El terremoto comenzó en Brasil, allá por 2014, sin que los primeros sacudones parecieran afectar al resto de América latina. Pero no fue así. El cimbronazo hemisférico llegó, y golpeó fuerte, durante 2017. Presidentes, ex presidentes, ministros, grandes empresarios, lobistas y "cueveros" de toda América latina quedaron expuestos por las revelaciones provenientes de Curitiba, una ciudad brasileña de segundo orden, lejos de San Pablo, Río de Janeiro o Brasilia. ¿Qué comenzó a salir a la luz? Todo un sistema de compra de voluntades políticas y gubernamentales de alto nivel y financiamiento ilegal de campañas, con montañas de dinero negro que circuló por todo el continente a través de sociedades offshore, paraísos fiscales, valijeros y operadores todoterreno. El despunte se inició hace casi cuatro años, en marzo de 2014, cuando un hasta entonces poco conocido juez federal con asiento en Curitiba, Sergio Moro, daba los primeros pasos de una investigación que pronto se conocería como Lava Jato. Esa pesquisa registró tres momentos decisivos. El primero fue la detención de Alberto Youssef, uno de los grandes doleiros o "cueveros" de las finanzas negras brasileñas, quien casi de inmediato se acogió a la "delación premiada", un régimen que habilita reducir la condena penal a cambio de información incriminatoria sobre peces más gordos. "Si yo hablo -les anticipó Youssef a sus propios abogados- la república se va a caer." Y cumplió. El segundo episodio para la expansión del Lava Jato fue el arresto y posterior condena de Marcelo Odebrecht, heredero del imperio que lleva su apellido. Conocido como "el príncipe de la obra pública" en su país, su caída envió una señal al "círculo rojo" hemisférico de lo que ya era una realidad. ¿El tercer episodio? No fue cuando Moro condenó por corrupción al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fue cuando la corporación Odebrecht decidió abandonar la pelea tribunalicia y negociar con los fiscales en Brasil y Estados Unidos para evitar su colapso. ¿Qué ofreció a cambio? Ventilar su sistema de corrupción y financiamiento ilegal de campañas en una docena de países. El vuelco de Odebrecht se conoció a fines de 2016, pero sus coletazos se extendieron a lo largo de este año por todo el hemisferio, con revelaciones explosivas que llevaron a la caída de un vicepresidente, a la condena de un ex presidente y al embate contra otros dos, en ejercicio, que sólo siguen en sus puestos gracias a pactos por demás polémicos. También, los arrestos de varios operadores y lobistas, la cancelación de contratos, la exclusión de Odebrecht de futuros proyectos y la apertura de investigaciones por toda América latina. Así es como, por ejemplo, se conoció el pago de sobornos a los ex presidentes Lula (Brasil), Alejandro Toledo (Perú) y Ricardo Martinelli (Panamá), así como también al vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, y al director general de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya (México). En el plano electoral, en tanto, salió a la luz cómo Odebrecht aportó millones a los más diversos candidatos. Desde Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Venezuela, hasta Juan Manuel Santos (Colombia), Marco Enríquez Ominami (Chile), Ollanta Humala (Perú) y José Domingo Arias (Panamá). El capítulo argentino del escándalo deparó sorpresas. Se detectaron pagos de otro doleiro a Gustavo Arribas, un íntimo colaborador del presidente Mauricio Macri y actual jefe del espionaje, mientras que las ramificaciones también alcanzaron al entorno -cuanto menos- de Julio de Vido, ex ministro de Planificación Federal del gobierno kirchnerista, al lobista Jorge "Corcho" Rodríguez y a dos empresarios: Angelo Calcaterra -primo del presidente Macri- y el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Enrique Wagner. Ahora bien, ¿cuál es el impacto real de éstas y otras revelaciones? ¿Estamos ante un punto de inflexión hemisférico? No parece que así sea, aun cuando se reformaron leyes y se sancionaron otras para combatir la corrupción, y se abrieron investigaciones judiciales, parlamentarias y administrativas en la mayoría de los países alcanzados por el Lava Jato. Pero la sobrevida de los mandatarios Michel Temer (Brasil) y Pedro Kuczynski (Perú), los escasos avances en las investigaciones argentinas -o la nada misma observada en Uruguay o Venezuela- exponen la resiliencia de la corrupción sistémica latinoamericana. Las revelaciones del capítulo argentino del Lava Jato, en particular, quedaron en un limbo por dos factores complementarios. Por un lado, las trabas legales que impidieron que los fiscales brasileños pudieran entregarles documentos e información sensible a sus pares locales. Por el otro, la pelea entre el gobierno de Macri y la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Consciente de lo que ocurre en su propio país y toda América latina, el juez Moro apuesta a las instituciones, pero bajo la suficiente presión social que le impida escabullirse o caer en el gatopardismo a gobernantes, políticos y al establishment. "La opinión pública termina funcionando como una especie de escudo protector de la investigación y el juicio -remarcó en la entrevista que concedió a la nacion en abril, cuando vino a Buenos Aires-. A mi entender, ése fue uno de los factores importantes, tanto en Brasil para la operación Lava Jato como en el caso italiano" del Mani Pulite. Esa presión social será determinante para que en América latina -y en la Argentina en particular- las investigaciones avancen.
