El ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández también quedó en la mira judicial y un paso más cerca de su detención. Una fiscal lo denunció por vender parte de su patrimonio luego de ser inhibido por la Justicia, lo que podría configurar el delito de insolvencia fraudulenta. Es decir, la misma maniobra por la cual se ordenó el arresto del contador de los Kirchner. La fiscal general Gabriela Baigún radicó la denuncia el jueves, tras considerar que Fernández le mintió a la Justicia, al afirmar que carecía de patrimonio embargable, para luego vender dos automóviles de alta gama, un BMW y un Toyota, por más de un $ 1 millón, cuando ya se había ordenado su inhibición general de bienes. De acuerdo con la investigación de la fiscal Baigún, tanto Fernández como otros procesados que deberán afrontar un juicio oral por el llamado "plan Qunita" habían informado a la Justicia que no contaban con bienes suficientes para responder a potenciales embargos, pero no era así. Según corroboró la fiscal, con la ayuda de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, varios de los acusados que dijeron no tener bienes a su nombre acumulaban, en realidad, 19 autos, 81 inmuebles, 1 moto, 4 embarcaciones, acciones y cuotas sociales, y fondos en cuentas bancarias, entre otros activos. Consultado por LA NACION, Aníbal Fernández negó haberse insolventado o haber actuado sin conocimiento judicial. "Vendí ambos vehículos, sí, pero para aumentar mi patrimonio, no para reducirlo, porque cambié un auto por otro más nuevo y el dinero que cobré lo deposité en una cuenta en dólares que tengo en el Banco Patagonia y sigue ahí", sostuvo. "Si van a investigar mis movimientos patrimoniales, además de ver qué vendí revisen qué compré, y analicen si el flujo patrimonial es negativo o positivo y ahora es más de lo que había cuando decretaron la inhibición", desafió el ex ministro del Interior y de Justicia durante el kirchnerismo. "Ya hablé con mi abogado y el lunes nos presentaremos a dar todas las explicaciones y exponer lo que hicimos, paso por paso", adelantó. Para la fiscal Baigún, sin embargo, las acciones de Fernández y de otros acusados podrían configurar el delito de insolvencia fraudulenta, previsto en el segundo párrafo del artículo 179 del Código Penal, que prevé una pena de seis meses a tres años de prisión. Aunque por la pena prevista, ese delito en sí mismo no debería causarle mayores dolores de cabeza, sí podría complicar la situación general de Fernández, ya que en la causa "Qunita", el juez federal Claudio Bonadio lo procesó por presunto fraude contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Más aún, la denuncia de la fiscal Baigún podría provocar su detención. ¿Por qué? Porque el juez y el fiscal que tomen su denuncia pueden interpretar que Fernández y otros acusados buscaron obstruir la acción de la Justicia y ordenar sus detenciones. Ese fue el caso, entre otros, del contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, quien se encuentra detenido desde julio pasado en la causa "Los Sauces", también por orden del juez Bonadio, quien concluyó que el colaborador de la otrora familia presidencial entorpeció la pesquisa. "Reiteradamente, Manzanares había producido determinados hechos para sustraer del control de la «Sucesión Néstor Carlos Kirchner» y luego del condominio «Máximo y Florencia Kirchner SH», dineros provenientes de los alquileres en provecho de sus clientes", por entonces informaron desde el juzgado de Bonadio. Aníbal Fernández es consciente de ese riesgo, según reconoció a LA NACION. "La diferencia es que Manzanares extrajo dinero que debía estar bajo control judicial, según dijo, para pagar impuestos, y de ese modo redujo el acervo patrimonial; yo, por el contrario, lo aumenté, y con consulta previa al juzgado al momento de notificarme de la resolución", retrucó. Además de investigar los movimientos patrimoniales de Fernández, la fiscal Baigún también detectó que otros acusados en la causa por el "plan Qunita" habrían buscado eludir la Justicia. Entre ellos, uno de los empresarios, Gustavo Oscar Cilia, quien vendió siete automóviles el 11 de marzo de 2016, por más de $ 1 millón, más un inmueble, cuando ya había sido notificado de la orden de inhibición. Titular de la Fiscalía N° 3 ante los tribunales orales federales de Comodoro Py, Baigún intervino antes en múltiples investigaciones sensibles. Entre otras, logró llevar el "caso Antonini" hasta la Corte Suprema y evitó que la Casación Penal cerrara esa investigación. Y logró la condena del ex funcionario y piquetero Luis D'Elía a cuatro años de prisión por la toma de la comisaría 24a. de La Boca. Tampoco es la primera vez que Baigún investiga la verdadera cuantía de los patrimonios de ex funcionarios embargados por la Justicia. También el ex ministro Julio De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime quedaron bajo su lupa. Durante esa pesquisa patrimonial sobre De Vido y Jaime -que busca garantizar el recupero de activos para el Estado si los ex funcionarios son condenados por presuntos actos de corrupción-, se detectaron 11 inmuebles, 15 vehículos, 4 motos, 2 embarcaciones, cuentas bancarias, títulos públicos, participaciones en más de 20 sociedades y más de $ 2 millones en efectivo. Todo fue embargado.
