la realidad es otra: las órdenes de compras estaban, el pedido a los laboratorios también. Ellos sólo lo frenaban”, explicó la fuente del Ministerio. Además, agregó que las trabas administrativas son habituales para las tareas diarias de la Dirección (“modifican constantemente los formularios o el sistema para completar los pedidos”). “Lo más dañino es la falta de previsibilidad. La salud pública debe ser todo lo contrario, tiene que estar pensada para un futuro a largo plazo. Este faltante de medicamentos demuestra que no es así”, completó. “Que estos faltantes lleguen a afectar al menos a un sola persona ya es algo gravísimo”, dijo a PáginaI12 Leandro Cahn, de la Fundación Huésped, y agregó que “estos manejos llaman la atención. Por eso, además de pensar una solución inmediata no hay que olvidar las causas que provocaron esto. Ver la foto completa”. En un comunicado, la organización manifestó “su preocupación” y exigió a las autoridades que “arbitren los medios para que avance en tiempo y forma la compra anual de antivirales de manera de evitar posibles quiebres de stock del conjunto de las drogas”. “Las 70 mil personas con VIH sin otra cobertura que la del Ministerio de Salud tienen el derecho de acceder en forma continua e ininterrumpida a los medicamentos antivirales”, finalizó el comunicado. En Argentina hay 120 mil personas con VIH, de acuerdo a un informe del Ministerio de Salud. De esa población, sólo el 70 por ciento conoce su diagnóstico. Y su gran mayoría se atiende en hospitales públicos. “Con la realidad que afrontamos, que falten retrovirales ya sea por demoras o cualquier otra cosa habla de una decisión del gobierno nacional. No hay voluntad política”, aseguró Muñoz.
