La Justicia de Estados Unidos juzgará en Nueva York a uno de los ejecutivos alemanes de Siemens acusados de pagar coimas por US$ 106 millones a los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa por el contrato para la confección de los documentos de identidad y los pasaportes y mejorar los controles fronterizos. El juicio contra Eberhard Reichert, un alemán de 78 años, comenzará el 16 de julio próximo, en los tribunales federales de Nueva York, luego de que el ex ejecutivo se declaró “no culpable” de los cargos presentados en su contra por el Departamento de Justicia con el apoyo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Para acusar a Reichert, la fiscalía federal de Manhattan podrá contar con un testimonio insólito: un ex ejecutivo argentino de Siemens, acusado en la Argentina -donde vive y reafirma su inocencia-, se declaró culpable en Nueva York y podría viajar para declarar en contra del acusado. Reichert había sido arrestado en Croacia, en septiembre, a pedido de la Justicia de Estados, y accedió a ser extraditado a Manhattan, donde recuperó su libertad tras una audiencia ante la jueza federal Denise Cote, y abonar una fianza de 500.000 dólares. Ex gerente técnico del “Proyecto DNI” por la filial Siemens Business Services (SBS), Reichert viajó a la Argentina en 1998 para firmar el contrato con el gobierno de Menem y firmó varios contratos ficticios de consultoría para canalizar los sobornos por decenas de millones de dólares. De este modo, Estados Unidos se convertirá en el segundo país, además de Alemania, en avanzar contra los actos de corrupción cometidos por Siemens en la Argentina, mientras que investigación local se aproxima a cumplir veinte años sin registrar aún ninguna condena. En esa línea, Siemens es una de las al menos once multinacionales que durante el último cuarto siglo admitió en Estados Unidos haber cometido actos de corrupción en la Argentina. Pero desde entonces sólo en un caso –IBM–, la Justicia argentina dictó una sentencia y ninguno de los condenados terminó en prisión. En el “caso Siemens”, mientras tanto, la investigación sigue aún abierta. Comenzó en 1998 y pasó por las manos de los jueces federales Gabriel Cavallo, Jorge Luis Ballestero y Ariel Lijo, quien estuvo a un paso de enviarla al archivo, pero en 2010 obtuvo información de la Fiscalía de Munich que le permitió reanudar la pesquisa. Ya en 2016, Lijo dividió la instrucción en dos bloques y elevó a la instancia oral uno de ellos –centrado en los ejecutivos de Siemens y con la exclusión de tres ejecutivos del Grupo Socma de la familia Macri, beneficiados por un fallo de la Cámara Federal porteña-, mientras que se quedó con el tramo restante, centrado en los protagonistas políticos del caso. Entre ellos, el ex presidente Carlos Menem y su ex ministro del Interior, Carlos Corach, quien planteó la prescripción. El fiscal del caso, Eduardo Taiano, compartió el planteo de Corach, pero el juez Lijo optó por rechazar que el caso esté prescripto, en línea con los argumentos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y de la Oficina Anticorrupción. Así, mientras la trama política de la pesquisa sigue en primera instancia, algunos de los protagonistas por Siemens y otras empresas deberían ir a juicio oral en los tribunales federales de Comodoro Py. Son el propio Reichert, Andrés Truppel, Uriel Sharef, Ulrich Bock, Luis Schirado, Ernst Brechtel, Bernd Regendatz, Matthias Kleinhempel, Herbert Steffen y José Alberto Ares, como así también Carlos Francisco Soriano -yerno y colaborador del fallecido lobista y operador Carlos Sergi -, y Miguel Angel Czysch. Pero mientras se demora la pesquisa local, Reichert no solo afrontará un juicio oral en Manhattan, sino que podría afrontar el testimonio en contra de Andrés Truppel, quien fue el máximo responsable financiero de Siemens en la Argentina, espera el juicio oral en Buenos Aires y ya se declaró culpable de “conspirar para cometer delitos” ante la Justicia de Estados Unidos. Ante una Corte Federal con asiento en Nueva York, Truppel admitió en septiembre de 2015 que participó en un esquema delictual destinado a que Siemens ganara el contrato de US$ 1000 millones para la confección de documentos de identidad y pasaportes y mejorar los controles fronterizos. No sólo eso. Radicado en San Isidro, Truppel había sido detenido por Interpol a pedido de las autoridades estadounidenses en diciembre de 2011 para su extradición, que él resistió desde San Isidro, donde reside desde hace años. Pero menos de cuatro años después firmó un acuerdo con los investigadores en Nueva York por el que se comprometió a colaborar con la pesquisa en aquel país. Así, mientras en la Argentina aún reafirma su inocencia, Truppel ya se declaró culpable por el mismo negociado en Estados Unidos, donde podría testificar contra Reichert en el juicio oral de julio próximo. Si lo llama la Fiscalía de Manhattan, deberá subirse a un avión y confirmar allá ante un jurado lo que niega acá.
