Si la gigantesca red de corrupción del kirchnerismo pudo extenderse durante tantos años fue porque contó con la complicidad de jueces, fiscales y organismos de control que incumplieron su función para brindar protección a quienes delinquían desde el poder o bajo su amparo. Entre los órganos bajo sospecha se encuentra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) bajo la conducción de Ricardo Echegaray, pues desde allí se protegió de dos maneras: en forma directa, al encubrir a personajes vinculados al poder político que podían resultar comprometidos si el ente recaudador cumplía su deber, y en forma indirecta, al emplearse ese organismo para atacar a opositores y denunciantes de la corrupción kirchnerista. La AFIP le prestó un valioso auxilio al pseudoempresario kirchnerista Lázaro Báez y se sospecha que Echegaray frenó una investigación de la delegación Bahía Blanca del organismo recaudador sobre el uso de facturas falsas por parte de Báez. El año pasado, el juez federal Sebastián Casanello indagó a Echegaray por ese caso, en el que fue acusado de haber conocido dos años antes la estafa que habría llevado adelante Báez mediante esas facturas que sirven para lavar dinero. Sin embargo, como en una causa similar el entonces juez Norberto Oyarbide había sobreseído a Echegaray, para evitar que esta medida perjudicara el expediente de Casanello, la actual AFIP, a cargo de Alberto Abad, pidió constituirse en querellante para impulsar el sumario. Años atrás, una investigación de LA NACION reveló que, con la ayuda de Echegaray, el empresario Cristóbal López y otros directivos del Grupo Indalo retuvieron fraudulentamente unos 8000 millones de pesos en impuestos y tergiversaron los planes de pago que irregularmente le había otorgado la AFIP de Echegaray. A raíz de la publicación, la AFIP denunció ante la justicia penal a López, a su socio Fabián de Sousa y a otros directivos del grupo. Por su magnitud, la maniobra del Grupo Indalo difícilmente hubiera podido concretarse sin la complicidad de las máximas autoridades de la AFIP, organismo que durante los últimos cuatro años del kirchnerismo en el poder, no reclamó como correspondía la creciente deuda que acumuló la petrolera Oil Combustibles, controlada por López y De Sousa, que percibía el impuesto a la transferencia a los combustibles de parte de los distintos operadores y después se acogía a sucesivos planes de pago para refinanciar las sumas que no aportaba al fisco. Esos planes de pago de la AFIP se habrían otorgado sin cumplirse los requisitos legales. Otro expediente que compromete a Echegaray es el de la imprenta Ciccone Calcográfica, por el cual cumple prisión preventiva el ex vicepresidente Amado Boudou. Al ser indagado, Echegaray confirmó que, cuando era ministro de Economía, Boudou mantuvo con él dos reuniones en las cuales le pidió ayuda para que la imprenta levantara una quiebra solicitada por la AFIP. De esa manera, la empresa podría ser adquirida por la sociedad The Old Fund, atribuida a Boudou. La AFIP pidió el levantamiento de la quiebra de Ciccone que había solicitado antes, permitiéndole de esa manera ingresar en una moratoria para ponerse al día con el fisco. Al ser indagado, Echegaray negó haber actuado fuera de las normas. El ex titular de la AFIP se encuentra procesado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública debido a la forma en que se llevó a cabo la licitación para la limpieza del edificio principal de la AFIP. Pero su actuación no se limitó a la protección de los kirchneristas pues también, como expresamos en esta columna, convirtió a su organismo en una poderosísima arma de presión y persecución política, y él o sus funcionarios no dudaron en traicionar el secreto fiscal con tal de infundir temor. De esa manera intentaron enlodar, entre otros, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti y a Francisco de Narváez. Al amparo de la actual ola de acciones judiciales contra las máximas figuras del kirchnerismo, no deberían quedar rezagados en la investigación penal funcionarios de primer nivel que, como Echegaray, cumplieron un papel esencial en el esquema delictivo del anterior régimen y que hasta hoy parecían intocables por el poder que continuaban ejerciendo.
