Desde el 10 de diciembre de 1987 hasta el 10 de diciembre del 2015 ejercí la función pública. En esos casi treinta años no fui nunca denunciado ni sufrí causa judicial alguna. Ejercí como secretario de gobierno municipal, ministro de gobierno provincial, fui electo diputado provincial por dos períodos, convencional constituyente provincial por dos veces, miembro y presidentes del Tribunal Superior de Justicia y secretario de Legal y Técnica de la Nación por tres períodos constitucionales. Luego de tales antecedentes compartí como candidato a vicepresidente de la Nación, la fórmula que obtuvo en la segunda vuelta más de 12.300.000 votos. En diciembre del año pasado, sin que mediara solicitud de fiscal alguno (los intervinientes fueron tres) un juez de la nación me llamó a indagatoria y ordenó mi prisión preventiva. El procesamiento, que era tan delirante que se inventaba una guerra, fue en parte (la más grave, supuesta traición a la patria) borrado de un plumazo por la Cámara Nacional de Apelaciones, de modo que hoy sólo subsiste un supuesto agravado, cuya investigación ya ha sido concluida según el propio juez dispuso. Salvo en esta causa, no existe en la República Argentina persona alguna que por acusación semejante no esté, por lo menos, excarcelado. ¿Alguien puede explicar, en derecho, mi actual prisión? * Ex secretario general de la Presidencia.
