Tres organizaciones israelíes de derechos humanos se manifestaron contra la detención del ex canciller Hector Timerman, quien se encuentra con prisión domiciliaria en el marco de la causa en la que está imputado por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, a través de la firma del Memorándum con Irán. A diferencia del resto de los imputados, el ex funcionario fue beneficiado con prisión domiciliaria por su delicado estado de salud. Meir Margalit, del Centro de Iniciativas de Paz; Baruh Shalev, del Movimiento de Asistentes Sociales por la Paz, y Angela Godfray, del Centro de Apoyo a la Población Beduina, reclamaron en un comunicado conjunto contra la situación judicial de Timerman y aseguran que el juez incurrió en "prejuzgamiento". El comunicado, fechado este domingo en Jerusalem, sostiene que Timerman se encuentra detenido "en el marco de un proceso judicial claramente viciado", impulsado por quienes pretenden escarmentar a los funcionarios del gobierno anterior. La causa por la que el ex canciller cumple prisión domiciliaria es la misma por la que se encuentran detenidos el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el dirigente piquetero ultrakirchnerista Luis D'Elía, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el lobbista iraní Yussuf Khalil, y la misma por la cual pesa un pedido de desafuero en el Senado sobre la ex presidente Cristina Kirchner. Los imputados fueron acusados por el juez Claudio Bonadio de haber cometido traición a la Patria, en una causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, iniciada a raíz de la denuncia del fiscal Alberto Nisman. Las organizaciones israelíes sostienen que el proceso judicial está caracterizado por una serie de irregularidades que lo convierten en un "indudable escándalo internacional" por la "existencia de un innegable prejuzgamiento". Por último, el documento sostiene que Héctor Timerman y otros imputados sufren "una persecución política" por sus acciones tendientes a "llegar a la verdad sobre el atentado a la AMIA, una causa criminal que ya lleva mas de 23 años de impunidad". A poco de que comenzara la feria judicial, la ex presidente Kirchner y el ex canciller Timerman volvieron a recusar al juez Bonadio, algo que en el pasado ya habían hecho y que la Cámara Federal de Casación Penal rechazó.
