El juez Sebastián Casanello dio por clausurada la instrucción y elevó a juicio oral y público la causa conocida como la ruta del dinero K, donde Lázaro Báez está acusado por lavado de activos con un embargo de 600 millones de dólares. Junto a él irán a juicio sus cuatro hijos: Luciana, Martín, Leandro y Melina, al igual que Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Fabián Rossi, entre otros. Báez, el socio comercial de Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra detenido en esta causa desde abril de 2016. Antes de que cumplan los dos años en prisión se podría tener la fecha para el inicio del juicio. La decisión del magistrado se tomó después del pedido del fiscal Guillermo Marijuan para que se elevara el expediente, al igual que las querellas: la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF). Una de las diferencias con el fiscal y las querellas es que el juez rechazó indagar en esta causa a la ex presidenta. Casanello ya había hecho el intento de elevar el expediente a juicio oral, pero la Cámara Federal porteña se lo impidió al considerar que le faltaba una instancia determinante: la vinculación de la ruta del dinero K con la causa donde se investiga la defraudación al Estado a través de la obra pública. La Sala II entendió que esos flujos millonarios de fondos que recibió Báez en contratos viales son el "delito precedente". Parte de ese dinero se volcó a la maniobra delictiva de blanqueo. Después de realizar una vez más las indagatorias, Casanello procesó por tercera vez al empresario K el 25 de agosto con un embargo de 600 millones de dólares. La medida cautelar incluyó, por la misma cifra, a Austral Construcciones y otro conjunto de empresas que intervinieron en la maniobra de lavado de activos que asciende a 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Sin descartar que su patrimonio se incrementó sustancialmente entre 2010 y 2013: hoy suma más de 420 propiedades por un valor que asciende a los 2.547 millones de pesos. El delito atribuido en este "procesamiento conglobante" fue por "integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad". En esta oportunidad, el juez Casanello tuvo en cuenta el "atesoramiento de fondos en Suiza". Hasta el momento, Báez había sido procesado por la exteriorización de dinero y su reingreso al país. Cuando el procesamiento fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal porteña, se consignó que quedó "comprobado el delito de lavado de dinero" en el expediente, a través de la estructura de "sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de por lo menos unos sesenta millones de dólares". Con dicha maniobra, los acusados "lograron esa finalidad a través de la adquisición de bienes por un valor de más de dos mil setecientos treinta y cuatro millones de pesos, equivalentes a unos ciento ochenta y seis millones de dólares". Asimismo, durante la instrucción se corroboró que el origen "ilegítimo de los fondos" que se utilizaron para las maniobras de blanqueo, tienen origen en la causa sobre el direccionamiento de la obra pública. Esto quedó probado tras la confirmación por la Sala I de la Cámara sobre el procesamiento sobre la ex Presidenta, del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y otros ex funcionarios y de Lázaro Báez, entre otros, por haber conformado "una estructura paralela al poder estatal para desviar dinero público en favor de su grupo a través de la asignación irregular de obra pública vial a las empresas de Báez entre los años 2003 y 2015. Así, esta causa que ahora irá a juicio oral y público, quedó vinculada con el expediente que investiga la defraudación a través de la obra pública, considerando a esta última como el "delito precedente" de las maniobras de blanqueo. El objetivo de la justicia es llegar a un "mega juicio" de corrupción donde se encuentren todas las causas contra Cristina Kirchner: Obra Pública, Los Sauces SA, Hotesur y La Ruta. Aún resta resolver en esta causa si a raíz de una serie de medidas impulsadas recientemente, el juez Casanello llamará o no, a indagatoria a Cristina Kirchner. Así lo solicitó el fiscal Marijuan y las querellas OA y UIF.
