El Gobierno deportó ayer a la periodista inglesa Sally Burch, quien llegó a la Argentina para participar en las reuniones de la OMC. Se trata de otro de los casos de censura contra comunicadores internacionales, tras la deportación de Petter Titland, que vinieron al país para cubrir el evento de Naciones Unidas. El caso de Sally Burch se transformó ayer en tendencia mundial en las redes sociales como Twitter y es un nuevo ejemplo de un problema que el Gobierno arrastra hace más de una semana y no logra resolver. Para retenerla en el aeropuerto fue acusada de falsa turista. La defensora pública del juzgado federal con jurisdicción en Ezeiza presentó un Habeas Corpus para que la justicia revise la decisión de migraciones de deportar a la periodista. Pero el pedido no fue efectivo y a las 19:30 horas subieron a Sally Burch a un avión rumbo a Ecuador. La verdaderra razón de su deportación: haber intentado entrar al país pese a figuarar en la lista de más de 60 activistas a los que la Cancillería había anticipado que se les denegaría el ingreso al país, pese a haber sido acreditados previamente por la Organización Mundial del Comercio. La periodista británica, al llegar al país, por Ezeiza, ya estaba identificada en una lista de personas no gratas. La tuvieron demorada varias horas hasta que casi hecha la noche la subieron a un vuelo a Centroamérica. Burch no pudo pasar migraciones. Le impidieron la entrada bajo el argumento de haber proporcionado información inexacta --informó que ingresaría como turista--, además de no contar con boleto de retorno a su destino de origen. Se trataría, según las autoridades de control, de una infracción al artículo 35 de la Ley Migratoria. “Sabíamos que el rechazo era para cubrir el evento de la OMC pero no para realizar actividades paralelas al evento. Yo tenía comprado el pasaje y quise aprovecharlo. Llegué a migración y dije que iba a entrar como turista. ”, dijo Sally Burch, en declaraciones radiales al programa La vuelta de Zloto, por Radio 10. “Ahí me encontraron en una lista, comenzaron las preguntas, dije que también soy periodista y que iba a realizar actividades paralelas a la OMC en el país. Después de una hora y pico dijeron que mi entrada iba a ser rechazada por ser falsa turista”, agregó. La periodista dijo que “la razón por la que me mandan de regreso no es algo que yo haya dicho sino que quieren restringir la participación de voces críticas en la cumbre y las actividades paralelas a la cumbre. Pienso que es una actitud poco democrática del Gobierno. Se supone que como país anfitrión debe garantizar la participación de todos los que quieren ser parte en forma pacífica de este proceso de debate de la OMC”. Aseguró además que “las autoridades argentinas están buscando cualquier pretexto para no dejarnos entrar y es algo totalmente anormal”. Desde distintos ámbitos locales e internacionales no tardó en llegar el rechazo a la decisión arbitraria de las autoridades. Sally Burch trabaja hace 20 años en Ecuador y la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular de ese país fueron los primeros en rechazar la medida del Gobierno. “Rechazamos el atentado contra la periodista Sally Burch. La deportación de nuestra colega no es aislada y ya tiene entre otros antecedentes la decisión de la Argentina de prohibir la asistencia de 64 miembros de un grupo de ambientalistas a la OMC”, dijo el presidente del organismo ecuatoriano. En el plano interno también hubo fuertes críticas. “Los únicos con problemas para ingresar al país son los que fueron desacreditados. Es realmente muy grave. La OMC sólo les informó a estas personas que tenían revocada la acreditación pero no que tenían prohibida la entra al país. Aquí las autoridades deberán dar una explicación cuanto antes”, mencionó Diego Morales, director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Sally Burch, lejos de presentar un riesgo para la seguridad del evento de la OMC, es una profesional del periodismo con renombre a nivel regional e internacional. La británica reside en Ecuador hace dos décadas y es directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). Estudio la licenciatura en literatura en la Universidad de Warwick, Gran Bretaña, y se diplomó en periodismo en la Univesidad de Concordia, en Montreal, Canadá. Participa activamente en programas sobre derechos de la mujer en torno a la comunicación. Publica regularmente notas e investigaciones sobre el derecho a la información y los movimientos sociales. Entre sus ensayos de mayor renombre se destacan Movimientos Sociales en Red y Se cayó el Sistema: Enredos de la Sociedad de la Información. Los problemas con periodistas y activistas que pretenden participar del evento de la OMC empezaron la semana pasada. Lo primero que ocurrió fue que se denegaron los permisos de acreditación para distintos activistas locales e internacionales. Cancillería dijo que fue tras haber estudiado los perfiles en las redes sociales de los individuos que pidieron la acreditación y considerarlos peligrosos. Desde el CELS se hizo un pedido formal al Gobierno para entender cómo fue que se recolectó esta información, ya que la Ley de inteligencia prohíbe juntar datos políticos de las personas. No hubo respuesta de las autoridades. El CELS decidió entonces presentar un Habeas Data para cada uno de los individuos que formaron parte de la lista negra. Este instrumento obliga al Estado a informar qué datos tiene de la persona. Tampoco hubo respuesta. Finalmente, previendo que a los integrantes extranjeros de este listado no se los iba a dejar entrar al país, se presentó un Habeas Corpus. El objetivo era que migraciones no tenga decisión sobre la posibilidad de que ingresen o no los periodistas o activistas sino que la decisión deba ser tomada por la justicia federal. El pedido fue rechazado por abstracto. Esta semana las previsiones se hicieron realidad. El jueves se deportó a un periodista noruego, Petter Tiltand, que debió viajar a San Pablo. Y ayer le tocó el turno a Sally Burch. En las horas que la periodista estuvo demorada en Ezeiza se presentó un nuevo pedido de Habeas Corpus, que estuvo a cargo de la defensora pública del juzgado federal con jurisdicción en Ezeiza. El pedido no fue exitoso y la periodista al cierre de esta edición viajaba de regreso rumbo a Ecuador. Desde Brasil, Tiltand dijo que “una de las cosas más lamentables es que las autoridades argentinas no hayan sido claras al momento de tomar la decisión” (ver aparte).
