Nueve días después de la desaparición de Santiago Maldonado se ordenó hacer un allanamiento y rastrillaje en el Escuadrón N° 36 de la Gendarmería Nacional en Esquel, en la provincia de Chubut. Organismos de derechos humanos denuncian que la última vez que el artesano, de 28 años, fue visto era subido a una camioneta de la fuerza federal de seguridad. El allanamiento fue ordenado por el juez federal de Esquel Guido Otranto, a cargo de la investigación. Así lo informaron a LA NACION fuentes oficiales. El Ministerio Público está representado por la fiscal subrogante de Esquel, Silvia Ávila, y desde ayer se sumó la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). El operativo está a cargo de personal de la Policía Federal Argentina (PFA) que rastrilla el lugar con la ayuda de perros especializados en búsquedas. También participan especialistas del laboratorio químico de la PFA. "El allanamiento es para buscar pruebas y determinar si Maldonado estuvo o no en el lugar", dijo a LA NACION una calificada fuente de la investigación. Maldonado está desaparecido desde hace nueve días, después de que se llevó acabo un procedimiento de la Gendarmería para desalojar de un sector de la Estancia Leleque, en el departamento de Cushamen, en Chubut, a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia. El domingo, el Juzgado Federal de Esquel había difundido un comunicado donde afirmaba que "hasta el momento no se ha corroborado que Santiago Maldonado haya sido detenido por la Gendarmería en el procedimiento que se realizó el 1° de agosto en el sector de la Estancia Leleque de la Compañía de Tierras Sud Argentino SA ocupado por el Pu Lof en Resistencia". El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó que hay tres testigos que afirmaban que, en medio del desalojo, la Gendarmería disparó balas de goma y de plomo. Según el relato, los manifestantes corrieron hacia un río y todos pudieron cruzar, salvo Maldonado. Y en ese momento a Santiago lo subieron a una camioneta blanca de la fuerza, según dijeron las fuentes consultadas. Ante las graves denuncias, el juez Otranto había ordenado secuestrar los vehículos de la Gendarmería Nacional que participaron del procedimiento. Al respecto, el CELS denunció que las camionetas habían sido lavadas y que se violentaron los precintos de seguridad.
