El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández presentó hoy a través de su abogado defensor en los tribunales federales de Comodoro Py un pedido de exención de prisión en el marco de la nueva denuncia penal que recibió por haber vendido dos automóviles cuando no los había dado a embargo en la causa por el Plan Qunita. El pedido fue planteado esta mañana por el abogado Carlos Frasquet en el juzgado 5, subrogado por Marcelo Martínez de Giorgi y sorteado hoy para intervenir en la denuncia realizada el jueves pasado por la fiscal Gabriela Baigún por la presunta comisión del delito de "insolvencia procesal fraudulenta". Esta funcionaria es la que intervendrá en el juicio contra el ex jefe de Gabinete kirchnerista y otros acusados por presunto delito en la compra de los implementos del llamado Plan Qunita, un programa destinado a ayudar a embarazadas. Esta causa, instruida por el juez Claudio Bonadio, ya se encuentra elevada a juicio y está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 (TOCF1), integrado por los jueces José Michilini, Adrián Grunberg y Oscar Amirante. Sin embargo, fuentes judiciales dijeron que la audiencia no comenzará hasta fines del año próximo o inicios de 2019, por cuanto se encuentra en la etapa de instrucción suplementaria, es decir en plena producción de pruebas para incorporar al debate. Martínez de Giorgi trasladó el pedido de Fernández de no ir a la cárcel mientras se investiga la denuncia de Baigún al fiscal Ramiro González, quien seguramente mañana emitirá su opinión. Luego el juez deberá resolver si lo exime al ex funcionario de la cárcel o si rechaza su pedido. Baigún denunció a Fernández por la presunta violación del artículo 179 del Código Penal, que prevé una pena de seis meses a tres años de prisión para "el que durante el curso de un proceso o después de una sentencia condenatoria, maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor, y de esta manera frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones civiles". Baigún recordó en su denuncia que cuando le preguntaron a Fernández qué bienes tenía para cumplir con el embargo que en su momento le impusiera el juez Bonadio no mencionó los dos vehículos que la fiscal detectó fueron vendidos luego, cuando ya pesaba sobre él una inhibición general de bienes. Una fuente judicial dijo a Clarín que Bonadio no notificó en su momento a todos los registros de propiedades del país y que por ello el ex jefe de Gabinete no habría incurrido en delito alguno. Fernández volvió a defenderse ayer de las acusaciones y dijo que el producido de esas ventas fue para comprar un auto nuevo y que el resto del dinero está depositado en un banco. "Pedí la autorización, me presenté, vendí los dos autos y compré uno que es más caro que los dos. Encima, el monto está intacto en la cuenta", dijo Fernández a Radio 10. "Me río de las causas pero si mañana inventan que me encontraron teniendo sexo con el oso Carolina y sí, puedo ir preso", agregó en tono irónico. Los dos vehículos vendidos por el ex jefe de Gabinete son un BMW y un Toyota, cotizados, en forma conjunta, en poco más de un millón de pesos. La fiscal Baigún detectó que otros procesados en la causa se habrían desapoderado de bienes que en su momento no informaron a la Justicia. En total, la fiscal encontró que se ocultaron y luego vendieron 19 automóviles, 81 inmuebles, una motocicleta, cuatro embarcaciones, acciones y cuotas sociales, y fondos en cuentas bancarias, entre otros activos. Para su investigación, la fiscal contó con la asistencia de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación y el levantamiento del secreto fiscal. Baigún también denunció por esos hechos a uno de los empresarios involucrados en la causa del Plan Qunita. Se trata de Gustavo Oscar Cilia, quien, según reveló el domingo el diario La Nación, vendió siete automóviles el 11 de marzo de 2016, por más de 1 millón de pesos, más un inmueble, cuando ya había sido notificado de la orden de inhibición. La denuncia contra Cilia quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres.
