El fiscal federal de Lomas de Zamora, Leonel Gómez Barbella, abrió una investigación de oficio para determinar si un allegado al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández desvió fondos destinados al salvataje de la empresa avícola Cresta Roja. Gómez Barbella investiga así una denuncia de la diputada Elisa Carrió, presentada por su colaboradora Mónica Frade, según la cual parte de unos 200 millones de pesos dispuestos por Fernández terminaron en un destino distinto a Cresta Roja, que fue un conflicto laboral intenso desde el 2014 hasta que el año pasado fue comprada por una empresa brasileña. La denuncia apunta al ex interventora de Cresta Roja y ex candidato a intendente de Quilmes, Daniel Gurzi, según informaron a Clarín fuentes judiciaels. Para los denunciantes la designación de Gurzi, quien ejerció entre el 2014 y noviembre del 2015 "sirvió como pantalla para cometer actividades ilícitas relacionadas con el destino de los caudales públicos y también para que no hubiera conflictos durante la campaña a gobernador bonaerense de Aníbal Fernández. El fiscal Gómez Barbella dispuso una serie de medidas de prueba. Solicitó a la jueza del concurso de Cresta Roja un informe sobre el cumplimiento del acuerdo entre el entonces jefe de Gabinete, el ex gobernador Daniel Scioli y la famila Rasic, dueña de Cresta Roja. También pidió al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que informen cuánto dinero público se invirtió en Cresta Roja. En una resolución, el fiscal también aceptó a Carrió como amicus curiae del tribunal. Scioli había anunciado la entrega de 500 millones de pesos a Cresta Roja para la compra de alimentos balanceado y unos 36 millones mensuales para el pago de los sueldos de los trabajadores, que venían cortando el acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza, entre otras medidas de protesta. El conflicto se solucionó finalmente cuando la empresa brasileña Proteinsa S.A. compró Cresta Roja, pero el concurso preventivo sigue.
